El Defensor del Pueblo acepta la solicitud de Compromís para impugnar la ley trans de Mazón

Àgueda Micó, diputada de Compromís en el Congreso, ha informado que el Defensor del Pueblo ha dado luz verde a la solicitud de Compromís para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2025 de la Generalitat Valenciana, promovida por la coalición de PP y Vox.

En un comunicado, se detalla que el Defensor del Pueblo, en una comunicación oficial a Micó, «ha confirmado su compromiso de llevar al Tribunal Constitucional parte de las modificaciones que la nueva ley introduce en la normativa trans valenciana».

Compromís ha enfatizado que su petición al Defensor del Pueblo se basó en que la normativa «vulnera derechos fundamentales y principios constitucionales esenciales al desnaturalizar la ley trans original y suprimir derechos ya reconocidos».

«El primer recorte de derechos de las personas LGTBI en toda la historia de la democracia valenciana», ha declarado Micó, criticando duramente «el modelo de gestión de PP y Vox» y acusándolos de «atacan la diversidad, recortan derechos e intentan imponer su visión de la sociedad».

Francesc Roig, diputado de Compromís en Les Corts Valencianes, ha expresado su satisfacción por la interposición del recurso y ha reiterado que se trata de «un recurso contra el primer recorte de derechos de las personas LGTBI en la historia de la democracia valenciana».

Roig ha añadido que «Ese recorte formó parte del pacto de la vergüenza entre –el presidente de la Generalitat Valenciana y del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos– Mazón y Vox para que el presidente responsable de 228 muertos continúe en el poder», y ha manifestado su esperanza de que «el Tribunal Constitucional frene este recorte y defienda los derechos de todas las personas».

Finalmente, Compromís ha criticado que «la ley de Mazón impone requisitos médicos y psicológicos que regresan a un modelo que considera a las personas trans como enfermas» y ha señalado la preocupación por una «ambigua redacción sobre las terapias de conversión que podría relegitimar prácticas que atentan contra la integridad y la autonomía individual».