La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha remitido sus alegaciones al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En ellas reclama "mayor seguridad jurídica", la aplicación de "criterios técnicos objetivos" y un enfoque que "compatibilice la protección ambiental con la actividad económica sostenible en el litoral".
Según ha detallado en un comunicado el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, estas aportaciones parten de la idea de que resulta imprescindible revisar "en profundidad" la Ley de Costas de 1988. Aun así, ha incidido en que, si el Ministerio continúa con la reforma reglamentaria, "debería primar la seguridad jurídica, especialmente en los deslindes" y ha recalcado que "no se puede ampliar el dominio público marítimo terrestre por un episodio extraordinario de oleaje".
El responsable autonómico ha defendido igualmente la necesidad de un "equilibrio real entre la protección ambiental y el desarrollo económico, el respeto a los núcleos tradicionales y, sobre todo, una cooperación leal y efectiva con todo el territorio". A su juicio, "una modificación de este calado exige al menos sentarse una vez con las comunidades autónomas", dado que la Generalitat conoció la propuesta de cambio del reglamento "de forma indirecta".
Respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, con el que se pretende anular la figura de los núcleos de valor etnológico prevista en la norma autonómica, García Manzana ha expresado su "preocupación". Ha recordado que esta figura "permite salvaguardar a las personas que residen en enclaves con un patrimonio singular que merece protección específica" y ha reiterado que culminar las actuaciones de regeneración litoral pendientes evitaría nuevos deslindes que ponen "en riesgo" a estos asentamientos costeros.
El director general ha resaltado, además, que la Generalitat mantiene su "voluntad de entendimiento" y que, desde la convocatoria de la comisión bilateral, se han logrado acuerdos en cerca de una treintena de artículos. También ha reivindicado los principios que sustentan la nueva ley de Costas autonómica, diseñada para dotar al litoral de la Comunitat Valenciana de un marco legal "estable, coherente y ajustado a sus necesidades territoriales, ambientales y socioeconómicas".
Alegaciones al Reglamento General de Costas
En el documento remitido al Ministerio, la Generalitat pide que el nuevo Reglamento General de Costas "refuerce la seguridad jurídica en los deslindes y evite que un único episodio extraordinario pueda suponer la ampliación automática del dominio público, al tiempo que se mantenga la posibilidad de revisión hacia el mar". Asimismo, considera "imprescindible incorporar una gestión integral de los sedimentos en las cuencas hidrográficas como parte de una política coherente de protección del litoral".
La administración autonómica propone también que las concesiones se regulen "de forma objetiva y diferenciada, mediante criterios tasados y una definición técnica precisa del concepto de 'riesgo cierto'". En esta línea, defiende la compatibilidad de usos económicos sostenibles, la adecuación de superficies y distancias a la planificación territorial y el reconocimiento de las concesiones compensatorias como verdaderos derechos indemnizatorios, además de conservar el silencio administrativo positivo en las adscripciones a las comunidades autónomas.
Del mismo modo, reclama que el reglamento recoja "expresamente" la singularidad de los núcleos urbanos tradicionales de valor etnológico y cultural situados en la franja litoral, de forma que se asegure su preservación y mantenimiento dentro del dominio público marítimo-terrestre.
Paseos marítimos y cooperación institucional
En relación con los paseos marítimos, la Generalitat apuesta por mantener las garantías vinculadas a estos espacios y al planeamiento urbanístico, de manera que se reconozcan como línea de ribera los paseos ejecutados tras la Ley de 1988 y se conserve la capacidad del planeamiento para permitir usos compatibles en edificaciones ya existentes.
Por último, el Consell insiste en reforzar la cooperación y la lealtad institucional mediante mecanismos efectivos de diálogo y acuerdo con las comunidades autónomas, garantizando su participación real en comisiones bilaterales y sectoriales y la integración de sus informes y aportaciones. Todo ello, con el fin de "compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo económico sostenible, garantizando seguridad jurídica, transparencia administrativa y un equilibrio adecuado entre el interés público y los derechos de los ocupantes".