La asociación Juristes Valencians critica la “devaluación institucional del autogobierno” después de que la Generalitat y Les Corts no hayan previsto ningún programa de actividades en el conjunto del territorio valenciano para conmemorar “el hito más relevante vinculado al autogobierno valenciano”: el 20 aniversario de la reforma del Estatut d'Autonomia, en vigor desde el 11 de abril de 2006 y que reconoció a la Comunitat Valenciana como nacionalidad histórica, en lugar de una región, dentro del Estado español.
Mediante un comunicado, este colectivo de juristas emplaza al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a “valorar el estado del autogobierno valenciano” coincidiendo con las dos décadas de la reforma del Estatut, que consideran el principal hito “tras la eliminación por Felipe V dels Furs y las instituciones históricas con que nos dotó Jaume I a partir de 1238”.
“Tras 20 años de vigencia formal de un Estatut que contó con enorme consenso político y social, entristece identificar numerosos ámbitos de actuación con escaso impulso, desde la necesaria coordinación de las policías locales como se contrastó tras la dana de octubre de 2024, la escasa dotación estatal de una policía autonómica invisible para la mayoría de ciudadanos, hasta la ausencia de la adecuada financiación de las competencias asumidas en materia de asistencia social o sanitaria, que determinen peores servicios esenciales para los más de cinco millones y medio de valencianas y valencianos, junto con la modestia de los servicios informativos que presta la televisión pública valenciana, en comparación con las de otras comunidades autónomas”, señala el presidente de Juristes, José-Ramón Chirivella.
Recuerda que el Estatut de 1982 “no era al que aspiraban los valencianos ni los ayuntamientos, que optaron masivamente por acceder a la máxima autonomía por la vía acelerada del artículo 151 de la Constitución, pero por presiones de las cúpulas de las fuerzas políticas estatales del momento, es el que se nos concedió”.
Y subraya: “El Estatut de 2006 es el que quería la sociedad valenciana y, por la altura de miras y liderazgo de los dirigentes valencianos de ese momento histórico, no sufrió recortes inasumibles en su paso obligado por las Cortes Generales, con novedades importantes como la Carta de derechos sociales, la cláusula Camps, el intento de garantizar niveles competenciales similares con otras comunidades autónomas, la creación de un servicio tributario valenciano o un procedimiento de reforma estatutaria garantista del ámbito competencial.
Derecho civil valenciano y bloqueo en Les Corts
En paralelo, Juristes Valencians vuelve a poner el foco en la negativa del grupo del PP en Les Corts y de su síndic, Nando Pastor, a aceptar que en el orden del día del pleno de los días 14 y 15 de abril figure la elección de los diputados que deben defender en el Congreso la reforma constitucional orientada a recuperar el derecho civil valenciano.
La asociación ha reiterado su petición de mantener una reunión con el 'president' de la Generalitat para reclamarle que nombre ya a la delegación valenciana que acudirá al Congreso a defender la restitución del derecho civil propio. “La sociedad civil valenciana quiere volver a disponer de leyes civiles modernas en el ámbito del derecho de familia y aprobar nuevas normas que doten de mayor libertad sucesoria y que permitan garantizar la pervivencia de las empresas familiares valencianas”, reivindica.
El derecho civil valenciano estuvo vigente entre 2008 y 2016, hasta que el Tribunal Constitucional (TC) tumbó varias normas, entre ellas las relativas al régimen económico matrimonial, las parejas de hecho y las relaciones familiares, al entender que la Generalitat había ido más allá de sus competencias. Cuatro años después, en 2020, Les Corts aprobaron una iniciativa de reforma de la Constitución para restaurar este derecho civil, pero desde entonces el proceso permanece paralizado. En octubre del año pasado, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, remitió una carta al parlamento valenciano instándole a designar a los tres diputados encargados de defender la reforma en la Cámara Baja.
En este contexto, el síndic del PP ha reiterado esta semana su rechazo a apoyar la modificación de la Constitución para recuperar el derecho civil valenciano, al considerar que detrás de esta operación podría haber formaciones políticas que intentaran “colar” otras cuestiones. Además, sostuvo que “hay varios expertos que opinan que hay otras vías y otras alternativas, otros caminos que recorrer, para poder legislar en la Comunitat Valenciana en materia de derecho civil”, aunque no precisó cuáles serían esas opciones.