El Parlamento de Navarra ha sido el escenario de la XXVII Jornada del Aula de Derecho Parlamentario, centrada en el estudio de la sentencia del Tribunal Constitucional 137/2025, de 26 de junio, sobre la Ley de Amnistía y en las posibles vías de control europeo de dicha norma.
La cita, promovida por el Aula de Derecho Parlamentario de la Universidad de Navarra, ha congregado a un nutrido auditorio, integrado sobre todo por estudiantes, además de miembros de la Mesa y representantes de diferentes grupos parlamentarios.
El presidente de la Cámara, Unai Hualde, ha abierto y enmarcado la Jornada en torno al examen de la legalidad de la Ley de Amnistía, una “cuestión política muy de actualidad desde su promulgación, allá por otoño de 2023, que ha sido citada de manera recurrente en los debates recientes de este Parlamento”. “Espero que las conclusiones contribuyan a enriquecer el debate legal y político sobre la propia ley, incluidos los posibles choques y límites derivados de su recorrido por el TC y el TJUE. La repercusión de esta norma en la convulsa actualidad política ha sido notoria”, ha señalado.
Por otro lado, Asunción de la Iglesia, directora del Aula de Derecho Parlamentario e investigadora en independencia del Tribunal Constitucional, ha puesto en valor la cooperación entre Parlamento y Universidad a lo largo de todas las ediciones y ha subrayado que el propósito de la jornada es abordar con rigor académico una resolución especialmente divisiva.
Análisis crítico de la sentencia 137/2025 del Tribunal Constitucional
La conferencia inaugural ha sido impartida por César Aguado Renedo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, quien ha ofrecido una lectura crítica de la sentencia 137/2025 del Tribunal Constitucional relativa a la Ley de Amnistía. Aguado ha explicado que el fallo, aprobado por una ajustada mayoría de seis votos favorables, una abstención y cuatro votos discrepantes, declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 1.3, párrafo segundo, de la ley, que contemplaba la exención de responsabilidad para actuaciones ilícitas iniciadas antes del 13 de noviembre de 2023.
Igualmente, ha apuntado la inconstitucionalidad, aunque sin anularlo, del artículo 1.1 en conexión con el artículo 3, al entender que la norma sólo favorece a quienes cometieron ilícitos orientados a la secesión. Además, ha recordado que el Tribunal Constitucional ha determinado que los artículos 5 a 16 de la ley no tienen carácter orgánico, de modo que únicamente los cuatro primeros preceptos conservan dicha condición.
A continuación, se ha celebrado una mesa de debate sobre la sentencia 137/2025 del Tribunal Constitucional. Cecilia Rosado, profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, ha examinado los problemas de abstención y recusación de magistrados en el Tribunal Constitucional, advirtiendo de que estos instrumentos no están resolviendo de forma adecuada las dudas sobre imparcialidad.
Por su parte, Federico de Montalvo, de la Universidad Pontificia Comillas Icade, ha reflexionado sobre la interpretación evolutiva de la Constitución que realiza el Tribunal Constitucional, planteando si el órgano se limita a interpretar el texto o si, en determinadas ocasiones, acaba recreando la propia Constitución.
Asimismo, Ibor Fernandes Romero, del Centro Cardenal Cisneros (UCM), ha centrado su aportación en los votos particulares a la sentencia de la amnistía, resaltando su relevancia jurídica y la posible incidencia que pueden tener en futuros debates, tanto en el ámbito interno como en el internacional.
La Ley de Amnistía ante las instituciones europeas
La jornada ha continuado con una mesa específica sobre la Ley de Amnistía en clave europea. Carlos Sánchez de Pazos Peigneux, de la Universidad Rey Juan Carlos, ha expuesto el tipo de control que ejerce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía mediante el mecanismo de la cuestión prejudicial.
Fernando Simón Yarza, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, ha estudiado la posición de la Comisión de Venecia respecto a la proposición de Ley Orgánica de Amnistía. Ha explicado que este órgano consultivo, aunque no entró a valorar la constitucionalidad ni la compatibilidad con el Derecho de la Unión, sí identificó como aspectos problemáticos la amplitud temporal de la amnistía y las posibles injerencias en la función jurisdiccional, concluyendo que la norma ha profundizado en la fractura social y política en España.
Por otro lado, Enrique Fliquete Liso, de la Universidad de Valencia, ha analizado el enfoque del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con las amnistías, precisando que esta corte valora si la amnistía vulnera o, por el contrario, repara derechos humanos, y que su doctrina es “poco consistente” en este terreno.
Los debates han sido moderados y enriquecidos con sus aportaciones por Patricia Rodríguez Patrón, profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora principal -junto a Asunción de la Iglesia- del Proyecto de Investigación “La importancia de la independencia del Tribunal Constitucional para la defensa de la Democracia Constitucional”. A su vez, María Isabel Álvarez Vez, profesora ordinaria propia de la Universidad Pontificia Comillas, ha dirigido, moderado y participado activamente en la mesa dedicada al análisis de la ley de amnistía ante Europa.
Debate académico, Estado de Derecho e independencia judicial
Tras las intervenciones, se ha abierto un amplio turno de preguntas, en el que los estudiantes han planteado numerosas cuestiones a los ponentes. La sesión ha finalizado con una reflexión conjunta sobre la necesidad de preservar el Estado de Derecho, descrito como una “maravillosa anomalía” frente a las tendencias históricas de la humanidad. Los intervinientes han coincidido en reclamar un examen serio y desapasionado de la Ley de Amnistía y en subrayar la importancia de la independencia y la imparcialidad de la justicia constitucional para asegurar la protección de los ciudadanos y la estabilidad del sistema democrático, junto con un mensaje dirigido al alumnado universitario acerca de su responsabilidad presente y futura y de la necesidad de formarse y valorar las instituciones.
Esta XXVII jornada se ha llevado a cabo con la colaboración de varias universidades que participan en el citado proyecto de investigación ministerial sobre la independencia de la justicia constitucional.
La actividad se enmarca en el Aula de Derecho Parlamentario, que en esta edición celebra 25 años de trayectoria. Desde su creación en 2002, este espacio ha reunido a especialistas nacionales e internacionales de referencia en jornadas, mesas redondas, encuentros con parlamentarios y conferencias.