El pleno del Parlamento de Navarra ha dado luz verde este jueves a una moción del PSN que reclama al Congreso de los Diputados acometer los cambios legales necesarios para “declarar la nulidad de pleno derecho” de las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia al amparo de diversos artículos de la normativa hipotecaria.
La propuesta ha salido adelante con el respaldo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN, PPN y Vox han votado en contra.
En el texto se urge al Gobierno central a impulsar una ley que establezca “la nulidad del artículo 206 de la ley Hipotecaria desde la entrada en vigor de la Constitución y, solamente para la Iglesia católica, con su consecuente artículo 304 del Reglamento Hipotecario de 1947, así como de cualquier otro precepto concordante, que permitieron la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia católica mediante certificación eclesiástica administrativa”.
Igualmente, se reclama al Ejecutivo estatal la puesta en marcha de “un procedimiento estatal de revisión, investigación y, en su caso, recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente, con la participación de las Comunidades Autónomas y entidades locales y, en su caso, revertir la situación o reparar los daños y perjuicios”.
La moción incluye además la exigencia de “la ampliación, depuración y publicidad completa del listado de bienes inmatriculados, así como su correcta identificación registral, por la Iglesia católica desde 1946 hasta la actualidad”.
El acuerdo contempla remitir la iniciativa al Gobierno de España, a las Cortes Generales, a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Enmienda de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin
EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han registrado una enmienda conjunta, aceptada por el PSN, en la que se alude al trabajo que ya se está llevando a cabo en Navarra para la revisión, investigación y, en su caso, recuperación de los bienes inmatriculados “indebidamente”. En esta línea, se insta a las Cortes Generales y al Gobierno de España a “trabajar con el resto de las administraciones y junto con la sociedad civil en la recuperación de los bienes inmatriculados ilegítimamente por parte de la Iglesia católica en el conjunto del Estado”.
Posiciones de los diferentes grupos
En defensa de la moción, el parlamentario del PSN Ramón Alzórriz ha sostenido que “el robo y el hurto son lo mismo, la diferencia es que uno se hace con violencia y el otro no”. “En definitiva, te quedas con algo que no es tuyo y expolias propiedades a otros”, ha señalado, para añadir que “la Iglesia lo hizo con disimulo”. Asimismo, ha planteado que Navarra sea “punta de lanza” en este asunto y ha abogado por “pasar de meras declaraciones de intenciones a leyes de obligado cumplimiento”.
Desde UPN, el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado que los Gobiernos de España encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez no hayan hecho “absolutamente nada de lo que pide esta moción, y ellos, o el Congreso de los Diputados, son los competentes”. A su juicio, “esta moción es un tiro al aire. No sirve para nada que quienes no podemos aprobar instemos a quienes no quieren hacerlo. El Partido Socialista le pide al Partido Socialista lo que no quiere hacer el Partido Socialista”. Además, ha advertido de que la iniciativa “promueve unas expectativas falsas” al considerar que una reforma legal no podría aplicarse con carácter retroactivo.
La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez, encargada de defender la enmienda consensuada con EH Bildu y Contigo-Zurekin, ha asegurado que su formación “comparte el objetivo de fondo de esta moción”, centrado en “poner fin a los privilegios históricos que permitieron a la Iglesia inmatricular bienes sin título de propiedad”, aunque ha lamentado que “se echa en falta alguna referencia a Navarra, porque en Navarra hay un camino recorrido”. Ha valorado que la moción es “un buen comienzo”, pero ha insistido en “evitar generar falsas expectativas” y en concretar “cómo se recuperan esos bienes, quién asume los procedimientos judiciales, qué seguridad jurídica se ofrece a los ayuntamientos”.
Por parte de EH Bildu, la parlamentaria Irati Jiménez ha mostrado su sintonía con el objetivo de la moción, si bien ha advertido de que “hay algunas cuestiones que nos preocupan”. Según ha dicho, “no compartimos en absoluto las lagunas que se dan en esta moción. No hace referencia a todas las movilizaciones llevadas a cabo por la sociedad civil y al proceso coordinado por la Federación Navarra de Municipios y Concejos, ni al trabajo realizado por el Gobierno de Navarra. Creemos que esta moción está redacta en Madrid y olvida totalmente el autogobierno de Navarra”.
La parlamentaria del PPN Irene Royo ha reprochado al representante del PSN que durante su intervención haya realizado “un ataque gratuito y ofensivo a la Iglesia” y ha calificado la moción como “una nueva campaña de humo que pretende desviar el foco de atención de la situación política y social actual”.
En representación de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha subrayado que la “lucha” frente a las inmatriculaciones “no va contra nadie, no va contra la Iglesia católica, esta lucha no va de rencillas pasadas, esta lucha es en defensa del patrimonio público, en defensa de la justicia, de que vuelva al pueblo lo que nunca debio robársele al pueblo”.
Finalmente, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha advertido de que “pretender ahora declarar nulo todo con efectos retroactivos masivos genera una inseguridad jurídica brutal que no lo puede permitir un ordenamiento jurídico”. “Estamos hablando de miles de bienes, muchos de ellos templos, que llevan siglos en un uso pacífico por la Iglesia”, ha remarcado.