El pleno del Parlamento de Navarra ha desestimado este jueves la proposición de ley impulsada conjuntamente por PSN y Contigo-Zurekin que pretendía anular la norma aprobada en 2022, por la que se asegura la continuidad de los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de la Comunidad foral.
Durante la tramitación, Geroa Bai ha incorporado dos enmiendas que han contado con el respaldo de UPN, PPN y Vox, mientras que PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin han votado en contra. La inclusión de estas modificaciones, que articulaban un régimen transitorio en caso de derogarse la ley vigente, ha llevado a los propios proponentes a rechazar finalmente su propia iniciativa.
Así, únicamente Geroa Bai ha apoyado la proposición, mientras que UPN, PSN, EH Bildu, PPN, Contigo-Zurekin y Vox se han posicionado en contra, lo que ha impedido que la derogación saliera adelante.
Mediante una de las enmiendas, Geroa Bai planteaba un régimen transitorio para que el profesorado de religión con relación laboral indefinida con la Administración en el momento de entrada en vigor de la nueva ley mantuviera esa condición, de forma que su vínculo no pudiera extinguirse directamente como consecuencia de la derogación de la norma de 2022.
Además, la enmienda recogía que "las eventuales modificaciones de jornada que pudieran derivarse de la evolución de las necesidades docentes deberán ajustarse a lo previsto en la legislación laboral vigente, garantizando en todo caso los principios de objetividad, proporcionalidad y no discriminación".
También se establecía, a propuesta de Geroa Bai, que "la Administración educativa, por razón de planificación educativa, podrá reorganizar destinos y funciones dentro del marco normativo aplicable, siempre que dicha reorganización no suponga un menoscabo arbitrario de los derechos laborales consolidados".
El texto incluía igualmente que el profesorado de religión con contrato indefinido que alcanzara los 55 años en el año de entrada en vigor de la nueva ley conservaría íntegramente sus actuales condiciones de contrato, jornada y estabilidad hasta la jubilación o su renuncia.
Una segunda enmienda de Geroa Bai, igualmente incorporada al articulado, fijaba que el Departamento de Educación tendría que adoptar "las medidas necesarias para garantizar que las nuevas necesidades de contratación de personal docente de religión que pudieran derivarse para cubrir la planificación educativa a partir del curso 2026-2027 en el sistema educativo público se lleven a cabo bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".
Pese a estas modificaciones, la iniciativa no ha prosperado, ya que sólo Geroa Bai ha votado a favor y el resto de grupos parlamentarios se han pronunciado en contra.
La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha señalado que "el debate no va sobre religión, va de una cuestión bastante más sencilla, que es si el sistema educativo público debe adaptarse a la realidad educativa o si debemos mantener por ley situaciones que ya no responden a esa realidad". Ha añadido que "hoy estamos pagando en Navarra del orden de unos dos millones de euros al año por horas de religión que no se imparten y eso, precisamente, es lo que queremos corregir. Estamos pagando el equivalente a casi 44 profesores de religión a jornada completa que no están impartiendo la asignatura para la que fueron contratados".
En relación con las propuestas de Geroa Bai, Unzu ha cuestionado "por qué quieren seguir blindado" al profesorado mayor de 55 años, "un colectivo que supondría 70 personas docentes de un total de 128". "No entendemos por qué unos sí y otros no", ha indicado.
Desde UPN, el parlamentario Pedro González ha rechazado con dureza la proposición y ha asegurado que esta ley es "la de la venganza y el rencor, no es una ley que trate de buscar justicia, ni sentido común, ni equidad, es la ley de la venganza y el rencor, y la venganza y el rencor se manifiestan en la necesidad de mentir para justificar un enorme ataque". Ha defendido que "el profesorado de religión al Gobierno le cuesta cero euros, no le cuesta dos millones", argumentando que este personal asume funciones adicionales a la docencia de religión que, en caso contrario, debería cubrir el Gobierno de Navarra contratando a otros docentes.
La parlamentaria de EH Bildu Eneka Maiz ha sostenido que es "de justicia" que la "ley injusta" de 2022 "se derogue de una vez por todas, sobre todo porque vulnera de raíz dos principios, uno es el laicismo, y el otro es la igualdad laboral".
Por parte de Geroa Bai, la parlamentaria Itxaso Soto ha interpelado a PSN y Contigo-Zurekin sobre "cuántas horas de religión en las aulas de la escuela pública van a reducir" con su propuesta. "La respuesta es muy sencilla, ninguna. La realidad es que esta propuesta que traen no evita que se siga manteniendo la religión en las aulas públicas. Esta propuesta, por tanto, trata exclusivamente de condiciones laborales de un colectivo de trabajadores que se va a ver directamente afectado", ha indicado. Soto ha remarcado que "la disminución de las horas de religión es algo evidente, pero no creemos que esta contingencia deba tener consecuencias laborales desfavorables para un colectivo de docentes determinado, un colectivo precarizado y altamente feminizado".
El portavoz del PPN, Javier García, ha considerado que "esta ley no solo es una contradicción, sino que es una profunda injusticia" y ha denunciado que "no se puede sacar pecho defendiendo la escuela publica mientras por la puerta de atrás se precariza y se castiga a una parte fundamental del claustro".
El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha apuntado que se dan dos circunstancias "anómalas" con la regulación actual. Por un lado, "la persistencia, en pleno año 2026, de las enseñanzas religiosas en las aulas escolares", y por otro, "la selección discrecional del profesorado de religión por parte del Arzobispado de Pamplona y de Tudela". A continuación, ha defendido que "debería ser el propio Arzobispado el que concurra de manera cristiana en la búsqueda de una solución laboral ante las posibles afecciones" derivadas de una eventual derogación.
Finalmente, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha asegurado que esta proposición "es un nuevo ataque ideológico contra la Iglesia católica y contra las familias navarras". A su juicio, "este Gobierno del PSN, Contigo y nacionalistas, con esos guiños separatistas, sigue la misma agenda separtista y comunista de siempre, borrar las raíces cristianas de Navarra".