El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha defendido en el pleno del Parlamento foral que “se están dando todos los pasos necesarios para que prime la limpieza, la transparencia y la seguridad en los procesos de contratación pública” y ha subrayado la “responsabilidad clara y decidida” del Ejecutivo navarro “a pesar de todas las insidias, acusaciones o dudas que algunos quieran sembrar respecto a nuestra labor”.
En una interpelación planteada por UPN, Arasti ha recordado que existen informes de la Cámara de Comptos, de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra y de la Dirección General de Intervención del Gobierno de Navarra “relacionados con ciertos procesos de contratación pública”, en los que se señala “la necesidad de introducir una serie de actuaciones que garanticen y refuercen el cumplimiento de los principios de eficiencia, transparencia y libre concurrencia”.
Entre las actuaciones ya puestas en marcha, ha detallado que la ley de Presupuestos de Navarra para 2026 incorpora cambios en varios artículos de la Ley Foral de Contratos Públicos, que afectan a las Uniones Temporales de Empresas y a la obligación de difundir todos los anuncios en el Portal de Contratación de Navarra. Ha añadido la culminación de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra y la licitación, a finales del año pasado, del contrato para desarrollar una nueva versión del Portal de Contratación de Navarra, “ampliando su funcionalidad y versatilidad”.
Arasti ha señalado igualmente que el pasado 3 de noviembre la Junta de Contratación Pública dio luz verde a la elaboración de una circular con recomendaciones sobre los procedimientos de contratación pública. Este documento abordará, entre otros aspectos, el funcionamiento de las mesas de contratación, con el objetivo de “mejorar la transparencia y la seguridad jurídica” de los procedimientos y de la documentación que generan. Además, ha avanzado que durante el primer semestre de 2026 se redactarán unas instrucciones sobre la forma y los plazos de remisión de la información en materia de contratación pública que debe acompañar a la ley foral de Presupuestos, de cara a su inclusión en el proyecto presupuestario de 2027.
La parlamentaria de UPN Marta Álvarez ha tildado de “filfa” las medidas expuestas por el consejero y le ha instado a “despolitizar la contratación administrativa”, “reforzar los mecanismos de control de naturaleza preventiva” y “evitar la impunidad”. Ha incidido en que “una buena política de prevención de la corrupción pasa por tener una buena legislación de contratos públicos”. “Pero esta no puede ser la tabla de salvación” a la que el Gobierno de Navarra y el PSN “se agarren para eludir sus responsabilidades por lo que ha ocurrido con Belate o con otros contratos adjudicados”, ha señalado, advirtiendo también de que no puede servir tampoco para “sus socios, que mantienen todo este tinglado a pesar de la mala pinta que tiene todo lo que está ocurriendo”.
Álvarez ha recalcado que “en 21 años de Gobiernos de UPN no ha habido un solo caso de corrupción, pero cada vez que gobierna el PSN hemos tenido casos de corrupción relacionados con la contratación”. “El problema no es la ley de Contratos sino ustedes y los que les mantienen”, ha insistido, reclamando que “asuman responsabilidades” y se convoquen elecciones.
Desde el PSN, la parlamentaria Ainhoa Unzu ha afirmado que su formación “seguirá adoptando más allá del 2027 medidas para garantizar la limpieza, transparencia y seguridad de la contratación pública”. A la representante de UPN le ha replicado que “no espere que entremos en su debate del fango con una interpelación forzadísima” para hablar de una “corrupción inexistente”. A su juicio, “Navarra se merece mucho más de lo que UPN es capaz de aportar, porque hoy aquí solamente ha traído ruido, acusaciones, mentiras y, sobre todo, una preocupante ausencia de propuestas”.
Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha reprochado a UPN que su interpelación persiga vincular “contratación igual a corrupción, igual a PSN”, y ha sostenido que “la única medida efectiva que maneja UPN son las elecciones”, algo que ha atribuido a su “nerviosismo” ante la cercanía del límite para un posible adelanto electoral foral. Ha admitido que “hay problemas” en lo relativo a las mesas de contratación, los pliegos o los criterios técnicos, que deberán “recogerlos” e incorporarlos a una futura reforma de la ley de Contratos.
En nombre de Geroa Bai, Mikel Asiain ha remarcado que “la corrupción se combate con normas, con instituciones y con cultura democrática, y en Navarra hemos avanzado mucho en esa dirección en los últimos años”. Ha apostado por la “transparencia”, el “cumplimiento estricto de la ley” y “reforzar las instituciones que garantizan el buen gobierno”, al tiempo que ha rechazado “la demagogia”, “duplicar lo que ya existe” y “usar la corrupción como arma arrojadiza”.
La portavoz del PPN, Irene Royo, ha sostenido que “hay que luchar contra la corrupción con todos los mecanismos que podamos disponer”, “reforzando” el marco normativo para disminuir “el riesgo de corrupción”, y ha abogado por recurrir a herramientas de inteligencia artificial “que detecten comportamientos anómalos”. Sin embargo, ha considerado que en el caso de Navarra “ha sido más un problema de utilizar los instrumentos de los que nos hemos dotado de mala fe y con abuso, que de falta de instrumentos”.
Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha instado a Arasti a elaborar un reglamento de contratación pública que “asegure el carácter ciego e independiente de los distintos procesos” y le ha pedido que no adopte una actitud “a la defensiva” sino a la “ofensiva” no “contra la oposición” sino “contra la corrupción”.
Por último, el parlamentario de Vox, Emilio Jiménez, ha asegurado que “el epicentro de la corrupción es Navarra y hemos sido magníficos exportadores al resto de España”, y ha reclamado “cambios normativos”. A su juicio, la única “medida eficaz” es que “dimita el Partido Socialista en pleno”.