La Comisión de Presidencia e Igualdad del Parlamento de Navarra ha dado este miércoles su visto bueno al dictamen relativo al proyecto de Ley Foral del Voluntariado, una norma que incorpora nuevas formas de implicación solidaria, también en el ámbito digital, y que prevé herramientas de planificación, formación y coordinación como la Red Navarra del Voluntariado y la Escuela de Acción Voluntaria.
La iniciativa legislativa, promovida por el Gobierno foral, persigue actualizar y sistematizar el marco jurídico de la acción voluntaria en la Comunidad foral, hasta ahora regulada por la Ley Foral 2/1998, en vigor desde hace más de veinte años.
Con este propósito, el texto configura una "regulación integral del voluntariado, para lo cual define el concepto, los principios y ámbitos de actuación, y precisa los derechos y deberes de las personas voluntarias, de las entidades que promueven esta actividad y de las personas a las que se destina.
La propuesta legislativa asume los cambios experimentados por el voluntariado en los últimos tiempos e incorpora diversas fórmulas de participación, tanto el voluntariado presencial como el digital, así como modalidades estables, puntuales o ligadas a proyectos concretos.
En el marco de la reforma "se refuerzan el enfoque inclusivo y la perspectiva de género", al mismo tiempo que se impulsa la participación activa de colectivos "que tradicionalmente han sido receptores de la acción voluntaria, favoreciéndose así su implicación como agentes de participación social".
En esta línea, se subraya la función del voluntariado como "instrumento de cohesión social, participación ciudadana y fortalecimiento del tejido comunitario", para lo cual se fijan principios de cooperación y coordinación entre las administraciones públicas y las entidades sociales.
Entre las herramientas contempladas figura la elaboración del Plan de Voluntariado de Navarra, concebido como "herramienta estratégica para la planificación, impulso y orientación de las políticas públicas en esta materia".
Junto a ello, se prevé el impulso de la Red Navarra del Voluntariado, entendida como un espacio de colaboración entre administraciones, entidades de voluntariado y otros agentes implicados en la promoción de la acción solidaria, con el objetivo de "optimizar" los canales de intercambio de información, la coordinación institucional y la puesta en marcha de iniciativas conjuntas.
El articulado incluye igualmente actuaciones dirigidas a "reforzar la formación y el reconocimiento de la actividad voluntaria", mediante la creación de la Escuela de Acción Voluntaria. Este organismo se orientará a la capacitación de las personas voluntarias y de las entidades que trabajan en este ámbito, así como al "impulso de la profesionalización y la calidad de los programas implementados".
La futura ley regula también el Registro de entidades de voluntariado, concebido como un instrumento para "ordenar y visibilizar" el entramado asociativo que desarrolla su labor en Navarra, incluyendo el apoyo a programas de voluntariado exterior impulsados desde la Comunidad foral.
El Registro cumplirá su función a través de la promoción de medidas destinadas a "favorecer la colaboración" con el sistema educativo y a respaldar el desarrollo del voluntariado corporativo, promoviendo la implicación de distintos sectores sociales en proyectos solidarios.
El Gobierno de Navarra contará con un plazo de un año para desarrollar reglamentariamente este registro. Hasta que se apruebe dicha regulación, continuará vigente la Orden Foral 306/2014, de 13 de mayo, que regula el Censo de Entidades de Acción Voluntaria.
El dictamen refrendado por la Comisión incorpora también la regulación del Consejo Navarro del Voluntariado, un órgano consultivo y de participación llamado a articular la cooperación entre administraciones y entidades sociales, así como a asesorar en la definición y seguimiento de las políticas públicas en materia de participación cívica voluntaria.
El Consejo, cuya composición respetará el principio de equilibrio de género (60/40), estará presidido por la persona titular de la Consejería competente. Dispondrá de una vicepresidencia, elegida por la parte social del órgano, y de 22 vocalías, más una por cada sindicato que supere el 10% de representación sindical en Navarra.
La mayoría de las vocalías corresponderá a representantes de los departamentos con programas de voluntariado (7), de las entidades de voluntariado (7) y de las personas voluntarias (5), seleccionadas con criterios de equidad y pluralidad. Se suman 2 plazas para expertos del ámbito académico, educativo o profesional, y una para la FNMC. La duración del mandato será de cuatro años.
El texto incorpora además varias disposiciones transitorias y finales dirigidas a facilitar la adaptación de las entidades y de la propia Administración al nuevo marco legal.
En concreto, el Gobierno de Navarra dispondrá de un año desde la entrada en vigor de la Ley Foral para analizar posibles medidas públicas de apoyo a las personas voluntarias, "cuya acción solidaria, responsable y altruista no podrá ser sustituida por trabajo remunerado".
Las entidades de voluntariado contarán con el mismo plazo para cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14, entre ellas garantizar el derecho a la accesibilidad, facilitar acreditación identificativa, designar a una persona coordinadora y mantener un registro actualizado de altas y bajas. Asimismo, deberán dotarse de un plan de acción voluntaria en el plazo de un año.
Durante la tramitación en Comisión se han discutido 8 enmiendas, de las que se han aprobado 7, todas ellas presentadas por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin en distintas combinaciones.
Tras la aprobación del dictamen, el proyecto de Ley Foral del Voluntariado de Navarra se elevará al Pleno del Parlamento el próximo 13 de marzo para su debate y votación definitiva.