Responsables de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) y de Nasuvinsa han acudido este miércoles a la comisión de investigación del Parlamento foral, donde han ratificado el informe jurídico que elaboraron y en el que concluyen que la adjudicación de la promoción de 62 VPO en Erripagaña a la UTE Acciona-Servinabar no puede considerarse nula de pleno derecho, frente a lo sostenido por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA).
El director jurídico de CPEN, Jorge Aleixandre Micheo, la directora jurídica y de Compras de Nasuvinsa, Carmen Pérez Miguel, y el director de Compras de CPEN, Juan Barberán González, redactaron un informe de consideraciones jurídicas posterior a los emitidos por la OANA sobre los contratos de obras de VPO adjudicados por Nasuvinsa a la UTE Acciona y Servinabar, centrado en dos promociones en Erripagaña, una de 62 viviendas y otra de 46.
La OANA afirmó en su informe sobre la adjudicación de las 62 VPO que se produjeron “incumplimientos flagrantes y palmarios” y que la empresa pública Nasuvinsa “ignoró todos los principios de la contratación pública y los más elementales principios del derecho administrativo”, que “incumplió de plano” la ley foral de Contratos Públicos y el pliego de condiciones reguladoras de esta licitación.
Durante la sesión, a preguntas de EH Bildu, Jorge Aleixandre ha remarcado que discrepan de que la adjudicación de esta promoción de vivienda protegida sea nula de pleno derecho; “rebatimos la nulidad de pleno derecho”. Ha admitido, sin embargo, que “estamos de acuerdo en que hay un conjunto de irregularidades” en el expediente. “Hay algunas con las que estamos de acuerdo, otras con las que no estamos de acuerdo en su efecto y otras en que no estamos de acuerdo en que haya una irregularidad”, ha precisado.
El director jurídico de CPEN ha insistido en que “no estamos de acuerdo con lo que dice la OANA de que Nasuvinsa ignoró todos los principios de la contratación pública y los más elementales principios de derecho administrativo”. Ha argumentado que “no es una afirmación acertada cuando hay un pliego, hay una publicación en Europa, hay una publicación en el portal de contratación de Navarra, hay un contrato, hay un informe de modificación de ese contrato, hay una publicación de la modificación del contrato, todo eso son cuestiones o exigencias que marca la ley foral de Contratos”.
Respecto a la constitución de la mesa de contratación sin presidencia, ha explicado que en 2018, “cuando ocurrió todo esto, según la redacción que había en el artículo 50 -de la ley de Contratos-, podemos entender que hubiera una interpretación en el sentido de que el órgano estuviera compuesto por el número de personas que viene en el pliego, cuatro personas, seis, y todas firman el acta de la mesa”, sin necesidad de presidente. Ha recordado que “en el año 21 se modificó la ley foral de Contratos y ahí sí que introdujo en el artículo 50 la figura del presidente en ese precepto”.
En relación con la falta de actas de la mesa de contratación señalada por la Oficina Anticorrupción, Aleixandre ha indicado que “no nos hemos manifestado sobre esa situación que ha dicho la OANA, por lo tanto estamos de acuerdo que es una irregularidad, debería haber actas” porque habrían permitido aclarar “muchísimas cosas”. “No las hemos localizado”, ha añadido Carmen Pérez.
Aleixandre ha añadido que “estamos de acuerdo en que no hay actas, no se puede ver qué deliberó la mesa, lo que no estamos de acuerdo es en la consecuencia de la nulidad de pleno derecho en aplicación a las sociedades”. Ha recordado que “la ley que regula la nulidad de pleno derecho es la ley 39/2015 y dice que respecto a las entidades de derecho privado dependientes de la Administración solamente la aplica cuando haya una mención expresa en esa ley a la sociedad y cuando ejerzan potestades administrativas”, para subrayar que “en ningún caso Nasuvinsa estaba ejerciendo o ejerce potestades administrativas”.
Ha explicado también que, cuando en sus consideraciones no se pronuncian sobre determinados apartados del informe de la OANA, es porque coinciden con la irregularidad apreciada por la Oficina, como sucede con la ausencia de propuesta formal de adjudicación.
El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha señalado que “no hay actas, se puntuó una cosa que luego no se cumplió, no se designó presidente, que hay dudas sobre el deber de exclusión de un licitador..., ¿no les parece que son un cúmulo de irregularidades?”, ha planteado, a lo que los comparecientes han respondido que “la conclusión de la OANA la respetamos, hay unas irregularidades”.
Por su parte, Juan Barberán ha contextualizado que “este expediente y esta gestión se enmarca dentro de un momento de transitorio y que impacta mucho a las sociedades públicas, porque requiere una adaptación a una complejidad que antes no había, y en determinadas estructuras, organizaciones... supuso un reto más importante que en otras”. “En este caso, en Nasuvinsa afectó”, ha apuntado, añadiendo que se decidió crear en esta sociedad un área específica de compras y que ya en 2019 “con la integración de Carmen -Pérez Miguel- en el departamento empezó a funcionar en un área competente transversal”.
El director de Compras de CPEN ha destacado que “hubo un impacto muy evidente y, de hecho, todos los indicadores que manejamos desde entonces marcan una reducción absolutamente radical de las incidencias”.
En la misma línea, Carmen Pérez ha subrayado que “desde el 2019 existe un Departamento de Compras, que ahora es Departamento Jurídico y de Compras, y ha cambiado de forma radical la manera de tramitar las licitaciones y todas las contrataciones que se tramitan desde Nasuvinsa”. Según ha explicado, “hay muchísimo más orden, control jurídico, control de legalidad”.