La directora del Observatorio de Derechos Lingüísticos (Behatokia), Agurne Gaubeka, ha instado este viernes a que el Amejoramiento del Fuero incorpore el reconocimiento de la oficialidad del euskera en todo el territorio navarro, al considerar que el marco legal vigente "no garantiza adecuadamente los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía navarra".
Gaubeka, que ha intervenido en el Parlamento foral ante la ponencia encargada de analizar la revisión del Amejoramiento, ha remarcado que "las vivencias, quejas y situaciones recogidas en los últimos 25 años muestran que la normativa vigente no es adecuada para dar respuesta a la realidad social del siglo XXI ni a los derechos de la ciudadanía".
En su comparecencia, ha cuestionado el artículo 9 de la Ley Orgánica 13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, subrayando "las consecuencias, incapacidades y obstáculos que conlleva limitar la oficialidad del euskara y, por tanto, el reconocimiento de los derechos lingüísticos a una parte del territorio".
Según el análisis de Behatokia, frente a otras comunidades con lengua minorizada como País Vasco, Galicia, Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana, "Navarra es la comunidad de la fragmentación". Además, ha recordado que, "a diferencia de esas comunidades, el Amejoramiento del Fuero no reconoce el euskara como lengua propia de Navarra", y ha defendido que la referencia actual al idioma en la norma "no es suficiente, y el Parlamento de Navarra debe otorgar valor al euskara desde una perspectiva transversal".
El observatorio ha denunciado igualmente que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias "no se aplica de forma adecuada". En este sentido, ha explicado que "entre otras cuestiones, el comité de expertos del Consejo de Europa ha recomendado reiteradamente extender la parte III de la Carta Europea a la zona mixta y actuar conforme a su espíritu y objetivos también en las zonas no vascófonas, eliminando progresivamente las limitaciones actualmente vigentes".
Gaubeka ha sostenido que el actual sistema de zonificación, desarrollado a partir del artículo 9 del Amejoramiento del Fuero, "genera graves obstáculos para el desarrollo de una política lingüística eficaz". Como ejemplo, ha mencionado el decreto del euskera y las "limitaciones competenciales de las administraciones locales para proteger los derechos lingüísticos de la ciudadanía".
Asimismo, ha alertado de "problemas" para hacer efectiva la normativa en vigor. Ha indicado que "los derechos recogidos en la Ley Foral 18/1986 y en el Decreto 103/2017 no se cumplen adecuadamente, ni siquiera en las zonas donde la oficialidad del euskara está reconocida".
Para ilustrar la situación, Behatokia ha presentado un caso concreto vivido por una persona, con el objetivo de "visibilizar las consecuencias cotidianas de la zonificación". Ha explicado que "debido a la organización de los servicios centrales o en situaciones de emergencia, las personas residentes en zonas donde el euskara es oficial a menudo no pueden recibir los servicios en euskara, ya que el personal o los recursos proceden de zonas mixtas o no vascófonas establecidas por la ley".
La directora del observatorio ha señalado que "las consecuencias de esta situación son diversas: ausencia del euskara en la señalización, en la información pública y en el paisaje lingüístico; condicionamiento de la elección lingüística en la relación directa con la administración; imposibilidad de realizar numerosos trámites en euskara; o respuestas de la administración exclusivamente en castellano, incluso en zonas vascófonas".
En opinión de Behatokia, estas carencias resultan "especialmente graves en el ámbito digital". Ha detallado que "en torno al 60% de los trámites de la ciudadanía y aproximadamente el 97% de los trámites de las administraciones no pueden realizarse en euskara, ya que muchas páginas web aún no disponen de versión en euskara u ofrecen información más limitada".
Según el observatorio, "las consecuencias no se limitan únicamente al funcionamiento de la administración". Ha denunciado que "se vulnera la igualdad entre la ciudadanía, ya que se pone en cuestión el derecho a recibir una atención adecuada y una buena administración establecido por la ley foral 11/2019 al no garantizarse el derecho a recibir los servicios públicos en condiciones de igualdad". Además, ha recalcado, apoyándose en "evidencias científicas", la relevancia de la lengua en la salud, la atención sociosanitaria, la seguridad y la integridad de las personas.
También ha puesto el foco en el sector privado, donde ha considerado que el derecho a acceder a bienes y servicios básicos en euskera es "limitad"o, dado que "muchas empresas argumentan que esta lengua no es oficial en esos territorios".
Para concluir, Gaubeka ha defendido que "el número de hablantes no puede condicionar la garantía de los derechos lingüísticos y que la oficialidad no puede vincularse al uso social". A su juicio, las decisiones actuales "limitan también los derechos de la ciudadanía futura y, por ello, son necesarias medidas de reparación y equidad frente al proceso de minorización".