QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El representante de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha denunciado que UPN y PSN se han “unido” este lunes durante la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces para “demorar” el avance de una ley foral que propone una pausa de dos años en la instalación de nuevas plantas de biometano.
Esta normativa, impulsada por Geroa Bai, EH Bildu y Contigo-Zurekin, buscaba un proceso de aprobación “urgente”, no obstante, no contó con el soporte de UPN ni de PSN.
“Desgraciadamente, el PSN y UPN han unido sus votos para no aprobar esa urgencia y también se han unido para demorar esta aprobación”, manifestó Pablo Azcona tras la reunión. “Creemos, sinceramente, que es urgente. Hay contestación social clara ante este tipo de proyectos y creemos que es importante hacer esa moratoria para poder regular esa implantación equilibrada y también para la búsqueda del consenso social necesario en este sentido”, explicó.
Por su parte, la representante del PSN, Ainhoa Unzu, aclaró que han pedido un informe jurídico a los servicios del Parlamento porque tienen dudas sobre las posibles consecuencias patrimoniales que podría acarrear la aprobación de esta ley para el Gobierno de Navarra. “Hay un montón de plantas de biometano tramitándose, que ya llevan mucho tiempo y, desde luego, lo que no se puede hacer es cambiar las cartas o las normas de juego a mitad de la jugada”, comentó.
Unzu añadió que es necesario disponer de toda la información posible para abordar un debate de esta magnitud. Finalmente, Azcona subrayó que la ley busca incluir una moratoria de dos años para las autorizaciones de plantas de biometanización, una medida que no afectaría a las plantas de autogestión ni a aquellas con capacidad inferior a 10.000 toneladas anuales de tratamiento de residuos.
“Hay una proliferación de proyectos de este tipo que están no solo generando cierta contestación social, sino también llenando el territorio de este tipo de instalaciones, y el Gobierno está trabajando en un decreto foral, precisamente, que regula la gestión de estiércoles y digestatos, y nos parece procedente, como se ha hecho en otras materias, realizar una moratoria en tanto en cuanto el Gobierno acaba legislando esta parte del decreto”, concluyó Azcona.
