QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Irati Jiménez, presidenta de la comisión de investigación sobre contrataciones públicas en el Parlamento de Navarra y miembro de EH Bildu, ha manifestado este lunes su preocupación por que aún no se ha recibido la documentación requerida a varias instituciones.
Específicamente, ha comentado que desde el departamento de Hacienda del Gobierno de Navarra y la Diputación de Gipuzkoa se ha pedido más detalles sobre la documentación requerida; el Tribunal Supremo ha decidido no proporcionar los documentos, una información que el Parlamento ha recibido por los medios, y la Audiencia Nacional ha emitido una providencia similar, aunque esta decisión puede ser apelada por los implicados en el caso.
En una conferencia de prensa, Jiménez informó que se realizaron solicitudes de información la primera semana de agosto, y que aunque todavía están dentro del plazo, que finaliza el próximo lunes 15 de septiembre, la situación es preocupante.
Respecto a la Audiencia Nacional, la presidenta ha explicado que se ha enviado una providencia donde el Ministerio fiscal se opone a la entrega de la documentación, pero permite que las partes puedan apelar. Ha instado a los grupos parlamentarios involucrados a que apelen en defensa de los intereses del Parlamento.
Por otro lado, ha mencionado que el Departamento de Hacienda y la Diputación de Gipuzkoa han pedido justificaciones sobre las solicitudes de información, a lo que el Parlamento responderá con las justificaciones necesarias en una sesión de la comisión el 24 de septiembre.
Además, refiriéndose al Tribunal Supremo, ha calificado de especialmente alarmante el hecho de enterarse por la prensa de que no se entregará la información solicitada sin haber recibido una respuesta oficial aún.
Jiménez ha enfatizado el compromiso de la comisión con la ciudadanía, subrayando la importancia de la transparencia y la gestión adecuada de la información para el trabajo de la comisión. Ha destacado que el objetivo no es controlar a las instituciones, sino utilizarlas para ejercer adecuadamente la función de control, según un informe de los servicios jurídicos del Parlamento.
Finalmente, ha hecho un llamado a las entidades involucradas para que asuman sus responsabilidades y colaboren con la comisión de investigación, cuyo éxito depende de esta colaboración.
