Raúl Quílez, que en febrero presentó su dimisión como director general de Innovación de la Generalitat Valenciana y que el día de la dana ejercía como gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), ha eludido este lunes en el Congreso explicar por qué las grabaciones que una empresa subcontratada por la SGISE realizó en el Cecopi el 29 de octubre de 2024 no se remitieron de inmediato al juzgado de Catarroja que instruye la investigación por la riada.
Pese a la insistencia de los integrantes de la comisión de investigación del Congreso para obtener respuestas concretas sobre este punto, el compareciente se ha limitado en todo momento a remitirse a lo que ya expuso ante la jueza, evitando aportar detalles sobre las razones por las que esas imágenes tardaron casi un año en llegar al órgano judicial. “Me remito a lo que declaré en el juzgado de Catarroja y poco más que añadir en ese sentido”, ha señalado de forma genérica.
Quílez abandonó el cargo para el que había sido designado por el nuevo Gobierno de Juanfran Pérez Llorca una semana después de declarar como testigo ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. En esa declaración, a la que ha vuelto a remitirse este lunes, admitió que tuvo acceso a los vídeos de la reunión del Cecopi en los que aparecía la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas, dando órdenes y asumiendo la dirección, y reconoció que ese material permaneció oculto durante once meses.
Ante el juzgado explicó que tuvo conocimiento de la existencia de las grabaciones a raíz de una pregunta parlamentaria y que pudo verlas en marzo de 2025, aunque no se remitieron al juzgado de Catarroja hasta comienzos de octubre, después de que la magistrada las reclamara expresamente. En sede parlamentaria, y al ser preguntado por el PSOE sobre si llegó a visionar el contenido, se ha limitado a contestar: “Los vería”.
Interpelado por el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, Quílez ha querido subrayar que no fue cesado, sino que presentó su renuncia de forma voluntaria, que tenía tomada la decisión “mucho antes” y que su marcha no guardaba “nada que ver” ni con la dana ni con su comparecencia judicial.
La destitución de su pareja y las dudas sobre una posible represalia
Sánchez Serna ha puesto en cuestión esta versión, recordando que ese mismo día se cesó a la entonces secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, esposa del compareciente. “Usted dirá que no es una represalia, pero a mi me parece una purga”, ha afirmado, ante el silencio de Quílez.
Sobre este asunto, la diputada de ERC Teresa Jordá le ha preguntado si le pusieron “contra las cuerdas” para forzar su dimisión. El compareciente ha reiterado que tenía sus propios motivos, que actuó por ser “coherente” con sus principios y ha desvinculado su salida de la catástrofe de la dana. “No tiene nada que ver mi dimisión ni con la dana ni con mis declaraciones en el juzgado de Catarroja ni con lo vídeos” del Cecopi, ha insistido.
En su turno, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibañez, ha llegado a preguntarle si alguien le había ofrecido “dinero por callar”, cuestión que el excargo de la Generalitat ha rechazado visiblemente molesto, asegurando que le resultaba ofensiva porque es una persona “entera”.
Su compañero de grupo Nahuel González le ha planteado cómo le había cambiado la vida la dana, y Quílez ha respondido que lo hizo “para mal”, aunque ha rehusado entrar en detalles al considerar que se trata de aspectos personales.
Durante la comparecencia ha relatado que fue su mujer quien, el 29 de octubre de 2024, cuando ya había concluido su jornada laboral, le avisó de que se había enterado “por redes sociales” de la convocatoria del Cecopi, extremo que no ha cuestionado. “El modelo funciona así”, ha señalado con resignación.
Ha añadido que a las 18.00 horas recibió la llamada de la directora de la empresa que gestionaba la comunicación de la SGISE, en nombre del secretario autonómico de Emergencias, el imputado Emilio Argüeso, para que acudiera a la reunión, en la que, según ha reiterado, se sintió “un invitado de piedra”, tal y como ya explicó ante la jueza de Catarroja.
Sin funciones operativas y con dudas sobre su presencia en el Cecopi
En todo momento, Quílez ha negado haber tenido un “papel operativo”, al recordar que su responsabilidad se limitaba a la gerencia de la empresa pública y que no formaba parte de la estructura del Cecopi. “Nunca me dijeron cuál era mi rol allí”, ha llegado a manifestar.
“Yo no tengo funciones operativas, en la SGISE prestamos el servicio de personal, equipamiento y vehículos que requiere la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta en Emergencias”, ha explicado, admitiendo que para aquella jornada no recibieron solicitudes específicas.
Preguntado sobre si conocía los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología en los días previos, ha indicado que no integraba “ningún grupo de gestión de las emergencias”, y ha asegurado desconocer si los técnicos presentes en el Cecopi adoptaban decisiones operativas.
Ha recordado, eso sí, que escuchó a los asistentes “aportar ideas” de “todo el mundo” que estaba en la sala sobre el texto del mensaje de alerta a la población, y ha negado que se produjera un “guirigay” o que aquello se pareciera a una “discusión de barra”.
Tal y como ya expuso en el juzgado, Quílez ha aludido a las “dudas” expresadas por la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, también imputada, sobre la posibilidad de ordenar o no el confinamiento de la ciudadanía, a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional que cuestionó los confinamientos durante la pandemia.
Según su versión, durante la reunión “se tomaban las acciones en relación con la información que iba llegando”, aunque no ha precisado si percibió falta de datos sobre lo que estaba ocurriendo en el territorio.
Ha señalado que, desde su llegada al Cecopi a las 18.30 horas, se habló “mucho” de Forata, pero no recuerda que entre las 19.00 y las 20.11 horas, momento en que se envió el Es Alert, se abordara el riesgo de desbordamiento del barranco del Poyo. También ha indicado que, desde que él se incorporó, no recuerda que la AEMET ni la Confederación Hidrográfica del Júcar aportaran información sobre la evolución general de los cauces.
Revisión de los planes de inundación y mejora de los sistemas de alerta
En este contexto, se ha referido a la dana como “una de las mayores castástrofes europeas desde la II Guerra Mundial, por no decir la mayor” y ha reclamado abrir una reflexión “a nivel de todo el Estado, no sólo de la Comunidad Valenciana” porque, en su opinión, los instrumentos técnicos que guiaron la gestión de la riada “son los derivados de la legislación nacional”.
El compareciente ha defendido además la necesidad de revisar los planes de inundación de la Generalitat y ha recordado que cada ayuntamiento “tiene articuladas sus acciones en relación con la gestión de las emergencias”.
A su juicio, es imprescindible desarrollar modelos de previsión “mucho más potentes que permitan a los técnicos recalcular de forma más rápida”, lo que implica mejorar la integración de más radares y pluviómetros y avanzar hacia sistemas de alerta temprana “más ágiles y operativos”.