En una reciente sesión plenaria sobre el Estado de la Comunidad en el Parlamento de Navarra, se ha declinado la solicitud de UPN para que María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, renuncie y se anticipen las elecciones debido a las revelaciones sobre la otorgación de las obras para ampliar los túneles de Belate. La propuesta fue apoyada por UPN, PPN y Vox, pero rechazada por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.
La primera resolución propuesta por UPN requería que el Gobierno de Navarra asumiera “responsabilidades políticas por las irregularidades e ilegalidades que se produzcan en su ámbito de actuación”. “En el caso Belate, con la información conocida y constatada a día de hoy, implica la dimisión de la actual presidenta del Gobierno de Navarra y la convocatoria de elecciones forales”, argumentaba UPN, sin conseguir el respaldo necesario.
En este marco, UPN solicitaba proteger a los funcionarios de las mesas de contratación de posibles represalias y exigía sanciones a los responsables técnicos o políticos implicados. Además, se pedía el cumplimiento estricto de la Ley Foral de Contratos Públicos y la Ley Foral de Transparencia.
Otra resolución enfocada en salud instaba a respetar los tiempos máximos de espera legales y a publicar los periodos de espera para pruebas adicionales. Se proponía también evitar la externalización de servicios de los hospitales de Tudela y Estella y asegurar la continuidad de los puntos de atención continuada y urgente, incluyendo la reapertura del de Olite.
En el sector de la vivienda, UPN exigía un cronograma de actuaciones para desbloquear el Plan Sectorial del TAV, que contempla la construcción de 9.000 viviendas, y el PSIS de Sarriguren, con al menos 3.000 nuevas viviendas. Se demandaban también cambios legislativos para agilizar los trámites urbanísticos, facilitar rehabilitaciones e incentivar el alquiler.
La cuarta propuesta se centraba en modificar la Ley Foral de Renta Garantizada para evitar la dependencia prolongada de los beneficiarios y fomentar su inclusión laboral y social. En materia de seguridad, se urgía a un plan de choque contra el aumento de la delincuencia, incluyendo medidas de autoprotección para jóvenes y mujeres y el desarrollo de plataformas de alerta ciudadana.