José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, ha interpuesto una querella por los presuntos delitos de falsedad documental y falso testimonio de perito hacia las responsables de una auditoría ordenada por Óscar Puente, su sucesor. Esta auditoría investiga la gestión de contratos de material sanitario durante la pandemia, dentro del marco del ‘caso Koldo’.
La querella, revisada por Europa Press, se dirige en los tribunales de Madrid contra Belén Villar, identificada como directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, y la perito que elaboró y firmó la auditoría, «sin perjuicio de que la investigación que se abre señale otros responsables adicionales».
Ábalos ha comentado en la red social X que se trata del «informe resultante de fecha 19 de agosto de 2024 en relación con los expedientes de adquisición y distribución de mascarillas en el año 2020 por parte del Ministerio de Transportes». Según él, este documento fue crucial para su imputación ya que Ismael Moreno, instructor del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, lo usó para solicitar al Tribunal Supremo su investigación.
En palabras de Ábalos, la auditoría fue diseñada con el «propósito manifiesto: dirigir de forma deliberada la responsabilidad» hacia él. Critica que las conclusiones del informe sobre los contratos de mascarillas son «deficientes, sesgadas e incompletas, y de forma preordenada manipuladas y tendencialmente orientadas a la imputacion».
OBSERVA UN «EVIDENTE ÁNIMO DE INFLUIR» EN LA CAUSA
La querella sostiene que la auditoría es «ilegitima», ya que se realizó en un momento en que deberían haberse paralizado las actuaciones administrativas por la judicial. Ábalos señala un «evidente ánimo de influir» en la causa, criticando la rapidez de su elaboración y la intención de hacerla pública.
El exministro también denuncia que el informe es «falso» pues atribuye declaraciones incorrectas a los entrevistados y omite otras, sin documentar adecuadamente las entrevistas. El informe, según él, también contradice declaraciones dadas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por funcionarios del Ministerio de Transportes y de Correos de aquel tiempo, mostrando «una evidente manipulación o intención de inducir a error».
Finalmente, Ábalos lamenta que el informe no se centrara en detectar errores administrativos para futuras mejoras, sino que se utilizó para cuestionar las decisiones políticas de 2020, y sugiere que se emitiera cuatro años después por motivos políticos relacionados con el ‘caso Koldo’. Ha mencionado también un informe pericial de su defensa que reveló «una serie de irregularidades» en la auditoría ordenada por Puente.