El secretario general técnico del departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Eduardo Jiménez, declaró este miércoles en el Parlamento foral que ha “avalado jurídicamente” las modificaciones planteadas en el proyecto de duplicación del túnel de Belate, objeto de un reparo suspensivo por parte de la Intervención General. Ha recalcado que no aprecia que tenga “ninguna responsabilidad” porque “emití un informe jurídico con una dirección facultativa que asegura” unos “imprevisibles”, que “razona con motivos”.
Durante su intervención en la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas, Jiménez explicó que elaboró su informe sobre el modificado porque “lo solicitó la Intervención General” y añadió que “es normal en expedientes en los que, dada la importancia que tienen, como este de las obras del túnel de Belate, solicitar un informe jurídico”.
Ha apuntado que desde Intervención no le trasladaron observaciones sobre el informe posterior en el que se formula el reparo suspensivo. Preguntado por si le resultaba extraño un modificado al inicio de la ejecución, señaló que su labor se limita al análisis del expediente: “hay una propuesta de resolución, hay un informe de la dirección facultativa y hay un informe de la Dirección General”. “A mí me llega el expediente con un informe de dirección facultativa que justifica, por imprevisibilidad, el cambio en esas unidades y eso es lo que estudiamos”, ha indicado.
Según ha reiterado, “con la documentación que yo tenía en ese momento se presentan tres razones de imprevisibilidad” por parte de la dirección facultativa, que “argumenta” y “justifica”. Ha rechazado que hiciera seguidismo del Gobierno, como le afeó el parlamentario de UPN Pedro González. “Para nada”, ha respondido Jiménez.
Ha detallado que “hay unas causas de imprevisibilidad y, por lo tanto, yo hago un informe jurídico en relación a tres supuestos. Es cierto que después Intervención, que tiene competencia y que emite su informe, pide más documentación y le ha dado trascendencia o le ha dado total importancia a que haya una propuesta por parte de la empresa”, subrayando que “al final quien tiene que tomar la decisión es la dirección facultativa”.
En esta línea, ha remarcado que “la dirección facultativa, que es el órgano competente, el que toma la decisión, menciona que hay un procedimiento en relación con Minas y que además hay unas diferencias en el terreno, en el material, en cuanto a lo previsto en el sondeo, tanto con la excavación como también con el sostenimiento y con otras cuestiones”.
Ante la cuestión de si el informe de la Intervención le deja “a los pies de los caballos”, Eduardo Jiménez ha insistido en que elabora “los informes con la documentación que tengo, yo no tengo conocimiento de que se haya tomado esa decisión con anterioridad a la obra, las empresas pueden realizar estudios, pero la dirección facultativa en la ejecución de la obra es la que emite el informe correspondiente”.
Ha relatado igualmente que, cuando se incorporó al departamento como secretario general técnico, la mesa de contratación ya había formulado la propuesta de adjudicación de las obras de Belate y que “por los compañeros jurídicos tuvo conocimiento” del expediente, quienes le trasladaron que “había discrepancias entre los técnicos y los vocales jurídicos y el interventor”.
Respecto a si se eliminaron los votos particulares en la resolución de adjudicación, ha precisado que “para nada quise quitar y de hecho se adjuntan en la resolución de adjudicación”. Ha recordado que “pero, lógicamente, la resolución de adjudicación tiene que contener la propuesta de adjudicación; la decisión de la mesa de contratación es una decisión unívoca; es decir, es una decisión, como en cualquier otro órgano de gobierno, en el que puede haber discrepancias, pero al final lo que se adopta es la propuesta de adjudicación”.
En este sentido, ha añadido que “todas las empresas y todas las entidades a las que se notificó la resolución de adjudicación tuvieron conocimiento del acta técnica y de todos los votos particulares; simplemente no se copia, no se extracta dentro de la propuesta, porque, al final, como dice la ley, se propone la adjudicación”.
Sistema de votación en la mesa de contratación
Sobre el modo de votación aplicado en la mesa de contratación —que permitía que el presidente emitiera su voto conociendo previamente las valoraciones técnicas del resto—, Jiménez ha indicado que “no hay una regulación del procedimiento para valorar técnicamente”. “No hay ningún tipo de previsión. A lo largo de 20 años de trabajo he visto todo tipo de formas, he visto valoraciones de técnicos, he visto que se valore de distintas formas, he visto reuniones presenciales y reuniones telemáticas”, ha explicado.
En el caso concreto de Belate, y en relación con las advertencias recogidas en los votos particulares, ha expuesto que el presidente de la mesa sostuvo que “era la forma de proceder habitual, los técnicos dan sus puntuaciones con los informes de motivación y luego, con la media, -el presidente- hace el informe de motivación”. A partir de ahí, Jiménez ha concluido: “Por lo tanto, yo entiendo que hay distintos procedimientos. No se puede exigir uno u otro, aunque es verdad que, lógicamente, hay que trabajar para mejorar los procedimientos. A futuro, se puede estudiar algún otro procedimiento”.
Cuestionado sobre si tuvo conocimiento de posibles influencias externas sobre algún integrante de la mesa o de rumores sobre la adjudicación, ha señalado que a él no le llegó “nada”. “Se comentó algo del rumor, que habían comentado los técnicos, pero para nada ningún motivo de influencia, todo lo contrario. Yo creo que en las comparecencias todos los técnicos y todo el personal han votado y han valorado en conciencia, sin ningún tipo de presión”, ha remarcado.
En cuanto a la validez jurídica de la adjudicación de Belate, Eduardo Jiménez no considera que pueda calificarse de nula de pleno derecho. Ha recordado que “la nulidad de pleno derecho es la sanción más grave que hay en derecho y tiene que ser para un caso en el que hay una infracción absoluta del procedimiento. En este caso, nosotros entendemos que se han cumplido los requisitos -en la mesa de contratación- porque hay actas, hay correos. Los correos se consideran documentos de trabajo y la ley, en principio, lo admite como forma de comunicación en la que se plasma la voluntad de los distintos miembros de la mesa de contratación a la hora de tomar las decisiones. Por lo tanto, vemos que se ajusta la normativa y entendemos que no hay una causa de nulidad de pleno derecho”.
El traslado del secretario de la mesa de Belate
En otro bloque de su comparecencia, se le preguntó si alguien en el departamento le trasladó la necesidad de evitar que el que fuera secretario de la mesa de contratación de Belate, Lorenzo Serena —autor de un voto particular en el que señalaba posibles irregularidades—, regresara al departamento. Jiménez lo ha negado tajantemente: “para nada”. Ha explicado que “la amortización de la plaza -vacante- se solicitó con mucha anterioridad, no es una decisión que toma el Departamento de Cohesión Territorial, la toma Función Pública a través de un decreto de modificación de plantilla y lleva una tramitación. Se solicitó con mucha anterioridad el concurso de traslado”, para remarcar que “yo cuando estuve con Lorenzo trabajé normal”.
En relación con el traslado de Serena a una nave de Landaben, ha precisado que “el cambio de adscripción es competencia de la Dirección General” y que “no entra dentro de las competencias jurídicas de la Secretaría General Técnica emitir un informe o una revisión jurídica de ese asunto”. Ha incidido en que “es competencia de la Dirección General de Obras Públicas, que decidía hacer un cambio de adscripción con base en dos motivos. Y yo no tengo competencia”, para concluir que “a mí no me hacen el planteamiento”.