Compromís ha presentado en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas dirigidas al Gobierno en las que insta al Ejecutivo a actuar judicialmente contra las plataformas 'online' que permiten emisiones como las de "Zona Gemelos" o "Casa de los Gemelos" y la plataforma en la que presuntamente falleció el 'streamer' Sergio Jiménez. El joven murió en la madrugada del 30 al 31 de diciembre en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), un suceso que está siendo investigado por los Mossos d'Esquadra, según han indicado a Europa Press fuentes de la investigación.
El diputado de Compromís-Sumar y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Alberto Ibáñez, ha planteado al Gobierno si contempla emprender acciones judiciales o exigir responsabilidades a las plataformas que permiten este tipo de retransmisiones. También pregunta si el Ejecutivo se plantea reformar la Ley General de Comunicación Audiovisual o aplicar de forma más estricta la normativa vigente "a la vista de que no se está cumpliendo la prohibición de emisión de programas con escenas de violencia gratuita".
Ibáñez solicita igualmente aclarar si la persona fallecida mencionada y las personas vinculadas a "Zona Gemelos" o "Casa de los Gemelos" (Carlos Ramos y Daniel Ramos o la sociedad que gestionen) figuran como usuarios de especial relevancia en el Registro Estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual, de prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma y de prestadores del servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual. "En caso de no estarlo, ¿existe infracción de lo dispuesto legalmente?", ha cuestionado.
El diputado recuerda que ya se han producido casos parecidos al de Jiménez, como el de Raphaël Graven, fallecido en Francia durante un reto de características similares. Paralelamente, subraya que se han popularizado en Youtube retransmisiones "donde la violencia entre personas reales es un reclamo para la audiencia, como es el caso de la Casa de los Gemelos".
"Esto nos informa de una dinámica deshumanizadora de las redes y espacios de impunidad que deben encontrar coto y una acción de protección activa de la Administración hacia la salud e integridad física de las personas, pues en muchos de estos casos se estaría haciendo uso de las vulnerabilidades psicológicas de los y las participantes para hacer dinero, suponiendo esto una irresponsabilidad y poniendo en peligro la salud e integridad de estas personas", ha denunciado Ibáñez.
Desde Compromís se reclama reforzar la normativa actual, dado que la prohibición de mostrar o fomentar violencia gratuita suele limitarse al control de acceso de menores a las plataformas, un filtro que muchas de ellas no aplican con la debida eficacia. Además, Ibáñez advierte de que la regulación vigente no contempla de forma adecuada las conductas que promueven la autolesión o el riesgo para la integridad física con el único fin de generar audiencia y contenido.
"Entendemos que podrían tener consecuencias penales, pues no solo existe una falta total del deber de auxilio, sino que existe una acción positiva a la inducción a que un tercero se autolesione", ha señalado.