El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha cargado contra la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de España y su «impacto negativo» ante la «inseguridad jurídica generada» sobre la oferta, al tiempo que ha reivindicado la gestión de la Generalitat en este ámbito, con el impulso del Plan Vive. Además, ha garantizado apoyo a las personas y familias víctimas de la okupación, a las que ha prometido que no están «solas».
Durante su comparecencia este martes en la comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes de Les Corts, ha abordado el impacto de la Ley de Vivienda, para advertir de que durante su periodo de vigencia el precio de alquiler «se ha incrementado» en ciudades como València, por lo que ha acusado al Ejecutivo central y a las formaciones que le dan soporte de intentar «tapar su incapacidad para dar una solución al problema de la vivienda» al «culpabilizar de esta situación de emergencia residencial a los propietarios o al turismo».
A su juicio, con esta norma los ciudadanos «se enfrentan día a día a problemas muy graves como la okupación» y «especialmente» al fenómeno de la ‘inquiokupación’, «un problema que sufren ya muchas familias», según ha sostenido, las cuales están «desamparadas por una legislación estatal que, paradójicamente, da cobertura a quienes son ocupantes ilegales».
De hecho, ha asegurado que valencianos que quieren poner sus viviendas en alquiler no lo hacen por «temor» a la okupación. Ante esta situación, ha defendido que el Consell ha impulsado medidas como la creación de la Oficina de Atención a las Víctimas de la Okupación, entre otras, una herramienta que no supone «ningún coste añadido» para la administración, por lo que no es «ningún chiringuito».
Fernández ha indicado que desde su departamento trabajan en este momento en la redacción de la reglamentación que rige su funcionamiento y las actuaciones que, de manera «transversal», va a realizar para dar «apoyo a esas familias y personas que a día de hoy están siendo víctimas de la okupación», un fenómeno que está generando que «muchas familias sean ya vulnerables porque no tienen capacidad económica para atender sus gastos propios y los derivados de esa vivienda que tienen okupada».
«SEGUIR MIRANDO PARA OTRO LADO»
«Esta es una realidad, y habrá quien quiera seguir mirando para otro lado», ha sostenido el secretario autonómico de Vivienda, que dicho esto se ha dirigido a las personas y familias afectadas por este fenómeno: «No están solas, aquí tienen un gobierno comprometido y que va a estar a su lado para darles respuestas, para darles el asesoramiento y el apoyo que necesiten para, a la mayor velocidad posible, recuperar lo que es suyo».
En cualquier caso, ha reconocido que el acceso a vivienda «es ya una de las principales preocupaciones de las valencianas», una situación «agravada» porque durante las dos anteriores legislaturas ha habido «una ausencia de una política estructural de vivienda» y se ha desarrollado un marco regulatorio «poco efectivo e inseguro».
A su juicio, con el anterior gobierno del Botànic ha incurrido en una «clara inacción» en el impulso a la promoción de vivienda de protección pública. «Todo ello ha supuesto un retraso de ocho años que ha derivado en un profundo desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda y, con ello, en una subida desmedida de los precios», ha expuesto.
«LA VIVIENDA FUNCIONA»
Desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios antes de la comisión, Fernando Pastor (PP) ha defendido el Plan Vive puesto en marcha por la Generalitat y que, «por primera vez» en la Comunitat Valenciana, hay «una sensación de que la vivienda funciona». Así, ha valorado que se hayan reducido los impuestos a aquellos que tienen dificultades para comprar una vivienda y se avale a los jóvenes que no pueden financiarse con fondos propios. Todo ello, ha recalcado, son «datos» y no «quimeras».
El diputado ‘popular’ ha hecho hincapié en que «prácticamente la totalidad de los municipios importantes de todo color político» de la Comunitat Valenciana se han adherido al Plan Vive para promocionar en suelo público vivienda pública, pese a que al PSPV y Compromís esto «les molesta muchísimo». «Pero es una realidad objetiva», ha zanjado.
Frente a ello, ha asegurado que lo «más sonado, importante y destacado» que el PSPV ha hecho en materia de vivienda durante los últimos años «no ha sido en la Generalitat», sino que «lo ha hecho el Ministerio, no el de Vivienda, el de Interior, y ha sido registrar la vivienda de –el exministro socialista– José Luis Ábalos hace unos días en València, durante diez horas».
Mientras, Miguel Pascual (Vox) se ha mostrado «satisfecho» de la política de Vivienda de la Generalitat y ha destacado que fue su grupo el que presentó en los presupuestos una enmienda para la creación de la Oficina Antiokupación, «un giro de 180 grados en las políticas que se venían aplicando por parte del Botànic». «Hoy, por fin, ya podemos decir que tenemos una administración pública que está del lado de las víctimas y no de los delincuentes que usurpan y entran en las viviendas de los demás», ha celebrado.
No obstante, ha preguntado «cómo va, cuándo va a estar por fin en vigor y en situación de prestar ese servicio que tanto necesitan los ciudadanos». «Y más ahora, cuando se ha visto que el PSOE sabía que la okupación era un problema y que la aprobación del decreto antidesahucios que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez iba precisamente a fomentar estas ocupaciones ilegales», ha incidido.
CAMARERO «NO VIENE A DAR LA CARA»
Por el contrario, Benjamín Mompó (PSPV) ha criticado que la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, «no venga» a «dar la cara» a la comisión, una muestra a su juicio de que no tiene «nada nuevo» ni «ninguna novedad palpable que la ciudadanía pueda notar en cuanto a mejora» en materia de vivienda. Dicho esto, ha criticado que el Consell rechace regular los precios del alquiler, que «mes tras mes están batiendo récords», lo que provoca que cada vez «menos personas tengan acceso a una vivienda digna».
Por ello, ha instado a la Generalitat a que deje de impulsar «políticas partidistas» y ha reprochado al Consell que haya «rechazado» la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a favor de un acuerdo estatal por la vivienda, que incluye más financiación y blindar de forma indefinida la protección pública. «El ‘no’ de Mazón por sistema», ha lamentado. Asimismo, ha denunciado que la respuesta del PP sea permitir que se construya en zonas inundables y a 200 metros de la costa, unas acciones «que no sirven para mejorar la vida de las personas, sino para contentar a cuatro empresarios».
Y Mª Josep Calabuig (Compromís) ha criticado que Carlos Mazón «se comprometió a principios de legislatura a la construcción de 10.000 viviendas en su Plan Vive», pero «la realidad es que nos harían falta unos 50 años porque tienen en ejecución únicamente un 0,4 por ciento». «Ahora mismo solo tenemos dos convenios específicos asignados con el Ayuntamiento de Torrevieja y Benidorm que casualmente son los fieles escuderos de Carlos Mazón», ha deslizado.
Además, ha denunciado que la «propuesta estrella» de Camarero sea «cargarse» el decreto de tanteo y retracto, «una ley que al Botànic nos permitió adquirir más de 1.200 viviendas para el parque público de vivienda frente a las cero viviendas que han adquirido» el actual Consell. Dicho esto, y por si «fuera poco», ha denunciado que el gobierno valenciano «ahora va a construir en zonas inundables, olvidando todo lo que han sufrido los valencianos durante la dana». «La negligencia acampa por las filas del PP», ha censurado.