La Diputación Permanente de Les Corts ha dado luz verde este jueves a cuatro decretos ley del Consell. Entre ellos figura el relativo a medidas urgentes contra la hiperregulación, la agilización de trámites y la garantía de la unidad de mercado, conocido como 'plan Simplifica 2'. Pese a su convalidación, todos los grupos han coincidido en que se tramite como proyecto de ley para poder registrar enmiendas.
Este decreto ley, segunda fase del plan de simplificación administrativa de la Generalitat, suprime o modifica 96 normas y fija el compromiso de que cada nueva regulación lleve asociada la eliminación de redundancias normativas. Incide, entre otros ámbitos, en los plazos para conceder licencias de obra para vivienda o en el reconocimiento del grado de dependencia.
Según explicó en su momento el Consell, su finalidad es “responder a la necesidad de combatir la excesiva burocracia y modernizar el funcionamiento administrativo”. Sumado al primer decreto de simplificación administrativa, el conjunto de medidas implicaría la modificación o derogación de 149 normas.
Durante el debate, Ramón Abad (PSPV) ha criticado el “oscurantismo, los pelotazos y la corrupción” de este decreto ley, “la primera norma de --el 'president' de la Generalitat Juanfran-- Pérez Llorca” que da “otra vuelta de tuerca al urbanismo destructivo” con “un megadecreto ómnibus” que ha llegado a “criticar la Abogacía de la Generalitat”. Además, ha acusado al Consell de “entornar la puerta” de Les Corts para sacarlo adelante “por la puerta de atrás”.
Por su parte, Isaura Navarro (Compromís) ha tildado la norma de “estafa, chapuza y vergüenza” y ha replicado que no es “una simplificación”, sino que el contenido es el mismo que la ley de medidas, “pero como no hay presupuestos, nos lo clavan aquí”. También ha insistido en las conclusiones del informe de la Abogacía y ha reprochado a Vox que se lo apropie mientras Santiago Abascal “dice que los decretos ley son una tiranía encubierta”.
En el lado contrario, José Mª Llanos (Vox) ha recordado que esta norma era una de las condiciones de su partido para respaldar la investidura de Llorca, por lo que ha celebrado su avance parlamentario, y ha recalcado que simplificar la Administración “es hacer política social”: “No es ideología, sino humanidad”. En la misma línea, Mª Carmen Contelles (PP) ha defendido que este decreto “no va de ideología, va de eficacia”.
El decreto ley ha quedado convalidado con el apoyo de PP y Vox y el voto en contra de PSPV y Compromís, aunque todos los grupos han coincidido en que continúe su tramitación como proyecto de ley.
Subida salarial al personal público
El segundo decreto ley, sobre retribuciones del personal del sector público autonómico, se ha convalidado con los votos favorables de PP, PSPV y Compromís, mientras que Vox ha optado por la abstención.
La norma recoge un incremento salarial del 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, con el objetivo de adaptar la regulación autonómica a la normativa básica estatal en materia retributiva del sector público.
Desde el PSPV han defendido la mejora salarial de los funcionarios por “justicia y responsabilidad institucional”, al tiempo que han denunciado la “hipocresía política” del Consell del PP por suprimir el límite al número de asesores fijado por el 'expresident' Carlos Mazón cuando, en la oposición a Ximo Puig, criticaban “del gobierno más caro de la historia”.
Compromís ha respaldado el decreto, pero ha denunciado los “impagos” de la Generalitat a trabajadores de servicios públicos, a quienes ha mostrado su apoyo en sus recientes movilizaciones. Vox, por el contrario, ha sostenido que las subidas salariales “impuestas por el Gobierno central” son “propaganda” y ha defendido que los recursos públicos deberían dirigirse solo a lo estrictamente imprescindible.
Medidas frente a la sobrepoblación de jabalí
La Diputación Permanente ha convalidado igualmente, con el apoyo de PP y Vox, el voto en contra de Compromís y la abstención del PSPV, el decreto ley de medidas urgentes para reducir las poblaciones de jabalí ante el riesgo de propagación de la peste porcina africana. PSPV y Compromís reclamaban su tramitación como proyecto de ley, pero 'populares' y Vox lo han impedido.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha explicado que el objetivo es disminuir la población de estos animales, considerados un vector de riesgo en la transmisión de la enfermedad, lo que obliga a intensificar las actuaciones de control en amplias zonas del territorio.
PSPV y Compromís han sostenido que el decreto no está “a la altura”, han expresado su “decepción” por la falta de protección a los ganaderos y han acusado al PP de “hacer política” con unas medidas que, a su juicio, son “un parche” y “no resuelve el problema”. “No valdrá absolutamente para nada”, han advertido.
En cambio, PP y Vox han defendido que el texto es “necesario, proporcional y urgente” ante un riesgo sanitario “de primer orden”, por lo que el control de la sobrepoblación de jabalí es “beneficioso”. Los de Abascal han ido más allá y se han negado a contribuir a “la demonización y la cultura de la cancelación contra la caza”: “Es una herramienta fundamental”.
Prórroga de las rebajas en el transporte público
Por último, la Diputación Permanente ha convalidado, con el respaldo de todos los grupos salvo Compromís, que se ha abstenido, la prórroga de las reducciones temporales de tarifas en determinados servicios públicos de transporte dependientes de la Generalitat hasta el 30 de junio de 2026. La coalición había solicitado su tramitación como proyecto de ley, pero el resto de formaciones lo ha rechazado.
El decreto ley mantiene la gratuidad temporal para menores de hasta 14 años, un descuento del 50 por ciento en los títulos destinados a jóvenes y una rebaja de, al menos, el 40% en abonos y títulos multiviaje. También se prolongan los títulos gratuitos para personas empadronadas en municipios afectados por la dana hasta el 31 de diciembre de 2026.
El PSPV ha denunciado la “exclusión” de los residentes en la zona D de estas ayudas, lo que implica que “los vecinos de Gandia, Moixent o Castelló tienen que pagar más por ir a València”. Asimismo, ha alertado de que una disposición final del decreto del Consell introduce “una cláusula de finalización anticipada de las tarifas”, por lo que considera que “en cualquier momento pueden eliminar las ayudas”.
Compromís ha recriminado al conseller de Infraestructuras que los jóvenes deban abonar ahora el 50% del transporte público cuando “con la izquierda era gratis”. “Sabéis quién no tiene que pagar por el transporte: Carlos Mazón”, ha añadido, en referencia a los privilegios que disfruta como 'expresident'.
Vox ha considerado que la iniciativa es “más que necesaria” ante el “abandono” del Ejecutivo central, aunque ha abogado por que la ciudadanía no tenga que “depender de una ayuda” de las administraciones. El PP, por su parte, ha reivindicado el “grandísimo esfuerzo” de la Generalitat, “y no del Gobierno de España”, pese a la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana.