El que fuera director general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, Pedro López, ha reiterado este miércoles que no está “a favor del reparo suspensivo” al modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate, formulado en noviembre por la Intervención General del Ejecutivo. Tras ese reparo fue apartado de su cargo, y ha insistido en que está “totalmente en contra” de dicha objeción.
Durante su intervención en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre obra pública, López ha defendido que “nosotros hemos hecho todo el esfuerzo desde el día uno en tener la Intervención perfectamente informada” y que, “si Intervención hubiese tenido cualquier sospecha o nos hubiera dado cualquier indicación de que no íbamos por el camino correcto, nosotros habríamos cambiado el paso si hacía falta, o haberle dado más explicaciones, o haber hecho lo que fuese necesario”.
En su opinión, “lo que no puede ser es que desde abril de 2024, viendo todo lo que ha ido ocurriendo, que no hemos tenido ninguna comunicación negativa, nos encontremos de repente en el 26 de noviembre de 2025, año y medio después, con un reparo suspensivo, además de este calado”. Ha añadido que “desde entonces se ha ido intentando resolver el tema con dos certificaciones que se han validado en las que no se incluye ningún precio contradictorio”.
Ha explicado que, “según ha señalado, se ha podido pagar todo, se han actualizado todos los precios contradictorios que ya teníamos desde la uno, que estaban todos fiscalizados favorablemente, y han anulado todos”. “En la certificación que hemos mandado en noviembre se han anulado todos los precios contradictorios, no existen; incluso los que estaban fiscalizados positivamente”, ha indicado, apuntando que “ahora estamos pendientes de cuál va a ser la solución, si no van a admitir ningún precio contradictorio o si van a admitir un modificado”.
En relación con el modificado de las obras del túnel, cifrado en 8,5 millones de euros, un 11% sobre el coste inicialmente previsto, López ha recordado un informe geológico encargado en 2018 por el Gobierno foral para subrayar que, desde entonces, han intervenido cuatro equipos distintos en el proyecto de duplicación del túnel de Belate y que, “con la misma información, tienen un criterio distinto, porque no es seguro”.
Ha detallado que, en este contexto, “al final, llega el director de obra, que es el que se tiene que responsabilizar”. “En los cuatro anteriores, su responsabilidad es limitada. La que de verdad se va a responsabilizar es la dirección facultativa que hemos contratado”, ha remarcado.
López ha defendido la decisión del departamento de recurrir a una dirección de obra externa y ha subrayado que “la persona que decide, conoce y en la que nos apoyamos es el director de obra”. En este sentido, ha cuestionado “¿Qué norma impide contratar una dirección de obra externa?”. Ha añadido que el servicio de Proyectos y Obras cuenta con veinte trabajadores en el departamento, mientras que en la dirección de obra para Belate participan doce personas, por lo que considera que la dirección externa es “un acto de responsabilidad”.
Debate sobre la mesa de contratación
Interrogado sobre la propuesta del exconsejero Bernardo Ciriza para que él, como director general, formara parte de la mesa de contratación de Belate y que finalmente se descartó, López ha defendido que “es perfectamente posible que esté el director general en la mesa”, aunque ha admitido que no puede hacerlo cuando el director general actúa como órgano de contratación. “Sí podía desconcentrarse”, ha indicado, precisando que el consejero puede “desconcentrar la capacidad de contratar en los directores generales”. “Si eso se revierte, es el consejero el que mantiene la competencia de contratar, que es lo que viene en la ley de Contratos, entonces no habría el problema para que el director general formase parte de la mesa”, ha explicado.
En cualquier caso, a preguntas del PSN, ha señalado que conoce casos en los que ha habido directores generales integrando mesas de contratación cuando no eran el órgano de contratación, y ha asegurado que situaciones similares se producían en etapas de gobierno de UPN. El PSN ha avanzado que reclamará la documentación sobre estos precedentes.
Respecto al funcionamiento de la mesa ante las discrepancias entre los vocales ingenieros y los jurídicos, López ha relatado que “si el secretario de la mesa me hubiese indicado que tenía que ir a la Junta de Contratación porque había una infracción, lo habría hecho, si yo he sido obediente”. Ha recordado que “les convoqué a una reunión y le pregunté al señor Serena -secretario de la mesa- qué hago, y me dijo 'asesórate'”, y ha manifestado que le llamaron la atención los votos particulares sobre la solvencia técnica, que “creo que no deberían haberse puesto, porque efectivamente no soy jurídico pero soy técnico”.
“Les pregunté a los miembros de la mesa cuál era la infracción, si había alguna infracción a la que me podía acoger para ir a la Junta”, ha explicado. UPN le ha cuestionado con quién se asesoró, tal y como le sugirió el secretario, pero Pedro López ha rechazado dar nombres “por no generarles a esas personas problemas”. El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha considerado que “está claro que usted quiere ocultarnos información y creo que eso no lo sitúa en ningún buen lugar”.
Esparza también le ha preguntado si “recibió alguna instrucción política de que se tenía que adjudicar esta obra y se tenía que ir hacia adelante”, a lo que López ha contestado que “ninguna”. “Fue toda decisión mía”, ha señalado.
El parlamentario de UPN ha aludido igualmente al traslado del secretario de la mesa a una nave del polígono de Landaben para incorporarse a un centro de conservación, recordando que se trata del secretario “que es el único de los críticos con este expediente al que usted podía castigar”. López se ha reafirmado en que el cambio obedecía a una reorganización. Ha apuntado que “en todos los centros de conservación de toda España, dependientes del Ministerio, hay un abogado en plantilla” y ha defendido que, “si queremos mejorar el servicio no puede haber esa desconexión entre el letrado y los técnicos que están al pie de las dificultades”.
En relación con el hecho de que la Oficina Anticorrupción de Navarra calificara este traslado como una “represalia”, López ha indicado que “yo ahí demostré que yo acato”. “Dice ella -la directora de la Oficina- que es una represalia, pues ya está. Pero ella no me ha pedido ni una sola explicación. No he conseguido explicar completamente cuáles eran los objetivos”, ha expuesto, insistiendo en que “no es ningún desdoro ir a trabajar a otro sitio”.
Valoraciones y sistema de puntuación
Sobre la forma de votación en la mesa de contratación de Belate, en la que los miembros remitieron por correo electrónico sus puntuaciones al presidente, el exdirector general ha asegurado que no fue “ningún cambio” respecto a procedimientos anteriores, ya que “cada servicio tiene su forma de trabajar”. Se ha mostrado “seguro” de que Jesús Polo “no ha influenciado a nadie” de la mesa y ha añadido que, en este proceso, “al señor Polo también le hicieron revisar una nota porque había penalizado”.
López ha sostenido que este método de valoración se ha empleado “muchas veces” y ha dicho no tener constancia de que los servicios jurídicos lo hubieran cuestionado en otros expedientes. A preguntas del PSN, ha defendido que “Jesús Polo ha estado en 45 mesas de contratación y ha dejado varios expedientes lanzados, el trabajo que ha hecho ha sido tremendo”.
Asimismo, ha apuntado que “era habitual que hubiera rumores” sobre empresas durante los procesos de adjudicación y se ha mostrado “seguro” de que no influyeron en los técnicos de la mesa de Belate.
En el tramo final de la sesión, Javier Esparza ha señalado que éste es “un expediente que está repleto de irregularidades y que resulta que ese expediente termina adjudicándosele a la UTE donde está el señor Cerdán”. “Queda muy feo”, ha concluido.