El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha anunciado este jueves que espera disponer en abril de un primer borrador del anteproyecto de Ley de Despoblación y Desarrollo Rural, a partir del cual se abrirá un proceso participativo. El objetivo del Ejecutivo foral es completar todo el expediente entre los meses de junio y noviembre, de forma que sea en este último cuando arranque su tramitación en el Parlamento.
Chivite ha ofrecido estos plazos durante el pleno del Parlamento de Navarra, al responder a sendas cuestiones planteadas por EH Bildu y UPN. Ha señalado que el anteproyecto se encuentra en una "fase avanzada" y que sigue "el cronograma establecido y coherente con la complejidad de una norma estructural y transversal como es esta". Ha insistido además en que la futura ley "no parte de cero" sino que "es mucho el trabajo previo, diagnósticos, proyectos piloto, medidas concretas o la aprobación de la estrategia de lucha contra la despoblación".
El consejero ha recordado que a lo largo de 2024 se llevaron a cabo distintas fases de participación en materia de desarrollo rural y despoblación, se reunió la Mesa del Pirineo y se incorporó el trabajo realizado por la Federación Navarra de Municipios y Concejos, que trasladó sus aportaciones al Gobierno. Ha añadido que en 2025 el esfuerzo se centró en "la coordinación interdepartamental" para que la norma "no sea sólo declarativa sino operativa".
En este contexto, Chivite ha reiterado que su previsión es disponer de un primer texto en abril y someterlo a un proceso de participación abierto a las propuestas de la ciudadanía, con la idea de cerrar el expediente completo entre abril y noviembre y que, en ese mes, dé comienzo el debate parlamentario. Ha recalcado que estos tiempos "responden al acuerdo programático y presupuestario de este año".
El responsable de Cohesión Territorial ha subrayado que la norma pretende "garantizar que el lugar donde se vive no determine los derechos, las oportunidades ni el futuro de las personas". A su juicio, "será una ley de cohesión territorial que entiende una Navarra equilibrada" con "servicios, empleo y oportunidades".
Según ha avanzado, la futura ley "establecerá por primera vez un marco jurídico estable, transversal y a largo plazo para afrontar el reto demográfico" e incluirá "herramientas clave como el informe de impacto demográfico y territorial en las políticas públicas, la planificación coordinada entre departamentos y una gobernanza compartida con las entidades locales y los agentes sociales". También prevé "medidas de discriminación positiva para los municipios rurales" y "impulsará el emprendimiento, la economía verde, la digitalización, el acceso a la vivienda y el empleo en el medio rural, poniendo especial atención a las mujeres y en la población jóvenes como pilares del futuro del territorio".
Desde EH Bildu, Mikel Zabaleta ha alertado de que "en un contexto de crecimiento general se está produciendo una despoblación en gran parte del territorio, por lo que el desequilibrio". Ha detallado que, en las tres últimas décadas, "de los 272 municipios navarros, 152 han perdido población" y que, en la actualidad, "174 municipios se encuentran en riesgo de despoblación". Ha calificado el escenario como una "situación de emergencia" y ha defendido que "Navarra no es sostenible sin zonas rurales y activas". También ha avisado de que "los plazos son muy limitados" y ha incidido en que "si el proyecto tiene que llegar en noviembre", casi al "final de la legislatura", "si hubiera cualquier retraso se va a ir de plazo".
Por parte de UPN, Yolanda Ibáñez ha cuestionado las fechas dadas por el consejero al considerar que "usted no le dice la verdad ni al médico". Ha reclamado "medidas transversales y estructurales" y "no medidas puntuales, que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora", con el fin de ofrecer "facilidades a los que decidan vivir en los pueblos". Ha censurado que "se quiten las urgencias rurales" o los "problemas en el transporte público", y ha sostenido que no se destina "lo suficiente en carreteras" ni "son capaces de solucionar el problema de la vivienda en zonas rural". A su entender, "los estudios están muy bien, pero una vez sabemos las causas y las soluciones" es necesario "concretar todo" en una norma que recoja "medidas económicas, fiscales y administrativas". "Póngase las pilas", ha instado al consejero.
En su réplica, Óscar Chivite ha admitido ante Ibáñez que "nos gustaría haber ido más rápido en la tramitación de la ley" aunque ha defendido que "esto no ha impedido que estemos trabajando de una forma intensa y poniendo medios para frenar este problema". Ha reafirmado que la Ley de Despoblación constituye un "compromiso de esta legislatura" que "quiere fortalecer el conjunto de la Comunidad foral", con la voluntad de presentar una "ley ambiciosa, útil y transformadora" que llegue al Parlamento "con las máximas garantías".