El auditor de la Cámara de Comptos, Miguel Ángel Aurrecoechea, autor del informe sobre las Cuentas Generales de Navarra de 2024 que posteriormente fue rectificado por el presidente del órgano fiscalizador, ha reiterado este martes que los hechos vinculados a la modificación del proyecto de las obras de duplicación del túnel de Belate “podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”.
Tras no asumir el presidente de la Cámara de Comptos las conclusiones de Aurrecoechea y corregirlas con el respaldo de la asesoría jurídica, el auditor optó por incorporar una cláusula de discrepancia al informe, manteniendo parte de sus planteamientos. Esta divergencia llevó a UPN a solicitar su comparecencia en el Parlamento de Navarra, donde ha intervenido este miércoles ante la Comisión de Economía y Hacienda.
Según ha explicado, en el análisis de los sobrecostes de Belate revisó “una multitud de documentos que constituyeron evidencias suficientes y adecuadas, tal y como exigen las normas técnicas de auditoría, para concluir que no concurrían causas habilitantes para tramitar la modificación”.
En defensa de su postura, ha señalado que “se hizo un análisis exhaustivo, muy riguroso y con evidencias más que suficientes que me permitieron concluir” que “la tramitación de un expediente de modificación con el pretendido sobrecoste y sin causa legal que lo justificaba, a mi juicio como auditor y sobre las evidencias obtenidas, me llevaron a advertir, y leo textualmente en el correo que remití a la asesoría jurídica, que 'sobre el apéndice 7 relativo a la ejecución de la obra de duplicación del túnel de Belate, se relatan hechos que, a juicio de este auditor y de mi equipo, podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes".
No obstante, ha indicado que la Cámara de Comptos, “sin solicitarme ningún tipo de documentación”, concluyó que “no se aprecian indicios de responsabilidades”.
En la citada cláusula de discrepancia, Aurrecoechea alude a dos resoluciones del entonces director general de Obras Públicas, fechadas en octubre y noviembre de 2024. Sobre la primera, sostiene que “supone una aprobación implícita del proyecto constructivo generadora de derechos a favor de la adjudicataria” y que conlleva “una modificación de facto del proyecto original”.
En relación con la resolución de noviembre, ha añadido que en sus conclusiones “se relatan hechos que podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdicciones correspondientes”.
Durante su intervención parlamentaria, el auditor ha remarcado que “en ningún momento” se ha sentido “presionado” en el desempeño de su trabajo y ha recalcado que “la cláusula de discrepancia no constituye una anomalía del sistema, sino una previsión expresa del ordenamiento jurídico que regula el funcionamiento de la Cámara de Comptos”.
Ha añadido además que el uso de esta facultad “se ha desarrollado en todo momento desde el respeto a la institución, a sus procedimientos y a las decisiones adoptadas por sus órganos competentes”. “El ejercicio de esa facultad lo realizo con pleno respeto a las competencias que corresponden a la Presidencia de la Cámara, a quien corresponde la aprobación del informe definitivo y al que tengo máximo respeto”, ha manifestado.
Pese a ello, ha mostrado su “total desacuerdo” con los comunicados difundidos por la Cámara de Comptos sobre este asunto, “porque hay que reconocer que me han supuesto una pública humillación, pero he preferido poner el foco en la exposición técnica”.
El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que Aurrecoechea “ha demostrado una independencia digna de poner en valor, porque nunca es fácil mantener un criterio cuando tus superiores mantienen posiciones diferentes a la tuya y lo hacen con la dureza con la que han manifestado su discrepancia, porque han sido tremendamente duros”. A su juicio, “es evidente que hoy es usted, pero mañana puede ser otro auditor”. Ha advertido de que “que todo esto se quiera quitar y borrar de un plumazo de un informe no procede” y ha agradecido que el auditor haya decidido “mantener su voto discrepante para que conste y se pueda mantener este debate”.
Por parte del PSN, su portavoz Ainhoa Unzu ha recalcado que “el único informe válido sobre las Cuentas Generales de Navarra que realiza Comptos es el informe final firmado por el presidente” y ha acusado a Javier Esparza de hacer “un flaco favor intentando sembrar dudas sobre la Cámara de Comptos simplemente porque el informe válido no coincide con el relato político que le interesa”. Ha defendido que “aplicar controles internos de calidad, como se ha hecho aquí, no supone ningún tipo de censura, ni manipulación”, y ha advertido de que “lo preocupante no es que haya discrepancia sino ver cómo algunos están intentando convertir esa discrepancia en un relato de conspiración”.
La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha cuestionado que en su cláusula de discrepancia el auditor plantee, entre otras cuestiones, la liquidación del Instituto Navarro de Inversiones (INI). “¿No piensa usted que es extralimitarse recomendar liquidar una sociedad que se ha creado por un acuerdo político? Porque usted habla de que no es eficiente ni es eficaz, basa sus recomendaciones en optimizar los recursos económicos, pero por el mismo motivo también puede recomendar externalizar los servicios de la Administración pública o privatizar determinadas cuestiones. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con esto”, ha reprochado.
Desde Geroa Bai, Mikel Asiain ha recordado que la asesoría jurídica de Comptos expuso que “ni el auditor ponente ni su equipo le han comunicado durante el trabajo de campo ninguna cuestión de legalidad para que la asesoría jurídica realizara su análisis jurídico y en las reuniones periódicas celebradas, al objeto de hacer un seguimiento de los trabajos, el auditor ponente en ningún momento planteó la existencia de aspectos controvertidos ni presuntas responsabilidades e ilegalidades”. Asiain ha preguntado a Aurrecoechea si “en ningún momento se ha planteado que se podría estar equivocando” y ha puesto de relieve que los cuatro expresidentes de Comptos han respaldado la posición de Ignacio Cabeza.
La portavoz del PPN, Irene Royo, ha interpretado que “parece que el interventor general del Gobierno de Navarra le ha dado la razón al auditor, porque con su reparo suspensivo -al modificado de la obra de duplicación de Belate- viene a decir que puede a existir una responsabilidad contable con todo lo que ha pasado en el túnel de Belate”. Asimismo, ha defendido que “todas las manifestaciones que ha hecho el auditor, más allá de que podamos estar de acuerdo o no, no nos parecen unas opiniones, sino que son conclusiones fundamentadas y valoraciones objetivas”.
En nombre de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha opinado que “utilizar un borrador de la Cámara de Comptos para defender la privatización o la no publificación de un servicio público nos parece un hecho imprudente” y ha calificado también de “imprudencia advertir de indicios de delito contable” en el modificado de la obra de Belate. En este contexto, ha preguntado al auditor si “está convencido de que todo el mundo se equivoca” salvo él.
Por último, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha agradecido la “firmeza” y “profesionalidad” del auditor, subrayando que “hay que ser resistente ante esos duros ataques recibidos por su valentía”, y ha expresado su deseo de que “no le destierren como hicieron con el secretario de la mesa de contratación de Belate”.