El pleno de Les Corts ha dado este miércoles el visto bueno definitivo, con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo de PSPV y Compromís, al proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). Según el Consell, esta reforma nace con el objetivo de "responder a los cambios sociales y económicos de los últimos años y actualizar la prestación más importante de la política social valenciana".
Entre las principales metas de la ley figura "simplificar las normativas y los procedimientos para acceder a la prestación, facilitando que un mayor número de personas puedan beneficiarse de la RVI". Para ello, se amplía el abanico de potenciales perceptores, incorporando a jóvenes, personas mayores de 65 años y beneficiarios que puedan compatibilizar la ayuda con otros subsidios.
Otra modificación "importante" es la nueva consideración del papel de los profesionales de los servicios sociales municipales. Se prevé descargarles de buena parte de la burocracia vinculada a la tramitación de expedientes, de forma que puedan centrar sus esfuerzos en la intervención social directa y en el acompañamiento de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La norma también refuerza el peso de los itinerarios de inclusión social, concebidos como una herramienta clave para que la Renta Valenciana de Inclusión deje de ser únicamente un apoyo económico y se convierta en un instrumento efectivo para la integración real de las personas beneficiarias.
Entre las novedades "más relevantes" subrayadas por la Generalitat figura la compatibilidad de la RVI con los ingresos procedentes del trabajo. Con esta modificación se pretende eliminar trabas y favorecer la incorporación al mercado laboral, permitiendo que los perceptores complementen la ayuda con un salario. En este marco, se prevén incentivos al empleo y se impide rechazar ofertas laborales adecuadas, reforzando el compromiso de la ley con la activación laboral de quienes reciben la prestación.
A su vez, la RVI podrá combinarse con ingresos derivados de cualquier otra prestación pública o privada, mencionando de forma expresa las prestaciones por desempleo y demás subsidios.
Medidas para colectivos vulnerables
La reforma incorpora, además, disposiciones específicas dirigidas a los colectivos más vulnerables, como la prioridad de cobertura para familias con menores a cargo y hogares monoparentales, así como una atención reforzada a personas con problemas de salud mental que se encuentren en situación de pobreza.
Se introduce igualmente un complemento para la infancia, destinado a familias con hijos en situación de pobreza, que podrá llegar hasta 180 euros mensuales por hogar, aportando un respaldo económico adicional a estos núcleos familiares. Junto a ello, se crea un complemento de emergencias, que incrementará en un 15% la cuantía de la prestación en casos de emergencias oficialmente declaradas.
La ley contempla también la posibilidad de abonar la RVI mediante sistemas de prepago, con la intención de reducir las barreras financieras y facilitar el acceso a la ayuda a quienes tienen dificultades para operar con la banca tradicional.
"Éxito social" y participación
Tras la aprobación del texto, el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller, ha calificado la reforma en un comunicado como un "éxito social" que sitúa a la Comunitat Valenciana "a la vanguardia de las políticas de inclusión".
Carceller ha remarcado que la ley "nace del diálogo con los servicios sociales municipales, las entidades del tercer sector y las propias personas en situación de vulnerabilidad, porque se ha hecho escuchando a quienes mejor conocen la realidad de la exclusión social". Asimismo, ha expresado su agradecimiento por "el trabajo conjunto que ha hecho posible la tramitación de la norma, un proceso participativo en el que han colaborado numerosas entidades y colectivos que nos han ayudado a construir una herramienta más justa, más ágil y más humana".
Por su parte, la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha entregado ejemplares del texto legislativo a representantes de las asociaciones invitadas al pleno, entre ellas educadores sociales, entidades de lucha contra la pobreza, beneficiarios de la RVI implicados en el proceso, la Plataforma del Tercer Sector, Cruz Roja, Save the Children y AESCO.
Enmiendas pactadas por PP y Vox
PP y Vox acordaron hace unas semanas varias enmiendas de aproximación al proyecto de ley. Entre ellas figura el aumento de 12 a 15 meses del periodo mínimo de residencia continuada en la Comunitat Valenciana para poder optar a la ayuda, así como la inclusión como infracción muy grave del hecho de "haber sido acreditada mediante resolución judicial firme la situación de ocupación de una vivienda sin título habilitante".
En sus enmiendas transaccionales, ambos grupos incorporaron al término "violencia sobre la mujer" la expresión "violencia intrafamiliar" y eliminaron el carácter "indefinido" de la RVI, que pasa a definirse como un derecho "periódico y vinculado al mantenimiento de los requisitos y condiciones que originaron el derecho a su percepción".
En el apartado de obligaciones de las personas beneficiarias, añadieron que, cuando existan menores a cargo, deberán responsabilizarse de su escolarización y asistencia al centro educativo durante la etapa obligatoria. Además, se establece que, si el menor dispone de una plaza gratuita de 0 a 3 años, no se considerarán faltas de asistencia aquellas que hayan sido comunicadas al centro por sus progenitores o tutores.
Respecto a los Planes de Atención Individual de Inclusión (PAI), se concreta que deberán "ajustarse a las prioridades, capacidades y circunstancias de las personas a quienes se dirige y adecuarse a un modelo integral de intervención, contemplando todas las actuaciones que se consideren necesarias para la consecución de los objetivos de inclusión, tanto desde el ámbito de los servicios sociales como, en su caso, de los de empleo y formación, educación, vivienda, salud, deporte y cultura con igualdad de oportunidades".
También se determina que todas las personas mayores de 16 años que formen parte de la unidad de convivencia "deberán conocer, suscribir y participar activamente en el PAI" y que su participación "tendrá carácter obligatorio" para conservar el derecho a percibir la RVI.
Entre las actuaciones específicas, se incluyen "aquellas que garanticen la alfabetización y el aprendizaje del idioma, la participación social, cultural y comunitaria, promoviendo la convivencia desde el respeto a los valores democráticos, constitucionales y estatutarios y a los derechos fundamentales, que facilite la inclusión y el acceso a empleo y que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, renunciando a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres".
En el capítulo de infracciones muy graves, se añaden dos nuevos supuestos: el hecho de "haber sido acreditada, mediante resolución judicial firme, la situación de ocupación de la vivienda sin título habilitante" por parte de personas perceptoras de la RVI y que se constate que en la unidad de convivencia existan "prácticas denigrantes contra la infancia o la mujer, que sean contrarias al principio de igualdad o que atenten contra los valores convivenciales".