El pleno de Les Corts ha dado este jueves luz verde a la iniciativa de Vox para constituir una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de vivienda de protección pública (VPP). El foco se sitúa en la promoción Les Naus, levantada en suelo municipal en la Playa de San Juan (Alicante) y envuelta en la polémica por haber sido adjudicatarios cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas de su entorno, así como en “todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo”.
La propuesta de Vox ha prosperado gracias al apoyo del PP y de Compromís, mientras que el PSPV ha optado por abstenerse. Tanto PSPV como Compromís habían registrado sus propias peticiones de comisión de investigación centradas en el caso de Les Naus, pero el PP las ha tumbado al acusar a los grupos de izquierdas de querer “manchar la política”.
La controversia estalló al trascender que la ya exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez, familiares de la también dimitida directora general del Ayuntamiento María Pérez-Hickman y un arquitecto municipal figuraban entre los adjudicatarios de estas VPP. Asimismo, Miguel Ángel Sánchez dejó su puesto como jefe de gabinete de la Conselleria de Industria después de conocerse que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas. Paralelamente, un juzgado de Alicante ha incoado diligencias previas tras una denuncia relacionada con estas adjudicaciones.
Según el texto registrado por Vox, la comisión deberá quedar formalmente constituida en un plazo máximo de 15 días y, una vez en marcha, “analizando las propuestas de los grupos parlamentarios con representación, aprobará un plan de trabajo y su correspondiente calendario”.
Este órgano podrá acordar, conforme al reglamento de la cámara y a la normativa aplicable, “la solicitud de informes y documentación a las administraciones públicas, centros de investigación, universidades, corporaciones de derecho público y partes interesadas”. En un máximo de un año, la comisión deberá redactar un dictamen con sus conclusiones que, tras ser aprobado, se remitirá al pleno de Les Corts.
El PP acusa a la izquierda de “hacer ruido” con la vivienda
En los pasillos de la cámara, el síndic del PP, Nando Pastor, ha confirmado el respaldo de su grupo a la comisión promovida por Vox, que ha definido como “la única que de verdad” se ha planteado, frente a las iniciativas del PSPV y de Compromís, que a su juicio persiguen “otra cosa completamente diferente, que es intentar aprovechar un problema puntual que hay en una promoción pública”. “La vivienda no va con ellos”, ha reprochado a los grupos de izquierdas.
Pastor les ha echado en cara que, tras ocho años de gobiernos del Botànic, llegaran “con las manos vacías” y que no hubieran dado “un palo al agua” en materia de vivienda, mientras que el actual Consell sí dispone, según ha defendido, de una política que “ha dado resultados”, aunque “sin triunfalismos y sin lanzar campanas al vuelo”. “Entre cero y 2.350 beneficiarios de avales, me quedo con los 2.350”, ha sentenciado.
El dirigente popular ha reivindicado el Plan Vive, “que --el síndic del PSPV-- José Muñoz critica mucho pero que 85 alcaldes de su cuerda, de su partido, suscriben”. “Esa es la realidad”, ha insistido, al tiempo que ha defendido que Pérez Llorca dispone de “un modelo que funciona” frente a una ley “conflictiva” del Gobierno central, al que ha interpelado: “Oye, si hay dos modelos, uno funciona y el otro no, súmate al mío”.
En esa línea, Pastor ha acusado a Compromís y PSPV de “no creer en vivienda”, sino “en el ruido”, y ha defendido que el 'president' Juanfran Pérez Llorca “ha dado normalidad y tranquilidad a la escena política” frente a una izquierda que, según ha dicho, busca sacar rédito político: “Ellos son de lío, son de gresca, son de echarnos los trastos a la cabeza porque ese es su caldo de cultivo”.
“Nada que tapar” y defensa de la gestión de la Generalitat
Preguntado sobre si el alcalde de Alicante, Luis Barcala, debería dimitir, tal y como Vox planteó en el pleno del miércoles, el síndic del PP ha asegurado que su formación no tiene “nada que tapar”. Ha defendido que la Generalitat ha reaccionado a la polémica de Les Naus con “celeridad” y “contundencia” y ha subrayado que ya se han asumido responsabilidades políticas, con la dimisión de la edil de Urbanismo y la suspensión de empleo y sueldo del funcionario autonómico “subido y puesto a dedo por el gobierno del Botànic” pero “cesado por nosotros”.
Ha insistido en que la actuación de la Generalitat ha sido “intachable, impecable, rápido, contundente, sin girar la cara a otra parte” y que se ha “mirado el problema y atajado”. A su juicio, la comisión de investigación de Les Corts sobre este asunto no es “innecesaria” porque aportará “transparencia, luz y taquígrafos”, aunque “casi” lo sería dado que ya se ha trabajado “muchísimo”.
Pastor ha aprovechado también para expresar su “pena” porque “ahora aquí todos queramos investigar” y, sin embargo, durante los gobiernos del Botànic no se pudiera hacer lo mismo con “cuatro o cinco” asuntos “importantes” que afectaban al Ejecutivo valenciano. “Las mías se investigan, las que afectan a mi gobierno se investigan. Ellos tenían cuatro o cinco temas de calado y no se pudo depurar ninguna responsabilidad política”, ha lamentado, citando el caso de los abusos del exmarido de Mónica Oltra, las ayudas al valenciano al hermano de Ximo Puig, el accidente del tren de Bejís (Castellón) y la supuesta financiación de Venezuela para diputados.
PSPV, Compromís y Vox reclaman la dimisión de Barcala
Por parte del PSPV, su síndic, José Muñoz, ha explicado que su grupo se abstiene porque no espera “nada” de esta comisión de investigación y teme que reproduzca el funcionamiento de la comisión de la dana, en la que las asociaciones de víctimas comparecerán la próxima semana, año y medio después de la tragedia.
Muñoz ha reiterado la petición de dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y de la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero. Ha advertido, además, de que “estamos ante un escándalo de tal calibre que se puede llevar gobiernos por delante”.
“Si Juanfran Pérez Llorca no toma decisiones ante este escándalo acabará como Carlos Mazón. Igual que tuvimos a Mazón el breve ahora tendremos a Pérez Llorca el breve”, ha avisado, en referencia al 'president' actual y al 'expresident' de la Generalitat.
El síndic socialista ha denunciado que “el caso de Alicante no es un caso aislado”, sino “el modelo de vivienda del PP”, y ha reclamado la paralización del Plan Vive de construcción de VPP de la Generalitat, así como la recuperación de los registros de demandantes y de la calificación permanente de la vivienda.
Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ha justificado el voto favorable a la propuesta de Vox porque considera “razonable” investigar posibles irregularidades en la adjudicación de VPP, aunque ha advertido de que la comisión “no sea igual que la de la dana”.
Baldoví ha sostenido que Barcala “ya debería haber dimitido” por “no hacer caso” a un informe que “advertía que había funcionarios del Ayuntamiento de Alicante quedándose estas viviendas”. “A Luis Barcala se le está poniendo el futuro muy negro”, ha alertado.
Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha defendido que la comisión permitirá “vigilar y fiscalizar” las posibles irregularidades y “dirimir todas las responsabilidades, en cualquier caso y caiga quien caiga”. Ha reiterado que su partido exige la dimisión de Barcala “por omisión, ignorancia o incompetencia”.
Debate sobre okupación e inquiokupación
En la misma sesión, el pleno ha aprobado, con los votos de PP y Vox, una iniciativa de este último grupo sobre el “problema” de la okupación y la inquiokupación. Entre otros puntos, el texto reclama el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente que sean propiedad de la Generalitat.