La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha recibido un acuerdo enviado por la Generalitat Valenciana, aprobado por la Comisión de Industria y Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías de Les Corts Valencianes el pasado 30 de octubre. Dicho acuerdo, respaldado por los votos de PP y Vox y rechazado por PSPV y Compromís, solicita al Gobierno español la creación de un plan nacional de soberanía energética que esté ‘exento de toda imposición climática por parte de organismos supranacionales’.
Marián Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, ha formalizado el envío de este documento mediante una carta al Ministerio de Aagesen, incluyendo puntos específicos de la resolución vinculados a su departamento ‘para que los tome en consideración’. Este movimiento se produce justo antes del debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo líder de la Generalitat, sucediendo a Carlos Mazón.
Por su parte, Vox ha expresado su cautela respecto a un compromiso escrito con el candidato del PP, postergando su apoyo hasta escuchar el discurso de investidura del jueves. El partido busca confirmar que el PP cumple con sus exigencias, en particular, su oposición a políticas ecológicas, a la inmigración ilegal y a la construcción de infraestructuras hidráulicas para prevenir desastres naturales.
El documento de Les Corts destaca la urgencia de implementar este plan nacional para asegurar la soberanía energética de España, promoviendo energía accesible, sostenible y eficiente. Además, propone extender la vida útil de la central nuclear de Cofrentes y evaluar la de otras instalaciones, así como desarrollar nuevas plantas nucleares para garantizar la independencia energética del país.
Otra cláusula del acuerdo critica la ‘nefasta aplicación del Pacto verde y la Agenda 2030’ que, según ellos, ha desestabilizado el sistema eléctrico español. También sugiere eliminar en la UE el mercado de emisiones por su carácter especulativo y destinar los fondos recaudados de los derechos de emisión de CO2 a reducir la factura eléctrica de los ciudadanos más vulnerables.
En una reciente sesión de control, Aagesen ha cuestionado la propuesta de la Generalitat preguntando retóricamente: ‘¿En serio? ¿Su propuesta de política energética se basa en el negacionismo climático y el antieuropeísmo?’. Posteriormente, afirmó que ‘España ni se lo merece ni se lo puede permitir’, reiterando en los pasillos del Congreso que la carta de la Generalitat sugiere que el Gobierno se distancie del ‘dogmatismo climático’ de Bruselas.