Federico Bonet, quien fue decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunitat Valenciana, destacó en la comisión de investigación de la dana en Les Corts la ausencia de inversión en infraestructuras hidráulicas desde hace «20 años» antes del desastre que devastó la provincia de Valencia y resultó en la muerte de 228 personas el 29 de octubre pasado.
«Los recursos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) son totalmente insuficientes para poder abordar estas grandes obras de infraestructuras hidráulicas, que normalmente se promueven por el Ministerio, se declaran de interés general y se dotan en los Presupuestos Generales que se hacían en las Cortes. Si no hay ese impulso político, la Confederación poco puede hacer».
Durante su comparecencia este martes, que contó con la participación de otros ingenieros y un arquitecto urbanista, Bonet explicó su experiencia laboral en la CHJ de 2008 a 2012 y respondió a interrogantes de los diputados sobre varios temas, incluyendo la gestión de la Confederación durante la dana, la necesidad de infraestructura hidráulica en la región, los avisos de emergencia a los ciudadanos, el cambio climático y el plan de reconstrucción.
Explicó que la CHJ se dedica a «identificar puntos que pueden tener problemas y ofrecer soluciones», gracias a un Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) implementado tras la pantanada de Tous en 1982. Este sistema permite «de alguna manera ver qué va a ocurrir y dar un aviso» y a partir de ahí, «cada uno actúa».
Además, mencionó que los puntos de riesgo están «perfectamente identificados» y que en la demarcación del Júcar «tampoco hay mucha capacidad para tomar decisiones» debido a sus características únicas, distintas a otras demarcaciones como la del Ebro.
En cuanto a las infraestructuras hidráulicas, Bonet lamentó que España, que antes era líder en estas obras, no haya realizado «ninguna» en los últimos 20 años. «Hubo un cambio de mentalidad con el que una parte de la sociedad entiende que el hormigón y las obras hidráulicas es algo muy feo, que la naturaleza es amable y hay que ser amable con ella (…). Pero los problemas siguen siendo los mismos», expresó.
Respecto al barranco del Poyo, señaló que no se ejecutó una segunda fase de obras que habría desviado excesos de caudales al nuevo Turia, un proyecto redactado en 2006 y aprobado ambientalmente en 2011. Reconoció que no eran «obras urgentes» y que «hubo circunstancias» que impidieron su realización, refiriéndose a la crisis económica, pero insistió en que «no podemos estar 20 años sin hacer nada».
El experto abogó por «redimensionar» las obras hidráulicas necesarias considerando que el cambio climático provoca inundaciones más intensas y mayor sequía. También destacó la importancia de una mayor coordinación en la ordenación del territorio a nivel metropolitano.
EL ES-ALERT Y EL CECOPI
Bonet subrayó que «el riesgo cero no existe» y que las obras hidráulicas no brindan una «protección absoluta» porque «no sabemos hasta cuándo puede llover». Abogó por aprender a «convivir con el riesgo», lo cual también implica educar a la población.
En términos de alertas a la población, reconoció que «todo ayuda», pero criticó que cuando recibió el ES-Alert «no sabía a qué venía ni qué suponía» ya que en la ciudad de València no llovía durante la tarde de la dana. Propuso «otro tipo de avisos» junto a obras que retrasen las avenidas de ríos y barrancos: «Solamente un par de horas habrían sido fundamentales para dar esos avisos de forma más eficiente».
Lamentó la falta de coordinación entre los organismos del Cecopi, sugiriendo que sus miembros «tendrían que conocerse y tener su número de teléfono». «En una entidad que se ocupa de una emergencia no se puede estar mirándose unos a otros por encima del hombro, a ver si le puedo o no pillar en falta, tratar de esconder información», criticó, y advirtió que «así no vamos bien».
Sobre el Pla Endavant, presentado recientemente por la Generalitat para la reconstrucción, opinó que aunque estos planes son buenos para planificar, al final no son obligatorios y son ‘un poco aleluya’ al incluir inversiones de varias administraciones. Por ello, consideró necesario que estos planes se reflejen en un presupuesto específico para que se realicen las obras necesarias.
REFORMAR LA LEY DE AGUAS
Previamente compareció Javier Machí, decano de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunitat Valenciana, quien había participado en marzo en la comisión de investigación de la dana en el Senado.
Machí, afectado por la dana, abogó por reformar la Ley de Aguas de 2001 para priorizar la «salvación de vidas humanas» sobre la protección del medioambiente y la naturaleza, en línea con una iniciativa legislativa popular (ILP) presentada recientemente.
Durante su intervención, lamentó la falta de acción en la zona afectada, atribuyéndolo a «dejadez» o a «falta de voluntad», y comparó esta situación con la dana de 2019 en la Vega Baja de Alicante, donde seis años después «está todo igual». Instó al Gobierno y a la Generalitat a «sentarse y desarrollar fechas e inversiones lo antes posible».
ACTUALIZAR EL PROYECTO DEL POYO
Finalmente, intervino el ingeniero Jorge Paciarotti, quien redactó el proyecto para encauzar el barranco del Poyo que no se realizó tras obtener la aprobación de la declaración de impacto ambiental en 2011. Dicho proyecto se dividió en siete actuaciones constructivas.
Paciarotti destacó que es «difícil» saber si ese proyecto habría evitado las 228 muertes en la dana, pero aseguró que «habría reducido enormemente la altura de la inundabilidad, el arrastre de sedimentos y la altura del agua». Por tanto, estaba convencido de que habría habido menos daños y víctimas.
También mencionó que el costo estimado para ese proyecto, entre 250-300 millones de euros, «ahora parece muy bajo» y podría haberse ejecutado en unos siete años. Sin embargo, indicó que hoy en día sería necesario actualizarlo considerando el desarrollo urbanístico de l’Horta Sud y «pensar en soluciones complementarias» como áreas de laminación o inundabilidad, hidrotermias en la cabecera, «volver a pensar en la presa de Cheste» o «pensar en un plan sur para el Poyo». «Hay alternativas», subrayó, para enfatizar que se deben equilibrar los aspectos técnicos, sociales y medioambientales.
En conclusión, señaló que los proyectos pueden desarrollarse de manera independiente, pero el «objetivo final» no se lograría hasta completarlos todos. Y recalcó que Valencia es un «territorio frágil», siempre susceptible a fenómenos como la dana. «Lo que pasó en octubre se puede volver a repetir», alertó, por lo que abogó por pensar en una «solución global» y por educar a la población para que sepa que vive en zonas inundables y tenga «los conocimientos necesarios».