QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Mesa del Congreso ha detenido las solicitudes de comparecencia impulsadas por Sumar, que buscaba traer a los líderes de Acciona y Levantina, ambas compañías relacionadas con el escándalo de sobornos por contratos de obra pública, investigado en los ex secretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y el ex asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, Koldo García.
De acuerdo con información proporcionada por fuentes del parlamento, basándose en la opinión legal de los letrados, la autoridad del Congreso ha decidido no convocar a estos empresarios debido a que los ciudadanos comunes no están bajo el escrutinio parlamentario y solo podrían ser llamados ante una comisión de investigación.
Más Madrid había demandado la comparecencia del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, tras menciones de su empresa en un reporte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respecto a Cerdán.
En dicho documento, Más Madrid destacó que los proyectos de obra pública bajo investigación superan los 720 millones de euros y un notable 75% de estos, se estimaba, fueron otorgados a Acciona.
Ante la divulgación del informe de la UCO sobre Santos Cerdán, la constructora declaró su ‘total desconocimiento, sorpresa y preocupación’ por estas alegaciones, comenzó una indagación interna para clarificar los hechos y establecer responsabilidades, lo que concluyó en el despido del entonces director de Construcción, Justo Vicente.
Asimismo, la Mesa rechazó la solicitud de Sumar para que el jefe de seguridad internacional de Acciona y ex director de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, testificara, sospechando que la ausencia de un registro en la sede de Acciona, a diferencia de las otras empresas involucradas, podría estar relacionada con que Corbí lideró la UCO hasta 2021.
La UCO mantiene que los contratos investigados por el Tribunal Supremo en el ‘caso Koldo’ fueron asignados a Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos en diversas regiones de España.
Compromís, parte del grupo de Sumar, solicitó la comparecencia del empresario valenciano José Ruz, propietario de LIC, después de que se revelara que Koldo García estaba en su ‘nómina’ y tras su salida del Ministerio de Transportes, y resultó beneficiario, en una UTE con Construcciones Vilor, de la estación del AVE de Elche (Alicante).
Por último, la Mesa del Congreso también negó la petición de Vox de que Ábalos compareciera, argumentando que los diputados tampoco están sujetos a control parlamentario. Vox quería interrogar a Ábalos sobre la posible filtración de un fallo judicial antes de su anuncio oficial.
Según ‘El Mundo’, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, había informado a Ábalos, en agosto y septiembre de 2020, sobre el veredicto absolutorio de una sentencia que implicaba al entonces mayor de los Mossos d’Esquadra, José Luis Trapero, antes de ser dictada y notificada, y esta información se usó con propósitos partidistas durante las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
