La exconsellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, responsable de Emergencias durante la dana del 29 de octubre de 2004, ha admitido este lunes en el Congreso que se produjeron “fallos” tanto en los días previos como durante esa jornada —entre ellos la ausencia de una regulación clara sobre el uso del Es-Alert— y ha recalcado que no fue el Ejecutivo autonómico quien ordenó la retirada de los bomberos forestales desplegados en el Barranco del Poyo, cauce que se desbordó por la tarde y desencadenó la tragedia.
En un primer momento, Pradas había avanzado que no respondería a las cuestiones de los diputados de la comisión de investigación sobre la dana, al estar investigada en la causa penal. No obstante, finalmente ha accedido a realizar matizaciones a sus interlocutores, varios de los cuales la han acusado de “mentir” y le han afeado que rehúya dar explicaciones en sede parlamentaria cuando hace apenas dos semanas sí participó en una entrevista televisiva.
Tras precisar que mantiene íntegramente lo que declaró ante la jueza y en ese programa de televisión, Pradas ha indicado que muchas de las cuestiones planteadas ya están recogidas en un escrito de consideraciones que intentó leer al inicio de la sesión. La presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez, se lo impidió alegando que el formato de trabajo es de pregunta-respuesta.
En cuanto ha tenido ocasión, la exconsellera ha leído fragmentos de esos ocho folios para, según ha dicho, “dar la cara y colaborar”. “Aquella jornada estuve al pie del cañón y así me mantuve hasta el mismo día en que me cesaron --figura en el escrito repartido a los diputados--. Yo llegué chopada y preocupada al Cecopi y allí permanecí casi sin salir, ininterrumpidamente durante días. Otros no llegaron nunca al Cecopi, o no llegaron a salir de sus despachos, o bien estaban inaugurando jornadas, permanecían despreocupados, o simplemente estaban conectados a una pantalla”.
En su intercambio con el diputado de Sumar Nahuel González, ha aceptado que hubo “fallos” previos y también ese día, que se cerró con 230 fallecidos en la provincia de Valencia. Además, respondiendo al parlamentario de Compromís Alberto Ibáñez, ha detallado que, antes de iniciarse la reunión del Cecopi, la información que manejaba era que “los bomberos forestales estaban desplegados” en el Barranco del Poyo.
Cuando se le ha preguntado quién ordenó su retirada, Pradas ha instado a los diputados a seguir formulando esa misma pregunta “a ver si alguien les contesta”. “Desde luego, la consellera Pradas, no”. Ante la repregunta de Ibáñez —“¿Fue alguien de su Gobierno?”—, ha replicado: “Hasta dónde yo sé, no”. Después ha añadido que esa cuestión deberá aclararla “quien lo tenga que contestar” y que el extremo se está “investigando” y allí “se verá”.
“La verdad se sabrá” y reparto de responsabilidades
“Quiero colaborar hasta el final y sé que la verdad finalmente se sabrá”, ha afirmado la compareciente, insistiendo en que estuvo siempre “al pie del cañón” en el desempeño de sus funciones. Ha remarcado que la normativa delimita qué competencias corresponden a cada actor en episodios como la dana: “Una cosa es quiénes tienen que decidir y elevar qué medidas se deben adoptar y otra quienes teníamos un papel institucional”, ha señalado, lo que ha llevado a Ibáñez a recordarle que su rol era “ejecutivo”. “No era la reina Letizia”, le ha espetado.
Pradas ha dirigido buena parte de sus críticas hacia la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). De la Agencia Estatal de Meteorología ha asegurado que erró en sus previsiones “estrepitosamente” por ser “negligente y ausente”. Según su relato, el 28 de octubre la Comunitat Valenciana se fue a dormir con aviso amarillo y, durante el día 29, Aemet fue modificando sus pronósticos, señalando en todo momento que el umbral de lluvia estaría entre 180 y 200 litros por metro cuadrado “y cayeron 800”.
