Esnaola se compromete a una vigilancia exhaustiva sobre los informes de la OANA en Sendaviva

Esnaola asegura que seguirán de cerca los informes de la OANA sobre los contratos en Sendaviva para garantizar la legalidad.

Rebeca Esnaola, consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, ha declarado en una sesión parlamentaria que mantendrán una vigilancia meticulosa sobre los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), relacionados con los contratos de obras en el parque Sendaviva, con el objetivo de “seguir mejorando estos procesos y dotarlos de todas las garantías jurídicas”.

Esnaola ha confirmado que la Oficina de Anticorrupción ya ha solicitado la documentación necesaria para evaluar la subvención asignada para los años 2023 y 2024. Además, está pendiente de un informe de fiscalización solicitado por Parquenasa a la firma PKF Attest Servicios Profesionales, S.L., cuyos detalles se expusieron en la junta general de accionistas.

La consejera ha aclarado que el Consejo de NICDO no interviene en las decisiones de Parquenasa, una entidad con autonomía administrativa y cuyo director gerente tiene plenas facultades para gestionar el día a día del parque. En 2023, Parquenasa recibió una subvención de 5.794.887 euros del Instituto Navarro del Deporte para financiar la renovación del parque después de un incendio en 2022.

Esnaola ha detallado que las obras financiadas superaban el 50% por parte de la Administración foral, lo que requería la aplicación de la ley foral de contratos públicos. Las intervenciones incluyeron el acondicionamiento de caminos, la construcción de un nuevo edificio de acceso, y la urbanización de la entrada y una plaza.

“Cada uno de los procesos de licitación fue simplificado, ya que los montos eran inferiores a 200.000 euros, y se gestionaron de forma independiente”, explicó Esnaola. Además, cada contrato se tramitó a través del Portal de Contratación de Navarra, invitando a al menos cinco empresas a presentar ofertas, de las cuales se recibieron dos por contrato.

En el debate parlamentario, Javier Trigo de UPN sugirió posibles irregularidades en la adjudicación de contratos, mientras que Ibai Crespo del partido socialista defendió la legalidad de las actuaciones. Oihan Mendo de EH Bildu y Blanca Regúlez de Geroa Bai expresaron su compromiso contra cualquier sospecha de fraude. Maribel García Malo del PPN y Miguel Garrido de Contigo-Zurekin resaltaron la importancia del control gubernamental, y Emilio Jimenez de Vox reafirmó su dedicación al escrutinio de la gestión pública.

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