La Fiscalía ha solicitado al juzgado de instrucción la apertura de diligencias por la ausencia del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, a la que fue convocado en dos ocasiones, en enero y febrero. El Ministerio Público plantea incoar diligencias por un posible delito de desobediencia y reclama que se cite a Entrecanales en calidad de investigado, según recoge este miércoles Diario de Navarra.
El máximo responsable de Acciona fue requerido formalmente para comparecer los días 20 de enero y 9 de febrero, pero en ninguna de las dos fechas se presentó en la sede del Legislativo foral. En lugar de acudir personalmente, la compañía envió a dos altos cargos, Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca, y el directivo José Julio Figueroa, quienes dejaron constancia de su presencia en el registro del Parlamento navarro.
Durante el desarrollo de este procedimiento, Acciona remitió además un escrito a la Cámara en el que sostenía que el llamamiento dirigido a su presidente podría “no ajustarse al marco normativo regulador de las comisiones de investigación”, al considerar que podría incidir en derechos fundamentales y no guardar una vinculación directa con el objeto de los trabajos de la comisión.
En ese mismo documento, la empresa argumentaba que “la citación se dirige a la sociedad, no al presidente a título individual”, y defendía que el presidente de una sociedad anónima no ostenta por ley la representación de la entidad, que recae en el Consejo de Administración. Asimismo, en su escrito a la comisión, Acciona advertía de que la convocatoria “podría estar vulnerando el derecho de la empresa a designar a su propio representante, derecho reconocido en la Ley Orgánica 5/1984 y en la Ley de Sociedades de Capital”.
La Fiscalía entiende, no obstante, de acuerdo con la información publicada por Diario de Navarra, que la ausencia de José Manuel Entrecanales “carece de justificación” porque “había sido advertido expresamente por el propio Parlamento” de que ni su escrito de alegaciones ni la comparecencia de los dos directivos enviados por la compañía “podían suplir su comparecencia personal”.
Según el criterio del Ministerio Público, ni la interpretación de Entrecanales ni la de los servicios jurídicos de Acciona “amparan la desobediencia o la desatención de un requerimiento parlamentario que no solo es legítimo, sino que, además, está respaldado por el Código Penal, que prevé, en caso de incumplimiento” la “sanción más grave del ordenamiento jurídico, la pena de prisión”, con “la circunstancia añadida de que el señor Entrecanales fue expresamente apercibido, en ambas citaciones, de las posibles sanciones penales que podía depararle su incomparecencia en sede parlamentaria”.