El director general de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza, ha informado este viernes en el Parlamento foral de que, a lo largo de 2025, la Comisión de Reconocimiento y Reparación de Víctimas por actos de motivación política atribuidos a grupos de extrema derecha o a funcionarios públicos ha reconocido a 65 personas como víctimas.
Según ha detallado, una de estas víctimas falleció por disparos de arma de fuego efectuados por un funcionario de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se encontraba fuera de servicio; 55 personas fueron detenidas y padecieron malos tratos y/o torturas, de las cuales 52 permanecieron además incomunicadas; 4 víctimas sufrieron daños físicos, psicológicos y materiales, 3 de ellas a manos de un grupo de extrema derecha, una de las cuales resultó herida muy grave por arma de fuego; y otras 5 personas padecieron daños físicos (1 pérdida de un globo ocular por el impacto de una pelota de goma en el contexto de las protestas laborales de Potasas, 1 herido por arma de fuego en los sucesos de los Sanfermines de 1978 y 3 con distintas lesiones en diversos disturbios callejeros). Del conjunto de víctimas, 44 son hombres y 21 mujeres.
Hasta el momento, ha expuesto Zabalza ante la Cámara, la Dirección General de Memoria y Convivencia ha recibido 217 solicitudes para el reconocimiento de la condición de víctima por actos de motivación política: 50 registradas en 2023, 75 en 2024 y 92 durante 2025.
Entre enero y diciembre del pasado año, la Comisión celebró 9 sesiones plenarias. En esas reuniones se propuso la resolución de 71 expedientes, de los que 65 fueron estimados y 6 desestimados. En 4 de las resoluciones denegatorias, la Comisión de Reconocimiento y Reparación argumentó la ausencia de la necesaria relación de causalidad entre los hechos alegados y los perjuicios expuestos por la persona solicitante. En las otras 2, se concluyó que no se daban los requisitos materiales exigidos para considerar que las vulneraciones descritas alcanzaban la entidad, naturaleza y finalidad que la ley establece para otorgar la condición de víctima de actos de motivación política.
El director general ha añadido que, a 31 de diciembre de 2025, la comisión encargada del reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política cometidos por grupos de extrema derecha o por funcionarios públicos había resuelto en total 118 solicitudes, de las que 106 fueron estimadas, 7 resultaron denegadas y 5 inadmitidas.
De esas 106 peticiones aceptadas, ha concretado, 7 se refieren a víctimas fallecidas (una de ellas torturada bajo custodia policial y las demás por disparos de arma de fuego efectuados por miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado), 71 víctimas fueron detenidas y sufrieron malos tratos y/o torturas, 64 de ellas además incomunicadas, 6 padecieron daños físicos, psíquicos y materiales, en 4 casos causados por grupos de extrema derecha, 16 sufrieron daños físicos, 4 de ellas por arma de fuego, y 6 presentaron daños psicológicos.
Desde el enfoque de género, del total de víctimas reconocidas hasta la fecha, 78 son hombres y 28 mujeres. El montante de las indemnizaciones abonadas a todas las víctimas reconocidas durante 2025, conforme a los criterios del artículo 12 de la Ley Foral de 26 de marzo, asciende a 574.281,96 euros, “resultando un total de 1.815.489,61 euros indemnizados hasta el día de hoy”.
Zabalza ha subrayado que en Navarra “se ha realizado un esfuerzo normativo por reparar en lo posible el daño causado por la violencia de motivación política, con la aprobación de dos importantes leyes” y ha recordado que la Comisión de Reconocimiento y Reparación se reúne de forma mensual desde enero de 2023, salvo en periodos vacacionales.
En cuanto al procedimiento de análisis de los casos, ha explicado que existe una metodología que “adapta el rigor pericial a un contexto probatorio necesariamente complejo”. “No se trata de una decisión basada en la discrecionalidad administrativa, sino de una respuesta técnica y científica que prioriza la coherencia clínica y la plausibilidad forense como estándares de prueba legítimos”, ha señalado, para remarcar que “reconocer la condición de víctima mediante este rigor profesional es, sencillamente, cumplir con el compromiso de verdad y reparación que exige un Estado de Derecho moderno”.
Durante el debate parlamentario, la representante de UPN, Isabel Olave, ha afirmado que su grupo “condena la violencia, todas; venga de donde venga, toda la violencia es ilegítima y lo son también las torturas y los malos tratos”. “Ninguna violencia tiene hueco ni tiene justificación en mi formación y nunca hemos estado del lado de ningún victimario”, ha añadido, para remarcar que “nosotros nunca nos hemos opuesto a un reconocimiento justo”. No obstante, ha advertido de que “estamos viendo con preocupación que la comisión más allá de la profesionalidad de sus miembros, algo sobre lo que no tenemos ningún elemento para poner en cuestión, carece de un protocolo claro y contrastable”.
El parlamentario socialista Javier Lecumberri ha defendido que “la Comisión de Reconocimiento da un tono de profesionalidad y objetividad, son psicólogos, expertos en Derecho, peritos, forenses, historiadores, gente que trabaja con mucha rigurosidad y con metodología”. “Nos ha parecido un trabajo muy serio, muy riguroso, que va en la línea estratégica de avanzar en esta sociedad en el reconocimiento de todo lo que ocurrió”, ha apuntado.
Por parte de EH Bildu, Irati Jiménez ha recalcado que “las víctimas son todas iguales en derechos”. “Son iguales en derechos a la verdad, a la memoria, a la justicia, al reconocimiento y a la reparación”, ha indicado, considerando “imprescindibles” las políticas públicas de memoria impulsadas desde el Gobierno de Navarra. Ha expresado su agradecimiento a la Comisión porque “trabaje con mimo al abrigo de un proceso científico y una ciencia jurídica”.
El representante de Geroa Bai, Mikel Asiain, ha destacado que “quienes padecieron este tipo de violencia van viendo que realmente merece la pena relatar sus experiencias y que creen en el trabajo de la comisión”. Asimismo, ha solicitado a Zabalza que el próximo acto público de reconocimiento a estas víctimas tenga lugar en el Parlamento, “al igual que se hizo con el de las víctimas de ETA el pasado mes de junio, merecidamente, y con las víctimas de la represión del franquismo el pasado mes de enero”.
Desde el PPN, Javier García ha sostenido que “no se puede ni se debe reconocer a víctimas sin determinar quién es el victimario”. “Se desvirtúa toda la realidad y además genera desigualdades con respecto a las víctimas, lo que consideramos totalmente injusto. Nos preocupa la postura del Gobierno, esta discriminación de las víctimas y que se sustituya en ciertos casos la justicia por ciertos criterios políticos que atentan contra la igualdad de las víctimas”, ha señalado.
Por último, el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha remarcado que “cada víctima, en su propio contexto victimológico, sin equiparaciones y sin equidistancias entre unas y otras, requiere del reconocimiento y de la reparación de la sociedad navarra y española por su mera condición de víctima”. “Esta comisión está realizando un importante trabajo, que agradecemos”, ha concluido.