El pleno de Les Corts ha ratificado este miércoles, sin ningún voto en contra, el decreto ley del Consell que modifica la norma que regula el tramo autonómico del IRPF y el resto de tributos cedidos, con el objetivo de incorporar incentivos fiscales a las transmisiones de explotaciones de ganadería extensiva y a la compra de viviendas por parte de las personas afectadas por el incendio del edificio de Campanar, en València.
La postura unánime ya se anticipó el martes, cuando los síndics de los distintos grupos avanzaron su voto en declaraciones a los medios antes del inicio de la sesión. El 'popular' Nando Pastor defendió que se trata de una medida "buena" para "ayudar a la gente a que el dinero esté en su bolsillo" y destacó la "política útil" del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
Desde Vox, José Mª Llanos recordó que las bonificaciones "para ayudar al campo" frente a "las políticas de Bruselas que atacan a nuestro sector primario" formaban parte de las reclamaciones de su partido en el "pacto de investidura" de Llorca.
Por su parte, el socialista José Muñoz indicó que el PSPV "no está a favor de las bajadas de impuestos para las rentas y clases altas", pero en esta ocasión apreció una "necesidad social" tanto en quienes han de adquirir una vivienda tras el incendio como en la economía productiva ligada a la ganadería extensiva, lo que consideró "motivos suficientes" para respaldar el texto.
También Joan Baldoví (Compromís) confirmó el apoyo de su grupo a la convalidación del decreto ley: "Estaremos a favor de todo lo que beneficia a la sociedad valenciana".
“Reducir barreras económicas” y facilitar el relevo generacional
Desde el Consell, que dio luz verde al decreto ley a finales de marzo, subrayaron que la iniciativa responde a la necesidad de "reducir barreras económicas de acceso o continuidad en la actividad, favorecer la transmisión íntegra de explotaciones y reforzar la dimensión estructural del sector ganadero extensivo que en la Comunitat Valenciana desempeña una función económica, territorial y ambiental estratégica".
Con estos incentivos, el Consell busca aliviar la carga fiscal ligada a la compra de inmuebles necesarios para la actividad ganadera, frenar la caída del número de explotaciones activas y promover el relevo generacional, en línea con la Estrategia Valenciana para el Fomento de la Ganadería Extensiva 2026-2030, que contempla además actuaciones para impulsar la calidad y el consumo de productos procedentes de este modelo.
En paralelo, la bonificación del 100% del ITPAJD para la adquisición de viviendas por las personas damnificadas por el incendio registrado en febrero de 2024 en el barrio de Campanar, según el Gobierno valenciano, "da continuidad" a las ayudas ya aprobadas y pretende facilitar el acceso a una vivienda habitual "en condiciones favorables, eliminando los costes fiscales asociados a su adquisición".
2026 será el Año Conmemorativo de Jaume I
En otro punto del orden del día, el PP ha logrado aprobar por unanimidad una proposición no de ley (PNL), tramitada por la vía de urgencia, para declarar 2026 como Año Conmemorativo de Jaume I. El síndic 'popular', Nando Pastor, calificó la iniciativa de algo "muy normal, muy sencillo, pero importante también" y reclamó al Gobierno central que se adhiera a los actos y celebraciones previstos.
El PSPV presentó varias enmiendas, finalmente rechazadas, en las que pedía que el Consell reconociera de forma explícita a Jaume I como figura histórica "clave en la configuración política, jurídica y cultural de la Comunitat Valenciana" y que se impulsaran recursos educativos, en colaboración con la comunidad docente y las universidades, "fomentando el pensamiento crítico y el conocimiento histórico", además de integrar la conmemoración en las estrategias de promoción cultural y turística con criterios de sostenibilidad, equilibrio territorial y protección del patrimonio.
Los socialistas defendían igualmente la creación de un comité científico-técnico independiente, con participación de las universidades públicas valencianas, encargado de asesorar y validar los contenidos históricos y divulgativos de las actividades; y que se invitara a diputaciones y ayuntamientos a sumarse a la efeméride con programas específicos y líneas de ayudas.
Asimismo, reclamaban que todas las iniciativas se desarrollaran "con especial atención al valenciano como vehículo de difusión cultural y al patrimonio histórico propio de la Comunitat Valenciana", y que se garantizara "la transparencia en la financiación y la ejecución de las actividades, con criterios de concurrencia pública y con mecanismos de evaluación del impacto cultural".
Otra de sus propuestas era organizar en València un acto conjunto de los antiguos territorios de la Corona de Aragón para conmemorar el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, con la participación de los gobiernos de Aragón, Cataluña, Islas Baleares y la Comunitat Valenciana.
En una enmienda adicional, el PSPV solicitaba corregir en la exposición de motivos de la PNL un error histórico, precisando que Jaume I falleció el 27 de julio de 1276 en Alzira y no en València.
Debate sobre la Cámara de Comercio de Alicante
El pleno también ha tumbado, con los votos en contra de PP y Vox, una PNL de urgencia del PSPV que reclamaba suspender de forma cautelar las subvenciones a la Cámara de Comercio de Alicante mientras su presidente, Carlos Baño, esté "afectado por una investigación judicial".
La iniciativa socialista incluía además el refuerzo de los mecanismos de transparencia y control en la gestión de fondos públicos destinados al comercio local y a las pymes.
Para el síndic del PSPV, José Muñoz, "es una obligación de todos los agentes políticos, económicos y sociales defender la institucionalidad y la limpieza de las instituciones, ya sean políticas, empresariales y sociales". A su juicio, "no es de recibo que el presidente de la Cámara de Comercio --de Alicante--, el hermano de --el 'expresident' de la Generalitat-- Carlos Mazón, quien le ha defendido desde el primer momento durante la dana, continúe al frente después de haber pasado una noche en prisión y estar siendo investigado por un presunto caso de corrupción".
Según los socialistas, esta situación "no es asumible" y, por ello, consideran "exigible" que, mientras Baño siga al frente de la institución cameral, "no se le den subvenciones públicas y que se canalicen para las empresas productivas y para las empresas medianas y pequeñas estas subvenciones de otra manera distinta".