El portavoz de Industria del Grupo Popular en Les Corts, Salvador Aguilella, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "poner en riesgo la soberanía energética de la Comunitat Valenciana al seguir retrasando la decisión sobre la continuidad de la central nuclear de Cofrentes por pura ideología".
A través de un comunicado, Aguilella ha subrayado que "mientras las instituciones europeas reconocen cada vez con más claridad el papel de la energía nuclear para garantizar seguridad de suministro, competitividad industrial y reducción de emisiones, el Ejecutivo socialista mantiene una política energética marcada por "la ambigüedad, los bandazos y la falta total de claridad". Estas declaraciones llegan tras el enfrentamiento entre la vicepresidenta europea Teresa Ribera y la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.
Según ha indicado, "el PSOE ha pasado de rechazar frontalmente la energía nuclear a promover en Bruselas el desarrollo de nuevos reactores, mientras en España sigue defendiendo el cierre de las centrales. Es un doble discurso que genera incertidumbre y debilita nuestra credibilidad".
En esta línea, ha advertido de que "esta falta de coherencia puede tener consecuencias económicas graves y hacer que España pierda miles de millones de euros en inversiones estratégicas vinculadas a la industria o la innovación".
El dirigente popular ha remarcado que el nuevo contexto internacional y la creciente inquietud por la seguridad del suministro energético "están reabriendo el debate sobre la necesidad de combinar fuentes renovables con otras estables como la nuclear". "Mientras que la propia presidenta de la Comisión Europea ha reconocido que fue un error renunciar a la energía nuclear, el Gobierno de Sánchez sigue anclado en planteamientos ideológicos que no responden a la realidad", ha enfatizado.
Por este motivo, ha instado al Ejecutivo central a que "rectifique y abandone la cada vez más clamorosa soledad en la que ha quedado en Europa y en el mundo con su persistente, retrógrada y empobrecedora hostilidad hacia la energía nuclear". Asimismo, ha exigido que "aclare de una vez cuál será el futuro de la central de Cofrentes, cuyo cierre está previsto para 2030 aunque la propietaria ya ha anunciado que pedirá que se prolongue".
Aguilella ha puesto el foco en que "de llevarse a cabo, su clausura pondría en riesgo la viabilidad de más de 12.000 empresas industriales y el futuro de más de 180.000 trabajadores vinculados al sector y además, provocaría subidas en la factura eléctrica de hasta un 23% en los hogares y un 35% en las empresas".
Por último, ha alertado de que aplazar la decisión sobre Cofrentes repercute de forma directa en la seguridad energética, el empleo y la competitividad de la Comunitat Valenciana y ha concluido que "por responsabilidad, el Gobierno debe permitir la prolongación de la vida útil de la central y abandonar una política energética basada en prejuicios".