El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana llevó a cabo durante 2025 más de 28.100 actuaciones, sumando consultas y quejas. En total, atendió 23.137 consultas ciudadanas, lo que implica un incremento cercano al 25% respecto al año anterior; además, tramitó 5.006 quejas de la ciudadanía, un 5% más, y puso en marcha 12 investigaciones de oficio.
Los servicios sociales volvieron a situarse como el principal foco de reclamaciones, con alrededor de 1.900 quejas en 2025. Esta situación lleva al Síndic a advertir de un “atasco irresoluble” en este ámbito, al entender que desde 2020 no se ha impulsado ninguna medida efectiva para agilizar y simplificar los procedimientos.
Todo ello figura en el informe anual de la institución correspondiente a 2025, que el presidente en funciones, Ángel Luna, ha entregado este martes a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, así como a la Mesa y a los síndics de los distintos grupos parlamentarios.
En concreto, en 2025 se registraron 5.006 quejas, de las que 4.145 (82,8%) fueron admitidas a trámite y 86 (1,7%) se derivaron a otras defensorías. La mayoría se relacionaron con servicios sociales (1.962, 47,3%), seguidas de las de transparencia (412), servicios públicos y medio ambiente (399), empleo (341), procedimientos administrativos (239), vivienda (170), urbanismo (141) y sanidad (139).
En segundo plano quedaron las quejas referidas a otros ámbitos como educación (107), hacienda pública (107), justicia y administración corporativa (33), derechos lingüísticos (26), cultura y deporte (26), infancia y adolescencia (24) o industria, agricultura, comercio y turismo (19).
El documento también detalla el grado de colaboración de las administraciones investigadas, tanto el Consell como los ayuntamientos, con el Síndic. La entonces Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda colaboró en el 64,2% de las 2.298 quejas planteadas. En cambio, en la actual Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, el nivel de colaboración alcanzó el 100% de las 131 quejas recibidas desde la última remodelación del gobierno autonómico.
Por provincias, el 63,9% de los ayuntamientos de Valencia respondieron adecuadamente a las 751 quejas ciudadanas formuladas en 2025. En la provincia de Alicante el grado de cumplimiento fue del 61,8% de las 802 quejas, y en la de Castellón del 59,2% de las 157 quejas presentadas.
Si se atiende al lugar de residencia de las personas reclamantes, durante 2025 se presentaron 2.354 quejas en la provincia de Valencia, 2.154 en la de Alicante y 354 en la de Castellón.
SERVICIOS SOCIALES
En el apartado de servicios sociales, el informe subraya que este ámbito concentra “con enorme diferencia” la mayor parte de las quejas, especialmente las vinculadas al reconocimiento y a las ayudas por dependencia, así como a los retrasos en la valoración de la discapacidad.
Aunque en 2025 las reclamaciones relativas a la dependencia registraron un ligero descenso, continúan siendo el principal foco de quejas ante el Síndic. Representan cerca del 65% de las presentadas en este ámbito y algo más del 30% del total de las admitidas a trámite por la institución.
Luna recuerda que, desde su primer informe anual en 2020, viene alertando de los problemas derivados del diseño del sistema de servicios sociales valenciano, que obliga a una doble valoración por parte de los equipos municipales y de los de la Conselleria: “No se ha hecho nada relevante para simplificar los procedimientos que están atascando los servicios sociales de forma irresoluble”.
Asimismo, durante 2025 volvió a constatarse la problemática que surge cada vez que concluyen los contratos programa, ahora de cuatro años, firmados entre Conselleria y ayuntamientos. Según el informe, las corporaciones locales no pueden disponer de plantillas estables porque la contratación de personal depende de la recepción de la subvención.
TRANSPARENCIA
Tras los servicios sociales, las quejas por falta de transparencia y por dificultades de acceso a la información pública se consolidan como las segundas más numerosas, aunque en 2025 experimentaron un ligero retroceso, pasando de 432 a 412. El Síndic lo atribuye a “una falta de voluntad política que compromete la calidad democrática”.
Como consecuencia de esta opacidad, advierte de que “se deteriora la rendición de cuentas, se dificulta la participación política y crece la desafección ciudadana”, de modo que “las administraciones corren el riesgo de actuar al servicio de intereses particulares”.
De hecho, el informe apunta que el 90% de las quejas que llegan al Síndic denuncian en primer término la ausencia de respuesta de las administraciones a las solicitudes y reclamaciones de la ciudadanía, lo que “no solo genera indefensión, sino que abre la puerta a la arbitrariedad, los errores y los abusos de poder”.
VIVIENDA
En materia de vivienda, el informe destaca la “desagradable sorpresa” que supuso comprobar que la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2025 suprimió el procedimiento para conceder ayudas cuando no haya viviendas disponibles para adjudicar. Este mecanismo estuvo vigente en los ejercicios 2023 y 2024 y se eliminó “de forma incomprensible”, algo que el Síndic ha trasladado a la Conselleria.
El texto también señala que el porcentaje de quejas relativas a vivienda se ha duplicado “con creces” en el último lustro. “Si antes de la dana de 2024 la situación de la vivienda ya era precaria, ahora las administraciones públicas tendrán que realizar enormes esfuerzos para, más allá de recomponer, mejorar una situación dramática”, sostiene Luna, quien incide en que la vivienda es un pilar básico sin el cual resulta imposible garantizar otros derechos fundamentales.
FALTA DE COLABORACIÓN TRAS LA DANA
Por otro lado, el Síndic abrió el año pasado tres quejas de oficio para supervisar la actuación de las administraciones tras la dana del 29 de octubre de 2024 en los ámbitos de servicios sociales, educación y vivienda. Estas investigaciones acabaron integrándose en un único expediente.
En este punto, el informe insiste en la “nula colaboración” entre el Gobierno y el Consell en las tareas de reconstrucción, una situación que, según el Síndic, se mantuvo durante 2025 y frenó el avance de los trabajos, “perjudicando a cientos de miles de personas damnificadas”.
“Si algo ha venido a demostrar de forma palmaria el trágico episodio de la dana es que, en situaciones de crisis, y sobre todo en contextos de polarización extrema como los actuales, fallan los mecanismos de cooperación entre los diferentes niveles de las administraciones. No ha existido ni una mínima interlocución, en clave colaborativa, entre la administración estatal y la Generalitat”, recalca Luna.
Ante este escenario, convocó en la sede del Síndic una reunión de trabajo con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. De ese encuentro surgió la decisión de abrir una queja de oficio por parte del Defensor del Pueblo, dirigida tanto al Gobierno como al Consell, para instarles a poner en marcha la comisión mixta de reconstrucción, que finalmente se constituyó el pasado 4 de febrero.