La Comisión de Salud del Parlamento de Navarra ha dado luz verde este miércoles, con el respaldo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de UPN y el rechazo de PPN, a una resolución que insta al Gobierno foral a “garantizar que, mientras el servicio no se publifique, en la organización del servicio subcontratado, se tengan en cuenta las particularidades de los y las pacientes de salud mental, adecuando los recursos humanos y materiales a sus necesidades reales”.
El acuerdo incorpora además un segundo punto en el que se pide al Ejecutivo navarro “que los recursos públicos destinados a prestar atención de salud mental, mientras el servicio no se publifique, se empleen para garantizar un servicio de calidad, mantener los puestos de trabajo y asegurar condiciones laborales dignas”. Sobre este apartado, UPN ha optado por votar en contra.
El texto inicial contemplaba un tercer punto que finalmente ha sido rechazado gracias a los votos contrarios de UPN y PPN, la abstención de PSN y Geroa Bai y el apoyo de EH Bildu y Contigo-Zurekin. En dicho punto se urgía al Gobierno de Navarra a “que las prestaciones de la cartera común de servicios del Sistema Público de Salud (SNS) correspondientes a los servicios de salud mental sean gestionados de forma directa desde el Sistema Público de Salud de Navarra, del mismo modo que el resto de los servicios sanitarios esenciales, avanzando hacia la publificación”.
En la exposición de motivos, la iniciativa, promovida por EH Bildu, sostiene que el cierre, autorizado por el Gobierno de Navarra, de uno de los tres inmuebles del centro Benito Menni de Elizondo ha tenido un “impacto negativo” tanto en la calidad de la atención que reciben las personas usuarias como en las condiciones laborales del personal, que “han sufrido despidos, empeoramiento de sus condiciones y una mayor carga laboral”.
El grupo proponente afirma que la subcontratación de servicios sanitarios, “orientada al beneficio económico”, implica una “merma en la calidad asistencial” y resulta “incompatible” con unos cuidados centrados en las necesidades de las personas, además de que “condena al personal a una precariedad que reproduce brechas de género y desigualdades laborales evidentes”.
Por todo ello, se reclama al Gobierno de Navarra, como “último responsable de asegurar una prestación de calidad”, que apueste por “desligar la atención en salud mental de las dinámicas de mercantilización y por devolver el protagonismo a un modelo público que priorice la calidad asistencial, la dignidad laboral y la protección del interés general”.