El pleno de Les Corts ha descartado este jueves, con el rechazo de PP y Vox, las iniciativas de PSPV y Compromís que reclamaban crear una comisión de investigación a raíz de las informaciones sobre “indicios de prácticas de gestión que afectan a la calidad asistencial” en el Hospital del Vinalopó, en Elx (Alicante), un centro de titularidad pública gestionado por Ribera Salud, entre ellas la supuesta reutilización de catéteres de un solo uso.
En el debate celebrado el miércoles, el PP recordó que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ya detalló en el hemiciclo que una investigación interna en el hospital concluyó que “no hay pruebas” de la reutilización de este tipo de material, mientras que Vox acusó a los grupos de izquierda de intentar “establecer un relato” contra el modelo de sanidad de gestión privada.
En defensa de la propuesta, la diputada del PSPV Yaissel Sánchez reclamó que los pacientes no tengan “ni la más mínima duda de que un material sanitario no es el correspondiente cuando entran a un quirófano”. La parlamentaria socialista urgió a los ‘populares’ a ser “los primeros interesados de que se investigue hasta el final” y les avisó de que, si se oponen, “demuestran que tienen más interés en proteger a Ribera Salud que despejar cualquier sombra sobre la seguridad de los pacientes”.
Carles Esteve (Compromís) esgrimió dos razones para exigir esa comisión: “que Marciano Gómez no es creíble porque su cuñada es la directora financiera de Ribera y porque, cada día que pasa el Hospital del Vinalopó en manos de esta empresa, hay 155.000 personas que temen por su salud y necesitan saber la verdad”. Además, criticó la decisión del Consell de prorrogar cinco años más la gestión privada del centro y afirmó que “parece que los discursos del PP se los escriben los abogados de Ribera Salud”.
En respuesta, la síndica adjunta del PP, Nieves Martínez, se remitió a la comparecencia del conseller en Les Corts, cuando señaló que “es improbable la reutilización de catéteres de un solo uso” en este hospital, y defendió la existencia de “controles extraordinarios” en todos los centros “de manera periódica y ordinaria”. También recalcó que las prórrogas de la gestión privada “se hace de manera clara, pública y sujeta a la Intervención General y a la Abogacía de la Generalitat”, acusando a la izquierda de intentar “cuestionar a los funcionarios y al código deontológico” del personal sanitario.
La portavoz ‘popular’ emplazó al PSPV “a exigir en Madrid la financiación que hace falta en la sanidad pública valenciana” en lugar de utilizarla “como arma electoral”. Desde Vox, la diputada Ana Vega defendió que su grupo respalda la “máxima transparencia” en el uso de fondos públicos en sanidad, pero rechazó impulsar comisiones para “construir un juicio político paralelo con titulares que están escritos de antemano”.
“No quieren esclarecer los hechos, sino continuar con su relato de sanidad pública buena y sanidad privada mala”, reprochó a los grupos de izquierda, a los que animó a acudir a los tribunales porque se trata de “afirmaciones muy graves”.
Tampoco prospera la comisión sobre centros sociales
En paralelo, el pleno de este jueves también ha rechazado, de nuevo con los votos en contra de PP y Vox, la propuesta de Compromís para constituir una comisión de investigación sobre la atención que reciben los usuarios de la residencia y centro de día Santa Faz, en Alicante, así como de otros recursos para personas mayores, menores y personas con discapacidad en situaciones similares.
La coalición valencianista denunció el “desmantelamiento” y “colapso” de los servicios sociales desde la llegada del PP al Consell, con episodios de plagas de ratas, cucarachas y hormigas e instalaciones “deficientes” en centros de mayores, de personas con discapacidad y de menores. Además, presentó la web “senseserveissocials.compromis.net” para que las personas afectadas puedan trasladar sus quejas y comunicar estos problemas.
El PP, por su parte, rechazó el “espectáculo” de Compromís y le reclamó que exija más financiación estatal para la dependencia, ante la deuda “de más de 4.000 millones de euros” que, según denunció, mantiene el Gobierno central.