El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha relatado este miércoles en la comisión de investigación sobre adjudicación pública del Parlamento foral que su primera toma de contacto con el administrador de Servinabar, Antxon Alonso, se produjo en 2018, cuando él era gerente de Nasuvinsa y Alonso le trasladó su interés “en la compra o alquiler de los terrenos que había entre Lumbier y Sangüesa” con la finalidad de “ubicar allí el espacio logístico ligado a Mina Muga”.
Según ha recordado, en aquel momento desde Nasuvinsa se atendió esa petición y se fijaron unas condiciones para una posible operación de esas características. Aierdi ha indicado que se remitió una propuesta económica con precios de alquiler y otros términos, pero que “finalmente no se materializaron” porque Alonso no respondió a dicha oferta y el asunto “no llevó a ningún sitio”.
Posteriormente, ya como miembro del Ejecutivo foral, el consejero ha señalado que mantuvo dos encuentros con Alonso en relación con el desarrollo de Mina Muga, “en las que analizábamos la conveniencia de impulsar, acelerar los procesos de desarrollo de políticas de vivienda y de desarrollo industrial en el ámbito de Sangüesa en función de cómo iba el desarrollo del proyecto de Mina Muga”.
Aierdi ha apuntado que, en esas reuniones, Alonso “ya se manifestaba como Servinabar, pero en una relación con Acciona, como ejecutantes de una parte de las obras previstas en el caso de Mina Muga”. Ha defendido que, ante un proyecto de este tipo, “un ayuntamiento como Sangüesa en el que se va a desarrollar un proyecto que va a generar un número importante de empleos debe tener la capacidad de planificar el suelo necesario para atender esa demanda de viviendas y debe planificar también las posibilidades que tiene de desarrollo industrial”. En este sentido, ha añadido que “el Ayuntamiento de Sangüesa se dirigía al departamento competente en esta materia porque la sociedad pública Nasuvinsa dependía de mi departamento”.
Reuniones por Mina Muga y planificación en Sangüesa
En su comparecencia, el consejero ha explicado que en ese contexto mantuvo “bastantes reuniones con el señor Ignacio Salazar -consejero delegado de Geoalcali-, que era responsable gerente de Mina Muga, y en dos ocasiones con el señor Antxon Alonso porque queríamos saber si el proyecto, por parte de los socios, tenía visos de realidad o únicamente pretendía un pelotazo financiero y no había detrás un desarrollo industrial”.
Ha precisado que “en aquel tiempo mantenía reuniones periódicas con los responsables del Ayuntamiento de Sangüesa, a la vista del procedimiento que estaba siguiendo”. Según ha expuesto, los representantes municipales valoraban “el impacto que podría tener el desarrollo de un proyecto de esas características, el empleo que se iba a generar, el movimiento que podía haber” y trasladaban al departamento “la necesidad de que se impulsen esas infraestructuras que pudieran atender esa demanda”.
Respecto al motivo concreto de sus encuentros con Alonso, Aierdi ha explicado que “en ese tiempo tengo la demanda del Ayuntamiento de Sangüesa y tengo la información que me transmite el gerente de Mina Muga, el señor Salazar, que me indica que las actuaciones van a ser inmediatas”. Sin embargo, ha señalado que “de la información que obtengo de las dos reuniones con Antxon Alonso es todo lo contrario”. “Lo que me dice es que, desde su punto de vista, no hay ninguna intención por los entonces accionistas de llevar adelante el proyecto y que simplemente están tratando de obtener las autorizaciones oportunas para vender a un tercero, que sería el industrial, que desarrollaría el proyecto”, ha relatado, subrayando que necesitaba “una información fiable para saber cuándo podemos intervenir”.
El consejero ha insistido en que “entendíamos que era un proyecto interesante para la zona”. El debate interno, ha indicado, pasaba por aclarar “si quienes eran responsables en ese momento de Mina Muga tenían intención real de acometer las inversiones; si se iban a acometer en un plazo corto teníamos que planificar intervenciones en materia de infraestructura o, si por el contrario, era simplemente un procedimiento que seguían los titulares de esa sociedad para conseguir las autorizaciones y vender a un tercero la propia ejecución de la mina, el desarrollo industrial, en cuyo caso los plazos cambiaban sustancialmente”.
Cuestionado por el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, sobre si el proyecto Mina Muga era entonces artificial, Aierdi ha respondido que “vemos que quienes dirigían este proyecto en ese momento no tenían en el corto plazo una previsión de intervención”. Por ello, ha explicado, “lo único que hacemos en relación con Sangüesa es un desarrollo residencial de recuperación de viviendas de Camineros, un desarrollo de nueva construcción de 12-14 viviendas e iniciamos el proceso de modificación del PSIS, del polígono industrial del concejo que está pegado a Sangüesa”.
Sin reuniones por las 62 VPO y cita por Forestalia
Aierdi ha afirmado que no mantuvo “ninguna” reunión con Antxon Alonso en relación con la adjudicación a la UTE Acciona-Servinabar de las 62 VPO en Erripagaña. “En relación con este expediente, no he estado con nadie de Acciona ni Servinabar”, ha remarcado ante los parlamentarios.
Además, en respuesta al representante de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, el consejero ha detallado que hubo una cuarta reunión, esta vez a instancias de Forestalia, en la que participaron Antxon Alonso, el anterior vicepresidente primero del Gobierno, el propio Aierdi como consejero, así como el presidente del grupo, Fernando Samper, y otros miembros de su equipo. En ese encuentro, ha dicho, “trasladamos la posición que habíamos expresado en repetidas ocasiones por parte del Gobierno de Navarra, que es la oposición a ese proyecto”.
Ha recordado que “inicialmente, todos los informes ambientales que realiza el Departamento de Medio Ambiente en la legislatura anterior a que yo me incorpore al departamento fueron desfavorables a las peticiones de información por parte del Ministerio”, y ha añadido que “en la legislatura en la que yo entro como responsable del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente expresamos una reclamación previa desde el departamento de oposición a ese proyecto de Forestalia”.
Según ha expuesto, ante la falta de respuesta del Ministerio, “como no se contesta por parte del Ministerio, presentamos un acuerdo de gobierno, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, oponiéndonos al proyecto de Forestalia por Navarra”.