Compromís ha criticado al Consell por no querer establecer un sistema de subvenciones destinadas a los ayuntamientos valencianos, con el fin de que estos puedan modificar sus planes generales de ordenación urbana (PGOU) y gestionar adecuadamente sus localidades frente a la influencia de las empresas de energías renovables. El PP de Carlos Mazón ha dicho que no, se ha negado a defender la autonomía local y la ha recortado con la ‘ley simplifica’, denuncia.
El representante de Industria de Compromís en Les Corts, Vicent Granel, y la congresista Àgueda Micó han dialogado con miembros de la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables, que reúne a más de 70 agrupaciones defensoras del territorio y colectivos ecologistas de Valencia.
Estos líderes regionalistas han respaldado las demandas y sugerencias de la Coordinadora, ya que consideran que la necesaria transición energética tiene efectos no deseados en el territorio y la economía cuando se impulsa mediante grandes infraestructuras de energía renovable que no están planificadas, informa la coalición.
Compromís ha identificado dos problemas principales que intensifican la situación: la falta de coordinación entre el gobierno de Mazón y el Ministerio de Transición Ecológica, y la presión de los promotores para obtener licencias rápidas como si fueran una concesión sin restricciones.
Mazón ha tirado por la vía fácil y ha escogido la peor opción posible, solo en beneficio de las empresas que quieren establecer las instalaciones, y ha marginado completamente a las poblaciones valencianas que reivindican un uso racional de sus términos municipales, teniendo en cuenta sus sectores productivos, especialmente el agrícola, los recursos naturales y los elementos patrimoniales que los rodean, denuncia el diputado en Les Corts.
La coalición valencianista señala otros elementos absolutamente necesarios para una adecuada integración. Uno de ellos es que la ocupación de suelos por parte de plantas renovables no exceda el 3%.
CASOS ‘MUY GRAVES’ EN VILLENA Y EL INTERIOR DE CASTELLÓN
Se mencionan ‘casos muy graves’ como los de Villena (Alicante), con 22 proyectos que podrían impactar el 40% de su producción vinícola, o los parques eólicos en el interior de Castellón.
Según Compromís, la nueva legislación autonómica elimina la necesidad de informes de impacto ambiental, permite que las instalaciones renovables se sitúen a 500 metros de un Bien de Interés Cultural (BIC) y ocupen el 10% de un municipio aunque el municipio no lo considere conveniente, porque la última palabra la tiene la Generalitat. Mazón manda y la consellera Marián Cano ejecuta sin vergüenza, a pesar de las advertencias de las personas expertas, critica el legislador autonómico.
La coalición ha promovido acciones institucionales en Les Corts, el Congreso, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos para solicitar la creación de un plan de acción territorial (PAT) para la implantación de las energías renovables en Valencia.
Este plan buscaría analizar y definir un mapa valenciano con las áreas más adecuadas para la instalación de estas energías, zonas que deberían ser compatibles con la agricultura y minimizar el impacto ambiental y patrimonial. De acuerdo con Compromís, también debería ser una planificación realizada en colaboración y no en contra de la ciudadanía y los ayuntamientos, como está sucediendo actualmente.
Compromís tiene la convicción absoluta de que hecho el PAT, la agilización de los trámites para crear plantas e instalaciones fotovoltaicas y eólicas sería mucho mayor y todas las partes saldrían beneficiadas: Hecha la zonificación, las instalaciones generadoras de energías renovables solo requerirían de una licencia municipal, acompañada de un solo informe o de una simple validación.