Compromís ha adelantado que registrará en Les Corts una proposición de ley para retocar la Ley 8/2004 de Vivienda de la Comunitat Valenciana, con la finalidad de que las viviendas de protección pública (VPP) mantengan su condición “de forma permanente”. La iniciativa también busca que tanto las promociones impulsadas por la administración como las privadas dispongan “la misma consideración y los mismos requisitos” de acceso, y que la adjudicación se realice mediante sorteo público con el objetivo de evitar la “opacidad” que atribuyen al actual Consell del PP.
Así lo han expuesto el síndic de Compromís, Joan Baldoví, y la diputada Mª José Calabuig en unas declaraciones a los medios este lunes en Les Corts, donde han insistido en que se trata de una propuesta “sencilla, fácil, razonable, de sentido común y, en definitiva, justa”. Baldoví ha añadido que la reforma podría aprobarse en el próximo pleno y, por tanto, “estar ya en vigor a partir de abril”.
“Si queremos aumentar la parte de vivienda protegida, lo que no tenemos que hacer es proteger esa vivienda. Esa vivienda se ha pagado en dinero de todos y, por tanto, ha de ser siempre vivienda protegida”, ha defendido el síndic, remarcando que las viviendas levantadas con recursos públicos “siempre sean” de carácter protegido. A su juicio, “si queremos tener un parque público de vivienda, lo que no podemos hacer es, cada X tiempo, desprotegerlo” para que “algunos hagan negocio”.
Por su parte, Calabuig ha detallado que el sistema de acceso a una vivienda de protección pública sería “sencillo” y arrancaría con la inscripción en el registro de solicitantes. Cuando exista una VPP disponible, se anunciará en la web de la Generalitat para que todas las familias en lista de espera puedan “ver las condiciones y acceder en las mismas”, abriendo un plazo para que quienes cumplan los requisitos puedan optar a esa vivienda.
Tras ese periodo, se celebrará un sorteo público con el fin de garantizar “la igualdad de condiciones entre todas las familias que cumplen los requisitos” y, posteriormente, se procederá a la adjudicación. El resultado se hará público en la web institucional y se comunicará también por correo a la persona beneficiaria.
“Ahora mismo hay 76.000 familias que están esperando una vivienda pública y con este primer paso queremos garantizar la igualdad de condiciones entre todas”, ha señalado la diputada de Compromís. Al mismo tiempo, ha indicado que otro de los fines es “evitar lo que ha ocurrido” con el residencial Les Naus, en la playa de San Juan de Alicante, donde, según ha denunciado, “cargos familiares y amigos del PP se han colado a estas más de 76.000 familias”.
Críticas al decreto del Consell y riesgo de especulación
En el texto registrado, Compromís sostiene que las modificaciones introducidas por el decreto 180/2024 del Consell sobre el régimen jurídico de las VPP, “lejos de reforzar el derecho a la vivienda en un contexto de emergencia residencial, han supuesto un debilitamiento de las garantías” de ese derecho. La coalición reprocha que esta regulación “ha eliminado el carácter permanente de la protección y rebajado los controles públicos sobre el destino de las viviendas de promoción privada”.
Según alerta la formación, este marco normativo “tiene como consecuencia la pérdida de las limitaciones propias de la protección pública, abre la puerta a procesos especulativos presentes y futuros y compromete la consolidación de un parque estable de vivienda protegida que dé una respuesta estructural a largo plazo al derecho constitucional de acceso a la vivienda”.
Además, argumenta que la experiencia reciente “demuestra que, sin mecanismos firmes de control, seguimiento y garantía del destino efectivo de las viviendas protegidas, se desvirtúa su función social” y recalca que la vivienda protegida “no puede concebirse como un instrumento temporal sometido a dinámicas de mercado, sino como una herramienta estructural de política pública orientada a garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible”.
Por todo ello, Compromís considera imprescindible impulsar una reforma legal que reoriente el régimen actual hacia “la consolidación de un parque de vivienda protegida estable, suficiente y sometido a garantías públicas efectivas”, reforzando el carácter permanente de la protección y “blindándola ante procesos especulativos”. Al mismo tiempo, propone reforzar los instrumentos de transparencia, concurrencia y control en el acceso y la gestión, “asegurando que prevalezca interés general sobre cualquier otra expectativa”.
Investigación sobre la adjudicación al exdirector del Cartogràfic
En otro orden de cosas, preguntado por la investigación abierta por la Fiscalía a raíz de una denuncia de la Agencia Antifraude contra el exalto cargo de Compromís Xavier Navarro, director del Institut Cartogràfic Valencià entre 2015 y 2023, por la adjudicación de una VPP en La Torre de València, Baldoví ha reiterado su demanda de “igualdad de condiciones para todos” y ha pedido que, si en este expediente se detecta alguna irregularidad, la Conselleria competente “lo investigue y, si alguien ha de tomar cualquier tipo de decisión, que se tome”.
El síndic ha subrayado que en la coalición reclaman “el mismo rasero para todos a la hora de otorgar o no otorgar vivienda pública”. “No se puede venir aquí a tirar la piedra y después que no se sepa nada. Queremos que la Conselleria haga las averiguaciones y, si hay alguna irregularidad, que aplique aquellas soluciones o sanciones que se hayan de aplicar”, ha concluido.