El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha asegurado que el día de la dana “la única información de que se dispuso” sobre la presa de Buseo —de titularidad autonómica y gestión externalizada— estaba en manos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que “quien mandaba” era el presidente de este organismo, Miguel Polo.
Barrachina ha cuestionado “por qué” el presidente de la CHJ, Miguel Polo, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, “disponiendo de la información del director de explotación, de un posible desbordamiento, deciden guardar silencio”. Según ha recalcado, “esa información la tenían ellos, sólo ellos, y decidieron no darla en el Cecopi”.
Durante su comparecencia este martes en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts, el conseller ha señalado que el sistema SAIH “desapareció a las 22 horas y antes de desaparecer, funcionó mal” y “con retraso”. Al mismo tiempo, ha recordado que Compromís decidió externalizar en 2022 la gestión de Buseo mediante un “contrato de explotación y gestión de la emergencia”, alegando “la falta de capacidad de la Dirección General para poder realizar los trabajos de dicha contratación, dada la carencia de recursos técnicos suficientes”.
En este sentido, ha explicado que “en 2022 dicen que, como se carece de cualificación técnica en la dirección general, se externaliza, y ahora lo que pretenden, después de pagarle 800.000 euros merecidos a la empresa, es que haya injerencias políticas en la gestión técnica de la emergencia que ellos contrataron. Injerencias políticas en la gestión técnica felizmente no ha habido ninguna”.
El titular de Agricultura ha indicado que “a las 18 horas los avisos que tenían era que desaparecía la alerta roja, y por tanto los trabajadores de la CHJ, que sí que está en el Cecopi porque es un órgano especializado, se fueron a casa todos los vigilantes antes de la una, y ahora resulta que ellos sí que sabían lo que iba a pasar”.
Además, ha puesto el foco en el correo remitido a las 20.41 horas por el ingeniero adjunto al director de explotación del embalse de Buseo, Alberto Canet, dirigido a la CHJ. Estas afirmaciones han provocado la protesta de PSPV y Compromís, que han remarcado que ese mensaje también se envió a la Conselleria.
“Quien mandaba era Polo” y la única información estaba en la CHJ
El conseller ha explicado que, en episodios de avenidas como la del 29 de octubre, “regían las normas de explotación, lógicamente”. Ha detallado que dichas normas prevén que “en caso de avenidas se constituye un comité permanente de cuatro personas de forma automática” presidido por el presidente de la CHJ, Miguel Polo, y formado íntegramente por personal de este organismo. Uno de esos miembros, ha señalado, “en cumplimiento de su obligación, intentó o estableció contacto con el director de la explotación que pertenece a la empresa privatizada en 2022 por Compromís”.
Barrachina ha reiterado que “las normas de explotación están permanentemente vigentes” y que, en consecuencia, “quien mandaba” era Miguel Polo, “que es quien recibió la única información de la que se dispuso antes del triste fallecimiento de las dos víctimas en Sot de Chera”. Ha insistido en que “la única información de que se dispuso la tenía la CHJ que estaba en el Cecopi, en el órgano especializado al que no pertenece la Conselleria de Agricultura, y por tanto quien tenía esa información dada por correo electrónico y confirmado que la tenían a las nueve y un minuto, a través de la dirección de la explotación, era la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo y (la delegada del Gobierno) Pilar Bernabé”.
En relación con el plan de emergencia, ha recordado que también contempla la creación de un comité permanente, de nuevo con cuatro miembros de la CHJ, junto a técnicos de la empresa adjudicataria Typsa. A este respecto, ha advertido: “Aquellos que con alegría imputan hasta siete víctimas mortales por la gestión del embalse están acusando a un compañero de partido”.
Barrachina ha defendido que tiene “la mejor consideración” sobre la empresa a la que se ha externalizado la gestión de la presa. “Es más, creo que el hecho de que el embalse ese día estuviese vacío, que es una decisión técnica, no política, permitió acoger la mitad de la avenida, por tanto no tengo ninguna objeción”, ha dicho sobre Typsa.
Plan de emergencia y falta de inversiones previas
Al hilo de que el plan de emergencias no estuviera completamente operativo en la presa el 29 de octubre, el conseller ha remarcado que “no hay ningún embalse público en la Comunitat Valenciana que tenga implementado el plan de emergencias”, y que el único que se encuentra en plazo para hacerlo es el de Buseo, que ahora mismo lo tiene “implementado en el 99%”, antes del límite fijado en julio de 2027. “Es el único en todos los demás, incluido el de Forata”, ha apuntado, destacando que este último es ocho veces mayor.
Ha añadido que las normas de explotación obligan a elaborar informes de seguridad cada cinco años y ha resaltado que Buseo dispone de uno emitido en mayo de 2024 y otro en noviembre de 2024. Según ha indicado, “la CHJ admite que no ha revisado forata desde 2017”.
El conseller ha señalado que existen informes desde 2017 que advierten de que “las catastróficas consecuencias para la población de Sot de Chera ante un eventual colapso de la instalación obligan a considerar la necesidad de una actuación rápida” en Buseo. A su juicio, pese a esa información, el presupuesto del Botànic en 2022 y 2023 fue de “cero euros”, mientras que el actual Consell “solo en un año ha invertido cuatro veces más que en los ocho del Botànic, solo a 31 de diciembre del año pasado, hasta 4.700.000 euros”. Ha añadido que el Consell prevé destinar 35 millones de euros en los próximos años a actuaciones en Buseo.
Reproches cruzados entre los grupos parlamentarios
En el turno de los grupos, la diputada socialista Alicia Andújar ha afeado al conseller que estuviera “en casita desde las seis y media de la tarde” durante la dana y después “en los brazos de Morfeo”, una conducta por la que considera que está “inhabilitado” y por la que ha reclamado su dimisión.
Desde Compromís, Paula Espinosa ha replicado a Barrachina que “quien dejó abandonada la presa de Buseo en 2013 fue el PP”, y ha defendido que, con la llegada del Botànic, se pusieron “todos los medios disponibles” para su recuperación. También le ha reprochado que no alterara su agenda en plena emergencia, algo que interpreta como “una dejación de funciones al completo”.
El diputado de Vox Joaquín Alés ha denunciado de forma general la escasa inversión en presas y embalses en un territorio como el valenciano, “vulnerable a las inundaciones”, lo que, a su juicio, desencadenó “una cadena de descontrol” durante la dana y pone de manifiesto “el fracaso del modelo autonómico”.
Por último, el síndic del PP, Nando Pastor, ha defendido que Barrachina ha ofrecido en los últimos meses y en esta comparecencia “todas las explicaciones del mundo” sobre Buseo y ha reiterado que la obligación de informar al Cecopi de la situación de la presa recaía “exclusivamente sobre Miguel Polo y Pilar Bernabé”.