El PSPV tiene previsto registrar en Les Corts una enmienda al segundo decreto de simplificación de la Generalitat con el objetivo de reforzar los mecanismos de control en las adjudicaciones de viviendas de protección oficial y restituir los que existían antes de 2024, “fecha en la que Carlos Mazón --entonces 'president' de la Generalitat-- y Susana Camarero --vicepresidenta primera y consellera de Vivienda-- se los cargaron”.
Así lo ha explicado este lunes el síndic socialista, José Muñoz, ante los medios de comunicación, aludiendo al “gran escándalo” relacionado con las viviendas de protección pública y el PP, del que, según ha señalado, “todos los días seguimos conociendo algo nuevo”. “Salta de Alicante a València y vuelve hacia Sant Joan”, ha apuntado.
Muñoz ha puesto como ejemplo que en Xàbia (Alicante) “también hay una situación bastante manicomial”, donde “las viviendas de 30 metros cuadrados son más pequeñas que la suma del garaje y trastero, que tienen más metros”. A su juicio, esto evidencia una “situación generalizada” en el plan Vive del Consell, al que ha calificado como “el plan de los vividores del PP”.
En este contexto, ha avanzado que el grupo socialista aprovechará la tramitación del segundo plan Simplifica para plantear una enmienda destinada a reimplantar los controles vigentes con anterioridad a 2024, “fecha en la que Carlos Mazón --entonces 'president' de la Generalitat-- y Susana Camarero --vicepresidenta primera y consellera de Vivienda-- se cargaron los controles para la vivienda pública”.
Según ha detallado Muñoz, la propuesta del PSPV pretende “ayudar a solucionar el problema de las adjudicaciones de vivienda de protección oficial” mediante tres ejes principales. El primero consiste en recuperar el registro de solicitantes de vivienda pública, de forma que la Generalitat vuelva a ser “quien controle de una manera efectiva que se cumplen los requisitos”.
“Que la devuelva”: recuperar las viviendas adjudicadas de forma irregular
La segunda medida busca garantizar que “todo el mundo sea conocedor” de la existencia de oferta pública de vivienda para poder optar a ella, evitando que “no solo se quede esa información entre esas élites como hemos visto en la situación de Alicante”. La tercera, que ha calificado como la más “importante”, pasa por exigir a quienes hayan obtenido una vivienda de protección oficial “de manera irregular, que la devuelva”.
Para ello, Muñoz ha defendido la necesidad de “buscar los mecanismos legales” que permitan recuperar las viviendas asignadas “de una manera inadecuada, a los que podemos decir en muchos casos jetas y que no cumplían con los criterios, que pertenecían al PP, que conocían a personas que estaban en la promoción, que eran hijos de notarios y que, por tanto, no cumplían esos criterios”. Incluso ha advertido de que se han detectado situaciones en las que “incluso menores de edad han sido adjudicatarios de vivienda pública”.
“Lo que les vamos a exigir es que estas personas que lo han obtenido de manera irregular, lo devuelvan, porque la vivienda tiene que ser para las personas que lo necesitan”, ha recalcado. Al mismo tiempo, ha reivindicado que el PSPV “no quiere quedarse solo en la crítica”, sino “también en la propuesta”, motivo por el cual impulsarán esta enmienda en Les Corts.
En paralelo, Muñoz ha vuelto a pedir la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala. “Tienen que hacerlo dimitir”, ha enfatizado, dirigiéndose al 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: “Si no dimite voluntariamente, tienen que hacerlo”.