QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra ha concluido este viernes la votación de las enmiendas parciales al proyecto de Ley de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. El texto resultante se elevará ahora al pleno, donde se debatirá y votará de forma definitiva, junto con el dictamen del proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2026, en la sesión fijada para el 18 de diciembre.
En la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda se han aprobado un total de 10 enmiendas, 4 de ellas in voce, todas impulsadas por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Las restantes propuestas, 15 registradas por UPN y 8 por PPN, no han salido adelante.
Uno de los objetivos centrales de esta Ley Foral es, según expuso el Gobierno foral, “adecuar el sistema tributario a la realidad económica y social actual, introduciendo medidas que persiguen una mayor justicia fiscal, el estímulo de la actividad económica y el fomento de la responsabilidad social empresarial”. Al mismo tiempo, añadió el Ejecutivo, “se realizan mejoras técnicas para reforzar la seguridad jurídica y la eficiencia en la gestión de los tributos”.
Con la finalidad de “avanzar en la progresividad del sistema y reducir la carga fiscal que soportan los contribuyentes de menor capacidad económica”, se incrementa el umbral de rendimientos íntegros del trabajo exentos de la obligación de presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que pasa a situarse en 17.000 euros anuales.
De acuerdo con el Gobierno, “para simplificar la relación de las personas trabajadoras con salarios más modestos con la Administración tributaria, se incrementa la cuantía de la deducción por rendimientos del trabajo para los contribuyentes con rendimientos netos inferiores a 17.500 euros y se aumenta el importe de la deducción por mínimo personal para contribuyentes cuyas rentas no superen 32.000 euros, con una incidencia más intensa en los tramos más bajos de renta”.
En la misma línea, se eleva la cuantía de la deducción por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación, con el fin de complementar las pensiones más reducidas hasta un máximo de 15.400 euros anuales.
Asimismo, según el Ejecutivo, se incorporan nuevas exenciones para situaciones “socialmente sensibles”, entre ellas las indemnizaciones a víctimas de la talidomida y del amianto, así como las compensaciones económicas a víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia Católica. Igualmente, se contempla la exención de determinadas ayudas destinadas a transportistas, con un tope de 20.000 euros.
Impuesto sobre Sociedades y otras figuras tributarias
En lo referente al Impuesto sobre Sociedades, la principal novedad es la creación de un tipo de gravamen reducido del 25 por 100, frente al tipo general del 28 por 100, para aquellas entidades que cumplan ciertos requisitos que evidencien un elevado compromiso social y laboral. Entre esas condiciones figuran, entre otras, “el mantenimiento de la plantilla, no haber aplicado un ERTE por causas económicas durante el periodo impositivo, no haber sido sancionadas por infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales y el cumplimiento acreditado de la normativa de igualdad entre mujeres y hombres”.
Además, según el Gobierno, “se mejora también la deducción por inversiones en vehículos eléctricos industriales, se potencia la deducción por inversiones en producciones audiovisuales y se establecen límites a la tributación mínima para garantizar una aportación efectiva de las empresas”.
Las variaciones introducidas en el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados son de carácter principalmente técnico. Entre ellas figura la armonización de las normas de valoración de rentas temporales y vitalicias en los tres tributos, con el fin de “dotar de mayor coherencia al sistema y aportar seguridad jurídica al contribuyente”.
