El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha salido en defensa de las decisiones adoptadas por su Ejecutivo tras destaparse la controversia por la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, en la Playa de San Juan, a responsables del Ayuntamiento de Alicante y a personas de su entorno. Al mismo tiempo, ha reconocido que “evidentemente se tienen que reforzar los sistemas de control” y ha asegurado que ya se está trabajando en esa línea.
“Detectamos un trato privilegiado y una información privilegiada de unos jetas, que lo sigo diciendo, y lo que hicimos es investigarlo”, ha insistido durante la sesión de control en Les Corts, ante la petición del PSPV de que asuma responsabilidades políticas por este asunto, destituya a la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, y reclame la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala.
En este debate, el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha acusado al PP de “tráfico de influencias y uso de información pública para quedarse viviendas que pagamos con el dinero de todos”. “El congreso del Partido Popular se hará en la piscina del residencial Les Naus”, ha ironizado, reprochando al Consell que, mientras se conoce este caso, haya personas en Alzira (Valencia) haciendo largas colas durante días para optar a una VPP.
Muñoz ha reclamado a Llorca que la primera intervención de la futura oficina antiokupación, que el Consell pondrá en marcha a raíz de un acuerdo con Vox, sea “ir a Les Naus y desalojar a los okupas del Partido Popular de alto standing”.
En su primera respuesta, el jefe del Consell ha evitado entrar de lleno en la polémica concreta de estas VPP y ha reivindicado el plan Vive de la Generalitat como ejemplo de “diálogo, entendimiento y política útil”, subrayando que se han adherido ya 85 municipios gobernados por el PSPV.
Además, ha reiterado su crítica a los ocho años de gobierno del Botànic, asegurando que en ese periodo se construyeron “cero viviendas” públicas frente a las “4.800” que, según ha destacado, se han impulsado desde la llegada del PP al Consell en 2023.
“Carece de autoridad moral”
En su segunda intervención, el síndic socialista ha acusado al PP de haber suprimido condiciones para acceder a la vivienda pública mediante un decreto aprobado en 2024 que, a su juicio, “es el origen de lo que ha ocurrido”. “Eliminaron controles para acceder a las viviendas, eliminaron la calificación permanente y, sobre todo, le dieron la posibilidad de adjudicarlas al promotor”, ha señalado.
“Usted carece de autoridad moral –ha espetado a Llorca–, su gobierno también, pero lo que es un peligro público es que la consellera que lo firmó siga en el cargo sin que usted le haga dimitir”. Ha recordado igualmente que el decreto de 2024 llevaba la firma de Camarero y del ‘expresident’ Carlos Mazón, que continúa como diputado del PP pero no ha asistido al pleno de este miércoles en Les Corts.
Muñoz ha afeado a Llorca que se muestre “indignado” por el caso de las VPP de Alicante cuando, según ha denunciado, utilizó su “posición privilegiada” como alcalde de Finestrat para “reformarse la piscina” de su casa y “beneficiarse a sí mismo”.
Tras ello, ha exigido al líder del PPCV que ponga fin a este “cártel de la vivienda” y devuelva las viviendas adjudicadas de forma irregular a “la gente que lo necesita”. Ha avanzado también que el PSPV presentará enmiendas al segundo decreto de simplificación administrativa del Consell para reclamar la paralización del plan Vive y forzar la reversión de las VPP concedidas de manera irregular.
“Este escándalo debe remover conciencias y también deben actuar otros partidos”, ha concluido, aludiendo a que “Vox está muy callado” y, a su juicio, “apoyando a Pérez Llorca y siendo cómplice de esta situación”.
Niega que se eliminaran requisitos
En su contrarréplica, el ‘president’ ha defendido que, en los dos meses que lleva en el cargo, está intentando “poner orden” en lo que, según él, el Botànic no ordenó en ocho años en materia de vivienda. Sobre el caso de Les Naus, ha apuntado que “el Ayuntamiento le vendió el solar al promotor” cuando gobernaba “un tripartito” de izquierdas encabezado por el PSPV: “¿Esa era la preocupación que tenían por la vivienda?”.
Llorca ha vuelto a justificar la decisión del Consell de apartar a un funcionario que adjudicó una de las VPP a su esposa, un empleado público que “fue ascendido por Compromís” durante el Botànic. “Puse orden y lo suspendí de empleo y sueldo”, ha recalcado, reiterando que la información se remitió “de inmediato a Fiscalía”.
“Evidentemente, se tienen que reforzar los sistemas de control y es lo que estoy haciendo”, ha añadido, rechazando las acusaciones del PSPV de que se hayan “quitado requisitos” para acceder a una VPP: “Eso es una falsedad, no es cierto”.
Ha subrayado que la ampliación del umbral de renta hasta 66.000 euros para poder optar a estas viviendas está supeditada a condiciones como tener a cargo un menor con discapacidad, una persona mayor de 65 años o ser mayor de edad y encontrarse en situación de desempleo. “¿A ustedes les molesta que una familia que tenga un niño con discapacidad, un mayor dependiente, un mayor de 65 años y otros mayor que no pueda trabajar no tenga esa posibilidad?”, ha interpelado al PSPV.
El ‘president’ ha sostenido que “lo que les molesta de verdad” a los socialistas es que el Consell haya demostrado que “con diálogo, entendimiento y colaboración” se puede lograr unidad para promover vivienda pública. “¿Si el modelo del plan Vive es tan malo, por qué 85 alcaldes del Partido Socialista lo apoyan?”, ha preguntado.
Acusaciones de “prostituir la política de vivienda”
Más tarde, la diputada del PSPV y exconsellera del Botànic Mª José Salvador ha intensificado las críticas al Consell por las VPP de Alicante, acusando al PP de “prostituir la política de vivienda”. “¿Qué arraigo hay que introducir? ¿El del Partido Popular?”, ha lanzado a Llorca, después de que este anunciara que se incorporará el arraigo como criterio para acceder a viviendas públicas.
En su contestación, la vicepresidenta y consellera de Vivienda ha remarcado que el proyecto de Les Naus se puso en marcha bajo el Botànic, tanto en lo relativo a la venta de las parcelas como a la creación de la cooperativa, la fijación de precios y las condiciones de calificación.
Camarero también se ha preguntado cuántos funcionarios remite el PSPV a Fiscalía cuando detecta irregularidades: “Nosotros investigamos, apartamos y llevamos a Fiscalía”.