Ampliación | Vox solicita asegurar el aprendizaje del idioma y la integración cultural completa para los beneficiarios de la RVI

Vox propone enmiendas para garantizar la integración lingüística y cultural de los beneficiarios de la RVI, y clasificar la ocupación de viviendas como infracción grave.

Vox ha propuesto en sus enmiendas al proyecto de ley de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) que se asegure para los beneficiarios «el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial atendiendo a la costumbre del país», además de «la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres». Asimismo, demanda que la ocupación de viviendas se clasifique como infracción «muy grave».

La formación liderada por Santiago Abascal desea modificar el apartado 3 del artículo 17 para incluir un itinerario en el Plan de Atención Individual de Inclusión que garantice «el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial, atendiendo a la costumbre del país», así como «el acceso al empleo y la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres».

Además, proponen que si no se resuelve la solicitud de la prestación en un plazo de cinco meses, «se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo».

En relación con los requisitos para los destinatarios de la RVI, Vox sugiere no exigir a las personas de entre 23 y 30 años demostrar haber vivido de forma independiente durante los dos años previos a la solicitud, salvo en casos de «víctima de violencia sobre la mujer» o de «violencia intrafamiliar».

Por otro lado, en lo referente a las infracciones muy graves, plantean que se considere la ocupación de vivienda sin título habilitante y las «prácticas denigrantes contra la infancia o la mujer que sean contrarias al principio de igualdad» como tales infracciones.

Finalmente, para acreditar la residencia habitual, sugieren que se pueda utilizar la Tarjeta Sanitaria Individual (SIP), entre otros métodos, y que los servicios sociales puedan colaborar con entidades de iniciativa social para verificar esta residencia.

La diputada de Vox Miriam Turiel defiende las enmiendas, argumentando que el objetivo es evitar «la cronificación de la dependencia de las ayudas públicas» y proporcionar herramientas para que las personas puedan independizarse económicamente.

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