El pleno de Les Corts ha ratificado este jueves dos decretos ley del Consell que regulan deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF y en el resto de tributos cedidos, vinculadas a gastos sanitarios y a la práctica de actividades deportivas y saludables, así como a desembolsos relacionados con el fomento y la formación musical.
El primer decreto, relativo al IRPF y a los impuestos ligados a gastos sanitarios, deportivos y de vida saludable, ha sido respaldado por PP y Vox, mientras que el segundo, centrado en la formación musical, ha recibido el apoyo de todos los grupos. PP y Vox han votado en contra de que ambos textos se conviertan en proyectos de ley para su tramitación ordinaria.
El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, que presentó el miércoles estas normas, subrayó que la ampliación de los niveles de renta para acceder a las deducciones sociosanitarias y deportivas en el IRPF y las nuevas deducciones por formación musical “refuerzan el apoyo a las economías familiares y mejora la equidad del sistema tributario”.
Rovira recordó que la extensión de los umbrales de renta para las deducciones sociosanitarias y deportivas “da continuidad a las deducciones implantadas en 2023, que permitieron a los contribuyentes valencianos con rentas inferiores a 32.000 euros en tributación individual y 48.000 euros en conjunta ahorrar más de 112 millones de euros en las dos últimas campañas de la renta”. En total, 526.212 declarantes se beneficiaron de al menos una de estas ventajas fiscales en la última campaña.
Con el nuevo decreto ley, el Consell eleva los límites de renta hasta 60.000 euros en tributación individual y 78.000 euros en conjunta, lo que, según la Generalitat, permitirá incorporar a las rentas medias y alcanzar a cerca de un millón de personas.
Las deducciones recogen gastos vinculados con la salud bucodental, mental y visual, así como tratamientos para enfermedades crónicas de alta complejidad, enfermedades raras, daño cerebral adquirido o alzhéimer. También se incluyen los importes destinados a la compra de gafas, lentes de contacto y productos asociados.
En el ámbito deportivo, se mantienen y amplían las deducciones por gastos en gimnasios. “Se trata de medidas que no solo suponen un alivio fiscal real para las familias valencianas, sino que permiten al mismo tiempo impulsar políticas sociales mediante el fomento de la salud y la prevención”, manifestó el conseller.
Respecto a los incentivos fiscales ligados a la música, Rovira puso en valor que la Comunitat Valenciana “cuenta con una de las mayores concentraciones de talento musical del mundo, con más de 550 sociedades musicales federadas, cerca de 50.000 músicos y más de 60.000 alumnos”. Estas entidades suponen más del 50% de las bandas de música de España, “consolidando a la música como una de las principales señas de identidad del territorio”, añadió.
En este marco, el Consell destaca que la nueva deducción permitirá a los contribuyentes rebajar su cuota hasta en 150 euros por gastos de enseñanzas musicales en conservatorios y escuelas de música públicas o privadas, cuotas de sociedades musicales, formación complementaria como cursos, másteres y seminarios, así como por la compra de instrumentos musicales y partituras.
Al igual que en las deducciones sociosanitarias y deportivas, esta ventaja fiscal se aplicará a contribuyentes con una base liquidable de hasta 60.000 euros en tributación individual y 78.000 euros en conjunta. Todas las deducciones tendrán efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025 y se podrán aplicar en la campaña de la renta que arranca el 8 de abril.
Falta de examinadores de Tráfico en la Comunitat Valenciana
Por otra parte, el pleno ha dado luz verde a la toma en consideración de una proposición no de ley, tramitada por la vía de urgencia y presentada por el PP, sobre la escasez de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la Comunitat Valenciana. La iniciativa ha contado con el apoyo de Vox y Compromís y el voto en contra del PSPV.
El texto de los 'populares' pide que Les Corts reclamen al Gobierno de España un aumento “urgente y permanente” de la plantilla de examinadores de la DGT en la autonomía, “atendiendo a criterios objetivos de población, volumen de alumnos y demanda real de exámenes”, y advierte de la existencia en estos momentos de un “atasco” de 45.000 jóvenes pendientes de examinarse para obtener el permiso de conducir.
Además, insta al Ejecutivo central a autorizar la realización de horas extraordinarias mientras se cubren las vacantes estructurales, con el objetivo de rebajar las listas de espera acumuladas y “evitar un mayor colapso del sistema”.
La proposición también reclama cubrir con carácter “prioritario y urgente” las bajas y jubilaciones mediante procedimientos ágiles de sustitución, “garantizando la continuidad del servicio”, y reforzar el personal administrativo en las Jefaturas Provinciales de Tráfico de la Comunitat Valenciana, en especial en el área de gestión de autoescuelas, para agilizar “la planificación de exámenes y la resolución de incidencias”.
Asimismo, se propone activar un plan extraordinario de choque, con objetivos “cuantificables y calendario público”, para reducir las listas de espera antes del inicio del verano, y asegurar una distribución territorial “equitativa” de examinadores en todo el Estado, basada “exclusivamente en criterios técnicos, demográficos y de carga de trabajo, asegurando que la Comunitat Valenciana reciba el número de efectivos que le corresponde”.
Un atasco creciente en los exámenes de conducir
En este contexto, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas (AVAE), Juan Carlos Muñoz, en declaraciones a Europa Press este miércoles en Les Corts, alertó de que el “problema” de las personas a la espera de examinarse “se ha agudizado” y cifró ya en “47.000 valencianos esperando un examen de circulación”.
“Si un alumno se apuntara hoy a sacarse el carnet de conducir, necesita como mínimo un año para obtenerlo, como mínimo”, advirtió el representante del sector, que criticó que el Gobierno obtenga “más ingresos” por las tasas, “pero a costa de que el servicio no se está dando”.
En esta línea, incidió en que la DGT es un organismo autónomo “que genera cientos de millones de euros de beneficio al año”, algo que no “entiende”, porque “probablemente con cuatro o cinco millones en salarios tendrían este problema solucionado”.
También denunció que, pese a que la población ha crecido “significativamente” en la provincia de Valencia, este aumento no se ha traducido en más funcionarios de Tráfico. “Nadie me ha contestado todavía cómo puede ser que en los cuatro últimos años Valencia ha recibido nueve examinadores, se han jubilado muchos más y provincias más pequeñas como Girona han recibido 15”, aseveró.
Por último, planteó la necesidad de “asomarse al entorno europeo”, donde el sistema “o está totalmente privatizado o está mixto”. “Tendrán que arreglarlo, o públicamente dotando de personal o que busquen la ayuda de las empresas privadas”, zanjó.