El pleno de Les Corts ha rechazado este jueves, con los votos en contra de PP y Vox, dos proposiciones no de ley de PSPV y Compromís que planteaban mantener la calificación permanente de las viviendas de protección pública (VPP) y reforzar las inspecciones para garantizar que se destinan a residencia habitual. Ambos grupos han acusado a los socialistas de intentar aprovechar políticamente la controversia por las adjudicaciones en Alicante.
Estas PNL se han abordado semanas después de conocerse los datos sobre las adjudicaciones de VPP del residencial Les Naus, en la Playa de San Juan, un caso que está siendo investigado por un juzgado. Justo este jueves se pone en marcha la comisión de investigación en Les Corts sobre este asunto, que previsiblemente presidirá la diputada de Vox Ana Vega con el respaldo del PP.
La iniciativa del PSPV reclamaba derogar el decreto del Consell sobre VPP aprobado en 2024 y volver a la regulación de 2021 sobre el registro de demandantes y el sistema de adjudicación de las viviendas públicas de iniciativa privada. También pedía conservar la calificación permanente de las VPP de iniciativa pública y recuperar la de las de iniciativa privada; adaptar los umbrales de renta y el precio del módulo para asegurar el acceso a una vivienda digna y asequible; fijar topes a los alquileres mediante la declaración de zonas tensionadas, y reforzar las inspecciones para comprobar que las VPP se utilizan como vivienda habitual.
Por su parte, la PNL de Compromís planteaba hacer públicos los criterios de adjudicación y todos los informes relacionados; reformar la normativa vigente de VPP para garantizar el acceso preferente de las rentas bajas, la calificación permanente de estas viviendas y un mayor control; reorientar el plan Vive para priorizar la ampliación del parque público y el alquiler social "real y permanente"; exigir al PP que "asuma todas las responsabilidades derivadas de este escándalo", y que quienes hayan obtenido una vivienda de forma indebida la devuelvan.
En el debate del miércoles, el diputado del PSPV Benjamín Mompó defendió que la polémica de Les Naus "no es un caso aislado, sino la punta del iceberg" del modelo de vivienda del PP, al que responsabilizó de haber relajado los controles en 2024 mediante un decreto del Consell.
Mª José Calabuig (Compromís) reclamó revertir todas las reformas en materia de vivienda aprobadas por el actual Consell: "Ya está bien de beneficiar a todos los que tienen el carné del Partido Popular a costa de todos los valencianos". Afirmó que "la palabra corrupción se queda corta": "Es una estafa organizada a la gente que no llega a fin de mes, y eso, señorías del PP, es de ser malas personas".
Acusaciones por las adjudicaciones en Les Naus
En su intervención, la diputada de Compromís detalló una larga lista de beneficiarios vinculados al PP: "A la concejala de Urbanismo del PP, al suegro, a la excuñada, a la amiga de la funcionaria de la concejala de Hacienda, a la hermana de la secretaria, a la mujer del jefe de gabinete de la consellera de Turismo, a los dos hijos y el nieto de la directora general del Ayuntamiento de Barcala, al arquitecto municipal del PP, a la arquitecta casada con el funcionario de la Conselleria, a la hija de un alto funcionario de Urbanismo... Esta semana tenemos que sumar a los dos hijos del notario que escrituró las VPP, a cinco miembros de una misma familia vinculados al PP, a una 'influencer' y al hijo de una concejala del PP de Sant Vicent del Raspeig que alardean en redes de haber hecho una reforma con estilo neoclásico y con un enorme vestidor para quitarle el olor a pobre de las VPP".
Preguntó a los diputados del PP si consideran "normal" esta relación de adjudicatarios en Les Naus y reclamó al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ponga fin a este "descrédito institucional", aunque expresó sus dudas de que lo haga "si ni siquiera obliga a quitar el acta a Carlos Mazón, quien ya ha tenido bastante esta mañana y se ha ido a su casa a echar la siesta con su sueldo pagado por todos".
PSPV y Compromís insisten en la dimisión de Barcala
PSPV y Compromís volvieron a reclamar la dimisión del alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, por el caso de las adjudicaciones y censuraron que Vox haya pasado a respaldarle tras pedir inicialmente su salida. Para el diputado socialista, se debe a que "están más pendientes de las investiduras en otras comunidades que de hacerle oposición real al PP", mientras que la parlamentaria de Compromís sostuvo que "Vox ha salvado el cuello a Barcala" a cambio de imponer sus políticas en la ciudad. En varios momentos del debate, los diputados de ambos grupos corearon "Barcala dimisión", algo que repitieron este jueves en la sesión de control.
Frente a estas críticas, el diputado de Vox Miguel Pascual argumentó que su grupo decidió no apoyar la reprobación de Barcala "para no hacerle el juego" ni al PSPV ni a Compromís, a quienes acusó de ser "pagafantas" del Gobierno.
También reprochó a la izquierda "intentar aprovechar una crisis para sacar rédito político" después de que "unos cuantos espabilados" accedieran a las VPP de Les Naus. Acusó al PSPV de "intentar colar sus políticas fracasadas de vivienda" a través de esta PNL y a Compromís de exigir a los demás "lo que fueron incapaces de hacer en ocho años".
El PP defiende su gestión y carga contra el Botànic
La diputada del PP Candela Anglés rebatió las "lecciones" y el "show" del PSPV sobre las VPP, recordando que la venta del suelo de Les Naus y la licitación del expediente se realizaron en 2016 y 2018, con "alcaldes socialistas" en Alicante.
"Esta promoción nace con sus reglas, con su Botànic y con su gente", afirmó, y defendió que el caso se remitió a Fiscalía "inmediatamente" tras conocerse. Sostuvo además que el registro de demandantes que el PSPV quiere recuperar "era papel mojado, un formulario al que se apuntaron todos los compradores de Les Naus".
La 'popular' respondió a Compromís que las viviendas de esta promoción son "tan pisazos o no como quisieron en 2018 el alcalde socialista, Ximo Puig y Mónica Oltra", y recordó que Barcala ya reclamó que las viviendas adjudicadas de forma irregular fueran devueltas. Añadió que el Botànic elevó "de 2.000 a 3.000 euros al mes" la renta máxima para poder optar a una VPP.
Aprovechó además para instar a la coalición valencianista a exigir a su exalto cargo Xavier Navarro, exdirector del Institut Cartogràfic Valencià (ICV) entre 2015 y 2023 "con un sueldazo de 60.000 pavos", que entregue su VPP en la pedanía de La Torre de València si Fiscalía aprecia irregularidades, tras abrir una investigación a raíz de una denuncia de la Agència Valenciana Antifrau.
La réplica de Compromís llegó de la mano de otra diputada, que criticó que "el PP lleva un mes con la Conselleria paralizada para buscar y rebuscar si alguien de Compromís tiene una VPO, que no es delito", y recordó que la vivienda del exdirector del ICV se adjudicó "en la etapa de Camps y Rita" Barberá como 'president' y alcaldesa de València y "con los requisitos de Camps y Rita". "Se nota que estáis muy nerviosos", lanzó a los 'populares'.
En una nueva intervención, la diputada del PP rechazó "lecciones de moralidad" de Compromís y le afeó que no critique las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y de la Sareb que, según dijo, afectan a "gente vulnerable de verdad": "Pegáis la 'cabotà' como siempre".