Compromís ha presentado en Les Corts Valencianes una solicitud para constituir una comisión de investigación sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante, a raíz de la controversia generada por el proceso de una promoción situada en la Playa de San Juan. “El plan Vive se ha convertido en el plan ‘vividores’”, critica la coalición.
La iniciativa se impulsa después de trascender que la que hasta hace unos días era concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal figuran como compradores y tienen escrituradas a su nombre cuatro de esas viviendas protegidas.
“Hoy sabemos que el plan Vive se ha convertido en el plan vividores, que es en definitiva el modus operandi que siempre ha tenido el PP: beneficiar a los suyos, lo digas cuando lo digas, lo digas el año que lo digas, o lo digas en la legislatura que lo digas, es aprovecharse de la política en beneficio propio”, han denunciado el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y la diputada Mª Josep Calabuig en declaraciones a los medios este lunes.
Ante este escenario, Compromís reclama que la comisión de investigación en Les Corts sirva “para que se aclare qué es lo que ha pasado con esas viviendas de protección oficial que se han adjudicado en Alicante a miembros del PP, a cargos del PP y a personas muy relacionadas con el PP”, ha subrayado Baldoví.
Calabuig ha incidido en que no se trata “de un caso aislado y anecdótico, sino que al final lo que se está haciendo es poner en evidencia y demostrar la estrategia del PP en materia de vivienda: un modelo que deja de lado a las familias y a las personas con rentas bajas y medias para beneficiar a familias y personas con rentas altas, y en concreto a personas que tienen carnet del PP y que viven en el entorno del gobierno autonómico”.
Personas con “sueldazos” y acceso a vivienda protegida
La diputada ha recordado que, para facilitar este modelo, “en su momento ya presentaron el plan Vive, en plan de los vividores como estamos viendo ahora, y también han modificado la normativa para acceder a la vivienda pública”, de forma que ahora “personas con sueldazos de casi 70.000 euros pueden acceder a pisos protegidos”. “Mientras que familias valencianas que ni siquiera llegan al final del mes no pueden permitirse una vivienda, tenemos cargos del PP que están repartiéndose las viviendas”, ha denunciado.
En este contexto, ha remarcado que la finalidad de Compromís al promover esta comisión de investigación “es que esto se investigue y se haga justicia”, especialmente cuando “tenemos a familias valencianas que no encuentran un piso y que es muy complicado encontrar una vivienda digna y asequible”. Para Calabuig, el caso de Alicante es “un grito al cielo ya, porque evidentemente lo que hacen falta son medidas y políticas contundentes en materia de vivienda”.