El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, ha calificado de “una gravedad inusitada” la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al Estado español por mala praxis policial en la investigación de una doble agresión sexual por sumisión química ocurrida en Pamplona hace casi una década. Ha recalcado que la resolución “exige no solo una rectificación sino la asunción de responsabilidades por parte de los responsables directos de provocar estos hechos tan lamentables”.
Remírez ha intervenido en el pleno del Parlamento para responder a una pregunta oral de Contigo-Zurekin sobre este caso, mostrando su “apoyo y solidaridad” con las dos víctimas. A su entender, “esta sentencia además cobra especial importancia por el hecho de que, a pesar de que sea un hecho absolutamente excepcional, puede provocar una quiebra de la confianza de las mujeres en las instituciones públicas, en especial por las instituciones afectadas, cuerpos policiales y judicatura, que deben y debemos velar por su protección”.
En su valoración, ha resaltado que “es un hecho especialmente grave que la sentencia concluya que las autoridades españolas no habían llevado a cabo una investigación eficaz y en particular, y cito textualmente lo que dice la sentencia, ‘a la pérdida y manipulación sistemática de pruebas potencialmente cruciales, las insuficientes garantías de independencia de la investigación y una respuesta manifiestamente inadecuada a dichas deficiencias que iban más allá de errores aislados u omisiones menores’”.
El vicepresidente ha explicado que “aunque la sentencia del Tribunal no impone obligaciones concretas al Gobierno de Navarra, el Gobierno de Navarra ha sido proactivo; y en cuanto tuvimos conocimiento del caso ya sentenciado, en octubre del pasado año, lo veíamos precisamente en las comisiones de acuerdo interinstitucional para la coordinación ante la violencia contra las mujeres”. En este sentido, ha subrayado que “la sentencia es una llamada a la responsabilidad compartida”.
Remírez ha insistido en que “las instituciones debemos aprender, corregir y fortalecer los mecanismos para que nunca más una víctima vea cómo su confianza en el sistema se pierde junto con las pruebas de su caso”. Ha añadido que “esto nos conecta directamente con la necesaria revisión de los compromisos de todas las instituciones que intervenimos en materia de violencia contra las mujeres en Navarra, una cuestión que impulsaremos desde el Gobierno foral en la futura actualización de la Constitución”.
Asimismo, ha remarcado que “nos rebelamos ante hechos como los que evidencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia, porque aún siendo absolutamente excepcionales, exige una respuesta contundente por parte de las instituciones para extirpar a personas o a conductas que atentan, por acción o por omisión, contra nuestra determinación de lucha contra la violencia de género y las agresiones sexuales o sexistas”.
Por su parte, el parlamentario de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha recordado que recientemente “adquirió firmeza ya la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de octubre de 2025 que sentencia al Estado a indemnizar a las víctimas de la presunta doble agresión sexual con sumisión química en Pamplona en 2016; y digo presunta por una razón fundamental, es que casi diez años después de los hechos, este año se van a cumplir diez años de los hechos, no han sido juzgados”.
Garrido ha denunciado que, según la resolución, ha habido “destrucciones sistemáticas de pruebas deliberadas, investigaciones independientes encargadas a los propios sospechosos de dichas investigaciones, siendo uno de ellos el cuñado de los demandados”. Ha lamentado que “dos presuntas agresiones sin juzgar dentro de poco hará ya diez años. Dos víctimas habiendo sufrido casi una década de violencia institucional sistemática. El Estado condenado por Europa por vulnerar sus derechos y los responsables no solo libres y sin consecuencias, sino que manteniendo la autoridad pública que tienen como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y nos consta que algunas, operando aún en esta tierra, no sabemos si todas ellas”.