Compromís ha presentado este viernes en Les Corts un paquete de 63 enmiendas al proyecto de ley de simplificación administrativa promovido por el Consell. Con estas propuestas, la coalición subraya que “la supuesta simplificación no puede servir de excusa para recortar derechos sociales y debilitar los controles democráticos, abriendo la puerta a mayor opacidad y especulación”.
Desde la formación valencianista critican que el Ejecutivo autonómico del PP, respaldado por Vox, “vende como lucha contra la hiperregulación es, en realidad, un desmantelamiento de garantías esenciales”.
Las enmiendas de Compromís pretenden situar los derechos sociales como una obligación para las instituciones. Entre otras medidas, ligan de forma estable al presupuesto las prestaciones de asistencia personal para que pasen a ser derechos exigibles y “no favores condicionados a la voluntad política de cada año”. Al mismo tiempo, enlazan la política social con la fiscal, puesto que “una valoración injusta o un sistema de deducciones desfasado empobrece directamente a familias con personas con discapacidad”.
En el ámbito tributario, las propuestas modifican el IRPF autonómico mediante nuevas deducciones y la actualización de cuantías para familias con hijos con discapacidad o diversidad funcional. Incluyen una deducción recurrente por discapacidad severa y fijan con precisión el concepto de permanencia, con el fin de impedir interpretaciones restrictivas.
En materia de control y transparencia, las enmiendas refuerzan el papel de la Abogacía General de la Generalitat y del Consell Jurídic Consultiu (CJC) como filtros preceptivos en la tramitación de leyes, reglamentos, convenios, contratación pública, procedimientos sancionadores y subvenciones.
Participación ciudadana y límites a la inteligencia artificial
Las modificaciones planteadas también blindan los mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de normas, para evitar que la consulta previa y la audiencia pública se conviertan en “papel mojado”. Además, rechazan el uso desregulado de la inteligencia artificial (IA) en las tareas de intervención y control interno, con el objetivo de impedir “algoritmos de caja negra” en decisiones sobre dinero público.
Anticorrupción y control de subvenciones
Otro bloque de enmiendas se centra en la lucha contra la corrupción. Compromís propone recuperar los elementos esenciales en las bases reguladoras de subvenciones, como los criterios de concesión, las cuantías, los sistemas de control y compromisos como el de no deslocalización empresarial. La coalición reclama que bases y convocatorias solo puedan aprobarse simultáneamente en supuestos justificados, para reducir la opacidad y las decisiones discrecionales. Asimismo, refuerza la obligación de supervisión técnica de las obras antes del pago de ayudas y aclara el régimen de reintegros, de forma que los errores formales no dejen sin sanción cobros indebidos.
Grandes proyectos y freno a la especulación
Las enmiendas también reordenan la regulación de los proyectos de interés autonómico y de inversión estratégica, con la intención de que se limiten a casos realmente excepcionales, sostenibles y coherentes con la estrategia territorial y la infraestructura verde. Se cierran, además, las puertas a grandes operaciones especulativas al acotar los usos principales (terciario, industrial y logístico), excluir el residencial de carácter especulativo y exigir participación pública en las plusvalías generadas.
Según detalla la portavoz adjunta Aitana Mas, “el hilo de las enmiendas busca reforzar instituciones propias (Abogacía, Consell Jurídic Consultiu, Inspección, Consell de Formació, Consell Valencià del Turisme, Autoridad de Transporte) como escudos de la ciudadanía, no como ornamentos. E implantar un modelo propio de bienestar y territorio. Queremos que la dependencia, la fiscalidad social, los proyectos económicos y el turismo se regulen desde una mirada valenciana, arraigada, con criterios propios y no solo con el discurso abstracto de la unidad de mercado”.
La diputada concluye que “el Consell del PP vende esta modificación legislativa como una lucha contra la hiperregulación, pero cuando miras el detalle, lo que debilitan son informes jurídicos, audiencias públicas, códigos éticos, garantías en dependencia, controles de subvenciones y límites a la especulación urbanística. Dicen que quieren menos papeleo; el problema es que lo que recortan no son papeles, son derechos”.