“Y el señor (José Ángel) Núñez (jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana) no habló en ningún momento de esos 800 litros, sino de fuertes lluvias”, ha subrayado Pradas, recalcando que, una vez decretada la alerta hidrológica, la Confederación Hidrográfica del Júcar debía advertir de posibles desbordamientos, “y no avisó”, limitándose a remitir un correo a las 18.43 horas.
“Los únicos correos de caudal de la Confederación se hicieron entre las 13.42 y las 16.13 horas; lo siguiente, ya fue informar de la crecida apocalíptica”, ha relatado la exconsellera. Incluso ha precisado que, a las 16.13 horas, la CHJ comunicó que el Barranco del Poyo estaba “seco”.
Críticas a la CHJ, al Ministerio y al marco normativo
En particular, ha arremetido contra el presidente de la CHJ, Miguel Polo, por no trasladar al Grupo de Seguimiento del Riesgo “los avisos de superación de los 30, 70 y 150 litros”, “incumpliendo” con ello el protocolo interno de información escalonada de la Confederación, que, según ha denunciado Pradas, “lo ha escondido”.
Ha puntualizado, además, que tanto Núñez como Polo dependen de la codirectora del Cecopi, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, de quien considera que, si hubiera estado presente en la reunión, las comunicaciones habrían “sido más directas” y “hubiera mejorado en todo la coordinación”.
También ha dirigido reproches al Ministerio para la Transición Ecológica, del que, según ha lamentado, solo recibió una llamada del secretario de Estado a partir de las 20.00 horas, en la que únicamente le trasladó que no podía garantizar que la presa de Forata no fuera a reventar.
A preguntas del PSOE, que ha puesto en duda el retraso de unas dos horas entre la convocatoria del Cecopi y su constitución efectiva, Pradas ha instado a la diputada socialista Marta Trenzano a leer el Plan sobre la convocatoria del Cecopi en nivel 2 de alerta y le ha preguntado “cuántos cecopis se convocaron con el Gobierno del Botànic estando en alerta roja”.
El papel de Mazón y el uso del Es-Alert
En cualquier caso, ha defendido que todas las decisiones adoptadas en el Cecopi se tomaron siguiendo las propuestas de los técnicos y ha querido dejar claro que mantuvo informado “de todo” al expresident Mazón, pero sin que éste interviniera en la redacción del mensaje ni en la decisión de enviarlo. “Ninguna manifestación o mensaje de miembros de su gabinete ralentizaron o impidieron ninguna de las medidas acordadas en el Cecopi, pues todas se ejecutaron conforme se fueron proponiendo y acordando”, recoge su escrito.
Ante los diputados, ha vuelto a desvincular a Mazón: “Fue una propuesta técnica. Yo no pedí autorización a nadie ni esperé a nadie para el envío de la alerta, con la que siempre estuve de acuerdo, pese a que hubo discrepancias entre los técnicos de mayor rango”, ha enfatizado.
Asimismo, ha incidido en que el Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana “no menciona en ningún momento el Es-Alert: ni qué es, ni cómo se usa, ni quién debe determinar su contenido, ni de quién es responsable su envío, ni qué autoridades deben validarlo, ni ante qué previsiones o valores observados ha de enviarse ni a qué zonas”.
“La selva normativa” y el aviso de Rufián
En este marco, ha urgido a la comisión a reclamar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la aprobación de unas “regulaciones técnicas” sobre el Es-Alert, y ha aprovechado para reprochar a su predecesora socialista que no probara nunca el sistema, “jamás”, pese a que ella misma admitió que le “avergonzaba”. La exconsellera ha denunciado la existencia de una “selva normativa”, con disposiciones que se “contradicen” entre sí.
“Cuando esté a punto de entrar en la cárcel se acordará de este día y pensará que pudo decir mucho más”, ha advertido el diputado Gabriel Rufián, que considera a Pradas “la más consciente de cuantos inconscientes e inútiles” que gestionaron la dana.