El pleno del Parlamento de Navarra ha dado luz verde este jueves a una reforma de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada en 2018, con el objetivo de actualizarla y encomendar a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) la gestión del registro de lobbies, además de reforzar el papel del Consejo de Transparencia de Navarra como garante técnico del derecho de acceso a la información pública.
La modificación, promovida por el Gobierno foral, ha salido adelante con los votos favorables de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. En cambio, UPN, PPN y Vox se han posicionado en contra, reprochando al Ejecutivo ser "opaco".
En lo que respecta a la OANA, la nueva regulación le atribuye la dirección del registro de lobbies o grupos de interés y la función de colaborar en el desarrollo reglamentario de estos actores, de su código de conducta y de la administración de dicho registro. Estas normas se aplicarán al Gobierno de Navarra y a la Presidencia de la Comunidad foral, pero no se trasladan automáticamente al Parlamento de Navarra, que, en virtud de su autonomía, deberá fijar sus propias reglas en su reglamento interno.
Sobre el Consejo de Transparencia, la ley concreta el alcance de las obligaciones de publicidad activa vinculadas a las resoluciones de compatibilidad, a las agendas de altos cargos y a las listas de espera para acceder a servicios públicos.
En relación con las agendas de altos cargos y personal directivo, la información que se publique deberá detallar el objeto de las reuniones o sesiones, las personas asistentes, las organizaciones o entidades a las que representan y los asuntos tratados.
Asimismo, se establece que cualquier persona física o jurídica pueda presentar una denuncia ante el Consejo de Transparencia y recibir, en un plazo máximo de dos meses, una respuesta motivada. Esa resolución se hará pública en la web del organismo, previa disociación de los datos personales. Los actos dictados por el Consejo tendrán carácter ejecutivo y serán de obligado cumplimiento para las administraciones y entidades destinatarias.
Entre las nuevas competencias del Consejo figura la de supervisar que la Administración de la Comunidad foral y las entidades locales faciliten la información necesaria a parlamentarios y cargos electos para que puedan desempeñar sus funciones.
La reforma también altera la composición del Consejo de Transparencia. Además de las personas designadas por el departamento competente, el Consejo de Navarra, la Cámara de Comptos, la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Defensor del Pueblo (una por cada institución), se incorporarán tres miembros propuestos por la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) y solo uno a propuesta del Parlamento, que hasta ahora podía nombrar a cuatro parlamentarios. Se establece, además, que se procurará un equilibrio de género, de modo que ningún sexo supere el 60% ni baje del 40%.
La pertenencia al Consejo de Transparencia seguirá sin exigir dedicación exclusiva, será compatible con el puesto de trabajo en la Administración de origen y se retribuirá mediante dietas fijadas reglamentariamente por la participación como ponentes en los dictámenes. Para la presidencia y la secretaría se abre la puerta a establecer una dieta anual específica.
El nuevo Consejo deberá quedar constituido en el plazo máximo de un año desde la aprobación de la ley. Mientras tanto, su actual presidente, Juan Luis Beltrán, cuyo mandato está prorrogado, continuará en funciones hasta que se materialice el relevo.
En paralelo, la reforma introduce una modificación en la ley foral de la Administración Local de Navarra, incorporando que "el Tribunal Administrativo de Navarra, observando las normas de protección de datos, publicará las resoluciones que resuelvan los recursos de alzada que tramite". Esta novedad ha sido respaldada por todos los grupos salvo Vox, que ha votado en contra.
La parlamentaria de UPN Marta Álvarez ha denunciado que se intenta "vender" la reforma como "un aumento o un ensanchamiento de la transparencia, cuando se está haciendo lo contrario" y ha insistido en que "el Gobierno de Navarra es opaco, turbio y oscuro". Ha reprochado que "más de siete años después de su aprobación, el Gobierno de Navarra sigue sin cumplir las exigencias de la ley de transparencia en materia de publicidad activa. Sigue sin publicar las listas de espera para acceder a los servicios de la cartera de servicios sociales. Sigue sin publicar las listas de espera para acceder a una VPO. Sigue sin publicar las listas de espera para acceder a un centro educativo. Sigue sin publicar el listado de beneficiarios de los fondos europeos a través de ayudas y contratos".
Por parte del PSN, el parlamentario Kevin Lucero ha subrayado, en referencia a los lobbies, que "la influencia existe en forma de sectores, de entidades, empresas, sindicatos, asociaciones, colegios profesionales y está bien que exista", aunque "lo que no es democrático es que opere sin reglas, sin transparencia y sin trazabilidad". A su juicio, "poner esta materia en el ámbito de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción es situarla donde debe estar, en la lógica de la integridad pública. Es decir, la interlocución es legítima, pero tiene que ser visible, registrable y sometida a reglas, porque la decisión pública no puede parecer una conversación privada".
La parlamentaria de EH Bildu Irati Jiménez ha defendido que la ley de Transparencia "sigue siendo un pilar básico" y ha recordado que, desde 2018, "la práctica ha puesto de manifiesto algunas deficiencias, errores o algunas propuestas de modificación que se han llevado a cabo". Ha añadido que "se ha observado la necesidad de introducir algunas modificaciones en las leyes. Algunos ejemplos de ello los estamos viendo, por ejemplo, en la comisión de investigación -sobre adjudicaciones públicas-, donde se ha planteado la necesidad de cambiar algunas cosas para lograr la gobernanza pública ejemplar y poder controlar la administración pública".
Desde Geroa Bai, la parlamentaria Blanca Regúlez ha señalado que "esta modificación de la ley de transparencia no pretende resolver todos los retos que existen en materia de transparencia, pero sí supone un paso importante para mejorar el marco normativo, para reforzar las garantías institucionales y facilitar el ejercicio efectivo del derecho a la información pública".
La representante del PPN, Maribel García Malo, ha manifestado que "el Gobierno predica transparencia y mientras tanto practica la opacidad" y ha recalcado que esta reforma "es su coartada y desde luego nosotros no vamos a ser parte de ella". A su entender, "el proyecto de ley podría tener sentido, porque tras ocho años de vigencia, parece razonable revisar la ley de transparencia, pero no podemos apoyar un texto propuesto por un Gobierno que proclama una cosa y practica la contraria".
En nombre de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha apuntado que "tratamos a veces la transparencia como si fuera una vocación, un gesto altruista que quien ocupa el poder en un momento dado decidiera tomar por el bien de la ciudadanía", pero ha recalcado que "las instituciones, si son democráticas, son de la gente, y la información que atesoran también lo es".
El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha concluido que "esto no es una reforma para dar más luz, es el colmo del cinismo de un Gobierno que viene a darnos lecciones de buena gobernanza cuando es con diferencia el menos transparente de la historia de Navarra".